A siete semanas de que concluya la actividad parlamentaria, el Gobierno redobla la presión sobre sus aliados para sancionar la eliminación de las PASO, el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras negocia con las provincias y enfrenta una oposición que busca forzar el debate en Diputados.
Con el reloj legislativo en cuenta regresiva y apenas siete semanas por delante antes de que finalice el período ordinario, el Poder Ejecutivo se ha trazado una meta ambiciosa: conseguir la aprobación en el Congreso no solo de la supresión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, sino también del Presupuesto 2027 y de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas que aún aguardan tratamiento. La intención es cerrar esos expedientes antes de que concluya el calendario habitual, evitando así la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias, aunque el éxito de esa empresa dependerá, en gran medida, del respaldo que logre tejer con sus socios parlamentarios.
En ese contexto, la jornada del martes adquiere una relevancia singular para el oficialismo, que comenzará a medir el apoyo real con el que cuentan los proyectos principales y el estado de las negociaciones con las provincias. A partir de la una de la tarde, volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, después de dos semanas de ausencia por diversos conflictos de agenda, con el propósito de diseñar la hoja de ruta parlamentaria. “Esta vez, en principio, no se invitó a ningún ministro, vamos a ser los de siempre. La idea es conversar sobre Soberanía Nacional, el Presupuesto y la sesión del 15. Y después surgirán, como ocurre habitualmente, algunos temas de gestión o de política”, confió a este medio uno de los integrantes de ese círculo.
La alusión remite al intento de la oposición por reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para debatir iniciativas vinculadas con la discapacidad y la morosidad, además del Decreto 70/2023, que regresó a la agenda a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal, primero, habilitó el artículo que estableció la venta ilimitada de tierras a extranjeros y, después, dictó una medida cautelar para frenarlo. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, trabaja desde hace varios días para impedir que el kirchnerismo alcance el número requerido para que la discusión llegue al recinto. Una de las maniobras que desplegó fue la de convocar otra sesión para el 21 de octubre, en la que se tratarán esos mismos temas, pero con textos elaborados por el Poder Ejecutivo o por sus aliados.
Al mismo tiempo, la cúpula libertaria empieza a poner a prueba los principios de entendimiento con los gobernadores: mientras negocian los términos para las elecciones del año próximo, les exigen que acompañen en el Congreso la eliminación de las PASO y el Presupuesto. En Balcarce 50 consideran que la primera de esas medidas debería quedar sancionada por completo antes de que termine el período ordinario, incluso por las presiones de la Cámara Electoral Nacional, que ya advirtió que necesitará tiempo para adaptar el sistema a todos los cambios que plantea la denominada reforma política.
En lo que respecta a la ley general de ingresos y gastos, las estimaciones del oficialismo indican que la propuesta obtendría dictamen antes del 7 de noviembre, previo a la llegada del papa León XIV, y se llevaría a votación el 17. De ese modo, si no surge ningún imprevisto, habría margen para que la iniciativa pase al Senado y se apruebe antes del verano. Este martes, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, concurrirá a la Cámara baja para explicar y defender el texto en el marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch. Según pudo saber este medio, el diputado oficialista tiene previsto responder el pedido de algunos bloques aliados para que el Ejecutivo precise de dónde saldrá el dinero para afrontar las partidas del proyecto de discapacidad que redactó el Ministerio de Salud. En conversaciones informales, Guberman ya les aseguró a los representantes de esos espacios que “la plata siempre estuvo”, ya que proviene del superávit con el que cuenta la administración nacional.
“Yo le cuestioné eso. Si hubiera estado todo, ¿cómo se explica el escándalo que hubo en su momento? La propia Patricia Bullrich dijo que sintió que la estaban tomando de boluda”, reprochó un legislador que no siempre vota en sintonía con La Libertad Avanza. En el círculo más íntimo de la secretaria general, Karina Milei, creen que no hubo malas intenciones ni picardías de quienes, dentro del propio Gobierno, estaban en contra de las negociaciones con los otros espacios. “Lo habíamos redactado hace tiempo, mucho antes de que comenzaran esas conversaciones, y simplemente nos olvidamos de cambiar esa parte del texto. Yo confío en que no pasó nada más que eso”, argumenta una persona de peso dentro del partido.
Además de la hermana del Presidente, Menem y Bullrich, de la mesa política participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. En el encuentro se pondrán sobre la mesa los avances en el vínculo con las provincias que viene conduciendo principalmente “El Colo”, quien esta semana podría recibir a más gobernadores en su oficina.
