La Sala Penal ratificó 180 días de detención para el asesor argentino por el intento de femicidio de Nadia Beller, mientras el gobierno de Rodrigo Paz y la defensa del imputado difunden versiones contradictorias sobre una supuesta falta de mérito.
El aparato comunicacional del gobierno boliviano que encabeza Rodrigo Paz, en coordinación con los abogados del consultor político argentino Fernando Cerimedo, desplegó en las últimas horas una maniobra destinada a instalar en la opinión pública la idea de que la justicia del país altiplánico descartó la participación intelectual del asesor de Javier Milei en el ataque armado que sufrió su expareja, la abogada Nadia Beller. No obstante, la resolución judicial efectivamente emitida por la instancia de apelaciones contradice de manera frontal esa narrativa: la Sala Penal Primera confirmó la detención preventiva del imputado por un lapso de ciento ochenta días, mantuvo la vigencia de la imputación por feminicidio en grado de tentativa y ratificó la existencia de riesgos procesales que impiden su excarcelación .
La contradicción resulta insalvable desde cualquier lectura elemental del expediente. Si el tribunal de alzada hubiera efectivamente desestimado el vínculo de Cerimedo con la contratación de los dos sicarios que interceptaron a Beller frente al hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra el pasado 17 de agosto, la consecuencia jurídica ineludible habría sido la inmediata recuperación de la libertad ambulatoria del consultor. Sin embargo, la Sala resolvió exactamente lo contrario: los vocales consideraron que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público constituyen indicios suficientes para sostener la probabilidad de autoría, y que subsisten los peligros de fuga y de obstrucción que justifican el mantenimiento de la medida extrema .
La única variación dispuesta por los magistrados apunta a una cuestión de competencia territorial. Dado que el atentado contra Beller se perpetró en Santa Cruz de la Sierra, el tribunal estimó que la detención correspondiente a esa causa debe cumplirse en el penal de Palmasola y no en el recinto de Chonchocoro, ubicado en el departamento de La Paz, donde Cerimedo permanece alojado desde septiembre por un expediente paralelo de enriquecimiento ilícito . Ese traslado, no obstante, dista de constituir una concesión significativa: el consultor argentino acumula cuatro causas penales en su contra —tentativa de feminicidio, violencia familiar y doméstica, enriquecimiento ilícito y presunta protección de vuelos vinculados al narcotráfico—, de modo que incluso una hipotética libertad en el expediente por el ataque armado no le abriría las puertas de la prisión .
La estrategia oficialista se complementó con una operación de mayor envergadura que paralizó de facto las investigaciones subyacentes. El pasado 30 de septiembre, fuerzas policiales irrumpieron sin orden judicial alguna en las dependencias del Ministerio Público Fiscal y aprehendieron al entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, junto con tres fiscales más, un juez, un exministro y un total de catorce funcionarios judiciales. La operación, que el gobierno de Paz justificó invocando información suministrada por la agencia antidrogas estadounidense, careció de expediente tanto en Bolivia como en territorio norteamericano .
La acusación central contra Mariaca se apoya en un video grabado sin intervención judicial en febrero pasado, en el que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset afirma haber pagado al fiscal por protección. El material permaneció sin uso hasta que Mariaca vinculó a Cerimedo con el atentado contra Beller, momento en el cual la DEA y el Departamento de Estado activaron el mecanismo de desmantelamiento institucional . La maniobra legislativa complementaria —una modificación a la Ley del Ministerio Público aprobada en tiempo récord por la Asamblea Legislativa— permitió destituir a Mariaca sin condena firme y designar en su reemplazo a José Armando Urioste, quien asumió el cargo con un discurso de continuidad investigativa que los hechos posteriores se encargaron de desmentir .
La parálisis procesal derivada del golpe institucional dejó sin efecto las diligencias que apuntaban a la identificación y captura de los autores materiales del ataque. Los dos ciudadanos colombianos que dispararon contra Beller continúan prófugos, y las líneas de investigación sobre los vínculos financieros de Cerimedo con estructuras dedicadas al narcotráfico permanecen virtualmente congeladas. El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, hizo públicos audios en los que el propio Cerimedo negocia pagos de quince mil dólares por aeronave —denominadas eufemísticamente «carros» en el léxico del narcotráfico boliviano— para garantizar rutas aéreas sin interferencia estatal .
La situación carcelaria del consultor añade capas adicionales de irregularidad. Beller denunció que Cerimedo mantiene comunicación activa mediante un teléfono celular propio y una cuenta de Telegram operativa desde el interior del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, lo que le permitiría coordinar acciones y movimientos financieros pese a su reclusión formal. La Policía boliviana informó por su parte la incautación de un aparato móvil a un recluso encargado del suministro de alimentos, presuntamente destinado a Cerimedo, pero la denunciante calificó ese episodio como una operación de distracción para ocultar que el imputado ya dispone de un dispositivo en funcionamiento .
El entramado de intereses en juego excede largamente el expediente judicial. Cerimedo no es un consultor cualquiera: fundó el portal La Derecha Diario, participó en la estrategia comunicacional de Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023, fue vinculado a la investigación brasileña sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y recibió en febrero de este año el premio «Consultor Político Hispánico del Año» en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago . Su función como operador de la internacional ultraderechista en el continente explica la magnitud de la intervención estadounidense para desmantelar las fiscalías que lo investigaban y el interés del gobierno de Paz en contener el escándalo que expone la proximidad entre el consultor y el círculo presidencial boliviano .
La defensa de Cerimedo, mientras tanto, continúa anunciando nuevas presentaciones para insistir en la cesación de la detención preventiva, primero en la forma de libertad irrestricta y, subsidiariamente, mediante arresto domiciliario con autorización laboral. Los abogados del consultor reconocen implícitamente la debilidad de su posición al admitir que consideran poco probable que esas solicitudes prosperen . La campaña comunicacional, sin embargo, persistirá en instalar la versión de un Cerimedo inocente, víctima de una persecución política, mientras la Sala Penal mantiene vigente la imputación y la privación de libertad que el propio aparato oficialista intenta desmentir.
