La Casa Rosada insiste en su negativa a acatar la legislación nacional, aunque el magistrado Cormick ratificó que la medida judicial continúa vigente hasta que se expida la Cámara. La movilización federal en defensa de la educación superior se realizará igualmente el jueves 15 frente al Parlamento.
Tal como había anticipado, el Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que le imponía acatar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Esta nueva maniobra dilatoria para eludir el cumplimiento de la normativa vigente y de la voluntad ciudadana vuelve a demorar la solución de una problemática que afecta directamente a la comunidad académica, así como a entidades sociales, sindicales y políticas, las cuales marcharán el próximo jueves 15 hacia la sede del Congreso Nacional.
No obstante, el titular del juzgado, Martín Cormick, precisó que la medida cautelar que compele al Estado nacional a honrar los artículos 5 y 6 de dicha norma permanece activa hasta tanto la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal emita su veredicto sobre el asunto. Esto implica que la administración gubernamental deberá iniciar la transferencia de los recursos destinados tanto a las remuneraciones del personal como a las becas estudiantiles.
«El gobierno adoptó una determinación política de desobedecer la ley», sostuvo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. A criterio del dirigente gremial, este escrito impulsado por el Ministerio de Capital Humano «evidencia que en la Argentina las instancias recursivas parecen no tener fin cuando involucran al oficialismo de turno».
La convocatoria para la protesta federal universitaria continúa en pie y se llevará a cabo el jueves 15 en las inmediaciones del Parlamento, donde docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y diversas organizaciones sociales manifestarán su rechazo a la decisión oficial de postergar el acatamiento de la norma.
