La administración de Donald Trump pidió terminar con el mandato del organismo que desde 1965 insta a Argentina y Reino Unido a negociar por la soberanía de las islas. La iniciativa se conoce cuando el Gobierno de Javier Milei intensifica su estrategia diplomática y judicial por el archipiélago y mientras empresas estadounidenses expresan reparos por la ley de soberanía que impulsa el Ejecutivo.
En un contexto de creciente tensión diplomática por la cuestión Malvinas, el gobierno de Estados Unidos, principal socio internacional de la Casa Rosada, planteó la disolución del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el ámbito que año tras año, desde la resolución 20 de 1965, exhorta a la Argentina y al Reino Unido a sentarse a dialogar para hallar una salida a la disputa por la soberanía del archipiélago. La propuesta fue formulada por la representante norteamericana durante una reunión del organismo con sede en Nueva York y quedó plasmada en una resolución difundida el 15 de octubre, en la que se solicita la finalización del mandato de esa comisión y se califican algunas de sus actividades como un derroche de recursos.
Según el texto, la delegada estadounidense sostuvo al inicio del encuentro que el Comité Especial de Descolonización dejó de cumplir su propósito original. Argumentó que, si bien más de ochenta antiguas colonias se incorporaron a la ONU como Estados miembros, el organismo continúa operando como si nada hubiera cambiado y revisa los mismos documentos cada año. A ello sumó que los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y del Pacífico Sur representan una pérdida de tiempo y de recursos para las Naciones Unidas. La resolución no hizo referencia alguna a las Malvinas.
El Comité Especial de Descolonización, conocido también como C-24, es un órgano subsidiario de la Asamblea General creado en 1961 para supervisar e impulsar el fin del colonialismo. En ese foro la Argentina presenta cada año su reclamo a Gran Bretaña para retomar las negociaciones. El Reino Unido administra diez de los diecisiete territorios no autónomos que los veintinueve Estados miembros del C-24 tratan en sus encuentros, entre ellos las islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con la resolución GA/SPD/841, la representante del gobierno de Donald Trump observó que en 1953 la Asamblea General eliminó a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos, pero que el Comité Especial celebra audiencias cada año sobre la isla, un Estado Libre Asociado. Afirmó que los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos en campañas políticas y, sobre esa base, pidió el fin del mandato del organismo.
La iniciativa estadounidense, que solo podría ser adoptada por la Asamblea General, aparece en un momento de máxima fricción entre la Argentina y el Reino Unido. El Ejecutivo argentino presentó ante el Tribunal del Mar de Hamburgo una solicitud formal de medidas para intentar frenar el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Malvinas, y la respuesta británica fue dura e incluyó un aval explícito a las tareas de esas mismas empresas. En paralelo, compañías de origen estadounidense hicieron llegar al Gobierno su preocupación por los alcances de la Ley de Soberanía enviada al Congreso, que contempla una serie de sanciones para las firmas que brinden algún tipo de prestación vinculada a la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas. Las empresas plantearon sus inquietudes por la laxitud de la redacción de los artículos que establecen las acciones pasibles de sanción y reclamaron que la norma sea más restrictiva al momento de definir qué compañías podrían ser punibles.
En junio pasado, durante la reunión anual del Comité Especial, el canciller Pablo Quirno denunció la militarización y la explotación unilateral de los recursos naturales de las Malvinas por parte del Reino Unido, y renovó el llamado a las autoridades británicas para retomar el diálogo directo por la soberanía de las islas. En su última presentación ante la Asamblea General de la ONU, Javier Milei hizo una encendida defensa del reclamo argentino, con duras críticas al organismo, al que acusó de inútil y de haber decidido mirar hacia otro lado con la causa de las islas. En esa oportunidad llamó una vez más al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica y a debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa.
El Gobierno, que mantiene un contacto fluido con la administración republicana, avanzó en su estrategia sobre Malvinas en parte impulsado por distintas declaraciones públicas de Trump, entre ellas la de evaluar una revisión de la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago, e incluso la de ofrecerse como eventual mediador. Sin embargo, desde el encuentro cara a cara que el presidente norteamericano mantuvo en Nueva York con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el que dialogaron sobre las Malvinas, no hubo nuevos pronunciamientos del magnate al respecto.
El mes pasado Milei conversó en persona en Nueva York con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el viernes mantuvo un diálogo telefónico en el que ambos reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y la Argentina. No trascendió si abordaron la situación de las Malvinas y la estrategia del Gobierno. La conversación se produjo en la antesala de la llegada a Buenos Aires del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, para promover una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana. Bajo el mandato de Trump, Washington impulsa una estrategia de recortes financieros y de personal en la ONU, utilizando su peso como principal contribuyente para forzar una reforma radical de la institución, en momentos en que está abierto el proceso de elección para suceder al actual secretario general, el portugués António Guterres.
