La oposición redobla la apuesta en las calles y busca reunir los apoyos necesarios para sesionar, mientras el oficialismo intenta recomponer el terreno perdido en materia de tierras y surgen insólitas justificaciones desde la presidencia de la Cámara baja
Los próximos días se perfilan como un momento bisagra para la suerte del controvertido decreto de necesidad y urgencia 70/23. Luego de la conmoción política y social que desató el primer pronunciamiento del máximo tribunal sobre la normativa de tierras —una decisión que generó fuerte rechazo y que, posteriormente, intentaron relativizar con marchas y contramarchas—, el arco opositor se prepara para librar una batalla decisiva el próximo día 15, cuando se lleve a cabo una manifestación que aspira a congregar a multitudes. A ese reclamo se sumarán diversas organizaciones, entre ellas las vinculadas al ámbito universitario que ya protagonizaron una quinta movilización, los colectivos que representan a personas con discapacidad, los deudores afectados por distintos créditos y numerosos sectores sociales más.
Sin embargo, el plano legislativo presenta un panorama incierto. La convocatoria a una sesión extraordinaria aún no logra reunir la cifra necesaria de legisladores —los 129 escaños requeridos— para poder dar inicio al debate. En ese contexto, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió salir al ruedo con declaraciones que generaron sorpresa y escepticismo. Con una postura firme y sin matices, el funcionario sostuvo que derogar el DNU 70 resultaría perjudicial, y llegó a afirmar —contra toda lógica y evidencia disponible— que la eliminación de esa norma traería consecuencias negativas para los inquilinos e incluso para los usuarios de servicios de televisión satelital vinculados al empresario Elon Musk.
«Se escudan detrás del DNU 70 porque su única intención es sembrar un clima de desorden. Porque esto ya está resuelto», sentenció el presidente de la Cámara baja, refiriéndose al segundo fallo del máximo tribunal, que dispuso una medida cautelar de carácter provisional y sumamente oportuna para restablecer de manera transitoria la vigencia de la ley de tierras.
La jornada del 15 se anticipa, entonces, como un verdadero termómetro de la correlación de fuerzas. Dentro del recinto, la pulseada por alcanzar el quórum mantiene en vilo a propios y ajenos. Fuera de él, la movilización promete convertirse en un canal de expresión para un amplio espectro de demandas sociales que confluyen en un mismo reclamo: la derogación del decreto. El oficialismo, por su parte, intentará recomponer parcialmente el terreno perdido mediante la restitución de algunos artículos de la Ley de Tierras, en un intento por desactivar la embestida opositora y mostrar una cuota de flexibilidad que, hasta el momento, parece más cosmética que sustancial.
Lo cierto es que la semana estará atravesada por una tensión creciente, con una oposición que calienta la calle y busca el número mágico para poder sesionar, mientras el oficialismo ensaya argumentos cada vez más endebles para defender una norma que sigue generando rechazo en múltiples sectores de la sociedad. El desenlace de esta pulseada marcará un antes y un después en la disputa por el DNU 70/23, cuyo futuro inmediato pende de un hilo y se definirá, en gran medida, entre los pasillos del Congreso y las calles de la ciudad.
