Un relevamiento de la consultora Zentrix revela que el 72% de los menores de 40 años se queda sin liquidez antes de la tercera semana del mes, mientras el endeudamiento dejó de financiar consumo para convertirse en una herramienta de supervivencia cotidiana
La economía doméstica argentina atraviesa un escenario de asfixia presupuestaria que se profundiza mes a mes. Según el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix correspondiente a septiembre, dos tercios de la población nacional no logran estirar sus recursos más allá del día 20 de cada mes, y apenas un tercio de los encuestados afirma contar con liquidez suficiente para cerrar el período sin sobresaltos. El dato resulta aún más alarmante entre los jóvenes: el 72% de los menores de 40 años se queda sin fondos antes de esa fecha y solo un 3% consigue apartar algún ahorro. En los sectores de menores ingresos, la proporción de hogares que agota sus recursos antes del día 20 trepa al 83,3%, con un ahorro prácticamente inexistente que roza el 0,9%.
El informe describe un entramado de políticas de ajuste que combina incrementos tarifarios con salarios y haberes jubilatorios congelados, despidos que conviven con el avance de la informalidad y el monotributo, una inflación sostenida acompañada de costos elevados en moneda extranjera y un proceso de desindustrialización que se solapa con la apertura importadora. Ese cóctel empieza a reflejarse en cifras cada vez más crudas, que contrastan con el relato oficial. En ese sentido, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo recientemente ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que existen personas que prefieren el monotributo a la relación de dependencia para gozar de la libertad de trabajar por cuenta propia, y afirmó sin sonrojarse que los sueldos rondan los 1.500 dólares y que, medidos en esa moneda, aumentaron un 200% respecto de 2023. La comparación con la realidad desmiente esas declaraciones: con un salario promedio de 2023 era posible adquirir entre 120 y 150 kilos de carne vacuna por mes o cargar 33 tanques de nafta de 50 litros, mientras que en la actualidad el mismo ingreso alcanza para entre 80 y 110 kilos de carne y apenas entre 16 y 23 tanques de combustible.
Esa pérdida de poder adquisitivo que el Ejecutivo niega se traduce en que solo el 34% de los consultados llega a fin de mes con dinero disponible y un exiguo 9,8% declara capacidad de ahorro. En este contexto, el crédito privado abandonó su función tradicional como dinamizador de la inversión o del consumo discrecional para convertirse en un mecanismo de extensión del ingreso destinado a financiar gastos corrientes. Durante los últimos seis meses, el 56,2% de la población recurrió al financiamiento, y al analizar el destino de esos fondos el estudio precisa que el 55,1% de los endeudados lo utilizó para cubrir necesidades básicas como la compra de alimentos y la atención de la salud, mientras que el 21,3% lo destinó al pago de tarifas de servicios públicos y solo el 11,8% se endeudó para adquirir bienes durables.
La apertura socioeconómica del relevamiento expone dos comportamientos financieros contrapuestos. En la clase baja, el 59,6% de los encuestados agota sus recursos antes del día 15 y el 83,3% no llega al día 20, en un marco donde el ahorro resulta casi inexistente. La toma de deuda alcanzó al 68,1% de los hogares de ese segmento y el 65,5% de ellos aplicó el dinero a la cobertura de gastos esenciales, de modo que la financiación opera como un instrumento indispensable de supervivencia pero sin margen para absorber el pago de cuotas futuras. En la clase alta, en cambio, solo el 20% se queda sin fondos antes de finalizar el mes y el 61,9% reporta capacidad de ahorro; el endeudamiento afecta al 36,5% de ese grupo y, a diferencia de los sectores de menores ingresos, el 63,4% de esos créditos se orientó a la adquisición de bienes durables. El informe concluye así que conviven dos tipos de deuda con objetivos diferenciados: una decisión de consumo en los sectores de mayores ingresos frente a una necesidad estricta de subsistencia en los estratos vulnerables.
La clase media marca el punto de inflexión del fenómeno. El 51,4% de las familias de ese segmento se queda sin ingresos antes del cierre mensual, el 47,1% debió endeudarse y un 45,6% lo hizo para afrontar gastos básicos. Allí se registra el porcentaje más alto de endeudamiento aplicado a la cancelación de tarifas y servicios públicos, que alcanza al 29% de los hogares frente al 18,2% de la clase baja y al 4,7% de la alta, lo que sugiere que el costo de los servicios pesa proporcionalmente más en los hogares de ingresos medios y los impulsa al crédito para evitar la mora en sus facturas de luz, gas o agua. En términos generales, casi cuatro de cada diez hogares no logran superar la primera quincena y recurren al crédito que, como la utopía, cuando más cerca, se aleja.
El informe de Zentrix destaca además que el recurso recurrente al crédito genera un circuito de retroalimentación financiera: un endeudamiento utilizado para cubrir las últimas semanas del mes debe ser cancelado con los ingresos del mes siguiente, los cuales a su vez resultan insuficientes y se agotan con mayor rapidez. Esa dinámica convierte a la morosidad en un riesgo concreto, y desde marzo la proporción de encuestados que sostiene que sus ingresos pierden frente a la inflación no bajó del 81%, alcanzando un máximo del 87,4% en julio. El estudio analiza también la brecha entre la evaluación de la economía personal y la del país: el 39,3% califica como mala o muy mala su situación personal, mientras que la evaluación negativa sobre la situación económica nacional asciende al 61,5%, configurando una distancia de 22 puntos porcentuales. Al desglosar por clase social, la visión crítica sobre la economía alcanza al 42,9% en la clase alta, al 56,5% en la clase media y al 70,7% en la clase baja. La mayor proporción de hogares que agota sus ingresos de forma prematura respecto de quienes evalúan negativamente su economía personal sugiere que el ajuste es absorbido en parte por la reducción del consumo y la apelación al crédito.
El segmento de menores de 40 años, que fue central para el triunfo electoral que llevó a Milei a la Casa Rosada, aparece como uno de los más golpeados por el manual libertario: el 72% se queda sin liquidez antes del día 20, apenas un 3% logra ahorrar y el 60,9% debió contraer deudas en el semestre reciente. Al no contar con fondos de reserva, cualquier erogación imprevista se traslada al endeudamiento, y este grupo etario registra asimismo la visión más crítica sobre el rumbo del país, con un 69,1% de evaluaciones negativas sobre la economía general.
Frente a este escenario de tensión presupuestaria y riesgo de morosidad, el 67% de la población demanda algún tipo de regulación estatal sobre el mercado de crédito. Dentro de ese grupo, el 36,1% sostiene que la mora es un problema social que requiere la intervención del Estado, el 30,9% considera que el Estado debe intervenir aun tratándose de contratos entre privados y un 29,1% opina que la autoridad pública no debe participar. Respecto de las herramientas preferidas para esa mediación, la mayoría rechaza las condonaciones masivas y se inclina por el establecimiento de reglas claras: el 61,3% exige regular las condiciones de otorgamiento de los préstamos, la transparencia de las tasas y la adecuación de los plazos a los calendarios de cobro, el 23,6% se manifiesta a favor de esquemas de refinanciación a través del Banco Central y únicamente el 7,5% apoya la condonación de deudas por vía legislativa.
Los datos confirman que entre las principales preocupaciones sociales está el nivel de los ingresos, que no alcanzan a cubrir los gastos corrientes del mes en la mayoría de los hogares. El endeudamiento opera como un sostén para esos consumos básicos y traslada el problema al sistema financiero, mientras el gobierno mira otra peli.
