Una multitudinaria jornada de protestas transversales, que unió a estudiantes, sindicatos y movimientos sociales, expuso el profundo malestar social contra las políticas neoliberales y dejó un saldo de más de un millar de detenidos, mientras el gobierno responde con represión y criminalización.
La escena francesa volvió a teñirse de amarillo. Este 17 de octubre, el movimiento de los chalecos amarillos convocó una jornada de manifestaciones que quedará inscripta en la memoria colectiva del país como un nuevo capítulo de rebeldía popular, comparable en su magnitud simbólica al mítico mayo del 68. La incógnita que sobrevuela es si esta explosión ciudadana representa el comienzo de un desafío sostenido capaz de doblegar a un gobierno debilitado, a escasos seis meses de que concluya el mandato presidencial de Emmanuel Macron, o si, por el contrario, terminará por perder impulso y diluirse con el correr de las semanas. Los chalecos amarillos, un fenómeno social de carácter transversal y carente de conducción política formal, se habían hecho célebres entre 2018 y 2019 por haber puesto contra las cuerdas al primer gobierno macronista mediante movilizaciones que conmovieron a toda Francia con reclamos centrados en el encarecimiento del costo de vida y la exigencia de mecanismos de democracia directa.
Un reclamo que se repite y se amplifica
La convocatoria de esta oportunidad respondió, en esencia, a los mismos motivos que dieron origen al movimiento seis años atrás: el alza desmedida de los precios de los combustibles, la inflación galopante y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios. A la convocatoria original se sumaron estudiantes de nivel secundario y universitario, organizaciones sindicales, el partido La Francia Insumisa y diversas agrupaciones sociales y políticas de izquierda, configurando un frente amplio que el gobierno observó con evidente preocupación.
Los estudiantes secundarios, que sostienen un estado de movilización permanente desde el 18 de septiembre, aportaron sus propias demandas a la jornada: exigen la incorporación de más docentes y la cobertura de las ausencias, el mantenimiento adecuado de los edificios escolares, la provisión de materiales pedagógicos idóneos y la eliminación del sistema Parcoursup, una plataforma digital creada por el gobierno de Macron que, según los jóvenes, filtra el acceso a la educación superior de manera opaca y arbitraria.
Una jornada de contrastes
Las manifestaciones dejaron imágenes de una diversidad llamativa. Por un lado, se vieron jóvenes bailando en ronda como niños en un jardín de infantes, orquestas callejeras interpretando Bella Ciao o La Internacional, y auténticos ríos humanos, integrados mayoritariamente por jóvenes, que avanzaban con alegría y en paz por las calles de las grandes urbes como París, Toulouse, Lyon, Estrasburgo y Marsella, además de numerosas localidades rurales. Todo el territorio francés fue escenario de miles de marchas y concentraciones en un clima cordial y festivo. Sin embargo, también hubo episodios de violencia que acapararon la atención de los medios de comunicación y contribuyeron a instalar una percepción distorsionada de que la violencia fue el factor predominante de la jornada. Las imágenes que dominaron la cobertura mediática fueron las de desbordes, saqueos y actos de vandalismo: sedes municipales atacadas en Marsella, Lille y Limoges —donde parte del edificio comunal fue incendiado—, una oficina de turismo incinerada en la céntrica plaza Bellecour de Lyon, comercios saqueados en diversas ciudades y disturbios en la plaza de la República de París, escena esta última que se desarrolló ante la pasividad de las fuerzas policiales. También se registraron varios automóviles incendiados en las calles parisinas. El alcalde de derecha de Limoges, Guillaume Guerin, sostuvo que los atacantes conformaban grupos organizados cuyo único objetivo era destruir e incendiar el edificio público.
El gobierno apuesta a la mano dura
En la preparación para enfrentar la jornada, el gobierno de Sébastien Lecornu conformó una célula interministerial de crisis y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, autorizó la reincorporación de granadas aturdidoras, cuyo uso había sido suspendido a las fuerzas del orden tras la explosión que le costó la mano a un adolescente de quince años durante la represión de una manifestación estudiantil el 5 de octubre. La decisión gubernamental anticipaba el tono de la respuesta.
El balance de la jornada ofrece un panorama elocuente sobre una década de macronismo en Francia. Si algo queda claro respecto del legado del presidente es que una porción significativa de la ciudadanía lo rechaza abiertamente. La actual rebelión contra las políticas neoliberales —que, entre otras consecuencias, ha derivado en la eliminación de más de diez mil puestos docentes desde 2017, algo que los estudiantes reclaman revertir— se suma al agravamiento de la inflación, acentuada desde el inicio del conflicto impulsado por Estados Unidos e Israel contra Irán debido al vertiginoso encarecimiento de los combustibles, aunque ya había registrado un fuerte aumento en Francia en 2022 con el comienzo de la guerra en Ucrania.
La convergencia temida
La confluencia de las luchas de estudiantes secundarios y universitarios, empleados públicos, sindicalistas y movimientos sociales como el de los chalecos amarillos —precisamente la convergencia que el gobierno tanto temía— se concretó este 17 de octubre. Entre seiscientos y ochocientos mil franceses salieron a las calles para expresar su repudio a las políticas neoliberales. Pese al clima de rebelión social, el Ejecutivo parece no haber tomado debida nota y continúa impulsando un presupuesto que se debate en la Asamblea Nacional y que contempla nuevos recortes por cincuenta y cuatro mil millones de dólares.
El primer ministro Lecornu anunció, pasadas las 23:30 del sábado mientras recorría la plaza de la República parisina entrevistando a los policías a cargo del operativo, que se habían registrado mil doscientos detenidos y habló de «perfiles particularmente violentos y peligrosos». Asimismo, recordó su propuesta legal de «rompe paga» para sancionar económicamente a los responsables de daños en el mobiliario urbano y advirtió que era «el momento de elegir el campo, sea con los violentos o sea con los que defienden la república». Lecornu denunció que en esta ocasión «el modo de operación es diferente al precedente» y alertó que «estamos frente a hombres determinados, profesionales, es la ultraizquierda que tiene detrás un proyecto político». El primer ministro volvió a arremeter contra el movimiento de izquierda La Francia Insumisa, tal como lo hiciera en otras oportunidades recientes, y afirmó que había sectores de esa fuerza «que estaban en la nebulosa de la ultraizquierda». La lectura que se desprende de sus declaraciones es que el gobierno busca criminalizar a los manifestantes e incluso a la propia fuerza política de izquierda. Resulta significativo que Lecornu no haya hecho mención alguna a los reclamos que motivaron la jornada, lo que permite inferir que la respuesta oficial se concentrará en la represión y en la demonización de quienes protestan.
La voz de la izquierda y la lucha obrera
La candidata a presidenta por Lucha Obrera, Nathalie Arthaud, afirmó en la víspera de la manifestación que «los mayores vándalos están en el gobierno». Fundamentó su acusación señalando que el Ejecutivo está «en tren de romper las jubilaciones, el poder adquisitivo del salario, y hay cada vez más trabajadores que tienen problemas para encontrar vivienda». Según Arthaud, estas situaciones generan las condiciones para «la revuelta legítima» y para la violencia que pueda registrarse en las movilizaciones, ya que «no es nada frente a la violencia de encontrarse sin dinero para llenar la heladera o tener que dormir debajo de un puente. La revuelta es necesaria», sentenció.
Durante la jornada se pudo escuchar a manifestantes llamando a una huelga general, como lo hicieron un grupo de estudiantes de enfermería que dijeron participar para asistir a las víctimas de la represión policial en Burdeos. Los jóvenes deploraron las condiciones laborales de los enfermeros y la remuneración miserable a la que se condena a estos profesionales de la salud.
El camino continúa
En el corto plazo, el plan de lucha contra las políticas gubernamentales proseguirá el jueves 5 de noviembre. La intersindical, un frente que reúne a importantes sindicatos y centrales obreras, convoca a movilizarse «por los salarios, los servicios públicos, el empleo y la industria». Tras la exitosa movilización del 29 de septiembre, los sindicalistas enumeran como primera causa de esta nueva convocatoria que «combustibles, alimentos, alquileres, gas, electricidad… todo aumenta salvo los salarios y las pensiones», y advierten que «el país está al borde de la recesión». La rebelión, lejos de apagarse, parece encontrar nuevos cauces para expresarse.
