El Departamento de Estado ultima una cumbre en Alemania para noviembre, con la mira puesta en movimientos de izquierda. La administración de Javier Milei se involucra de lleno en la iniciativa, mientras organizaciones sociales y legisladores denuncian el uso discrecional de mecanismos administrativos para castigar la protesta social.
El Departamento de Estado estadounidense se encuentra abocado a la organización de una nueva cumbre internacional que tendrá como eje central el debate sobre cómo perseguir a los movimientos de izquierda que ese organismo califica como terroristas. Voceros de la cartera que conduce Marco Rubio confirmaron la realización del encuentro, previsto para el próximo mes de noviembre en Alemania, en respuesta a una consulta formulada por este diario. La cumbre será coorganizada por Washington y Berlín, aunque las fuentes consultadas no precisaron la fecha exacta, y se especula con que podría concretarse después de las elecciones de medio término estadounidenses del 3 de noviembre, comicios que representan una prueba de fuego para Donald Trump.
La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que el gobierno argentino viene desplegando en sintonía con la administración republicana. En su primera edición, celebrada en Washington el 16 de julio pasado, el secretario de Estado encabezó una conferencia sobre el resurgimiento del terrorismo político que contó con la participación de enviados de más de sesenta países. En aquella oportunidad, Rubio describió el encuentro como la conformación de una coalición contra la izquierda y comparó su cruzada con la coordinación que funcionó en la década del setenta, poniendo como ejemplo de organizaciones a Montoneros y Tupamaros. El funcionario sostuvo que la base del éxito de esta nueva empresa sería una vieja receta: el trabajo mancomunado de las fuerzas de seguridad y el intercambio de inteligencia, lo que remite directamente a lo que ya existió en el Plan Cóndor.
En aquel cónclave de julio, la Argentina tuvo un rol protagónico a través de los emisarios enviados por Javier Milei: su canciller, Pablo Quirno, y el número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado, José Lago Rodríguez. Según trascendió, el titular del Palacio San Martín fue uno de los oradores, aunque no dio a publicidad el contenido de su discurso a pesar del pedido expreso formulado por el diputado nacional Agustín Rossi, quien fundamentó su solicitud en que la información estaba amparada por el secreto. Rossi advirtió que no todos los países siguen esa lógica, y citó el caso de la canciller de Georgia, Maka Botchorishvili, quien publicó su intervención en la que agradece a Rubio por colocar el asunto del terrorismo en la cima de la agenda internacional.
La Secretaría de Inteligencia de Estado respondió al Frente de Izquierda y de Trabajadores, espacio que tiene como referente a Myriam Bregman, que toda la información relativa a la cumbre estaba alcanzada por la clasificación de seguridad y que su difusión podría comprometer al Sistema de Inteligencia Nacional. Según Cristian Auguadra, la única información de carácter público era la que distribuía el propio Departamento de Estado. En tanto, la semana pasada trascendió que el gobierno alemán había respondido a un pedido de informes formulado por Die Linke sobre la coordinación antiterrorista con Estados Unidos, donde las autoridades señalaban que se estaba trabajando en un encuentro que se realizaría en otoño, es decir, antes del 21 de diciembre, en territorio germano.
Milei pasó los últimos días en Estados Unidos y, mientras las fuerzas de seguridad reprimían la marcha en la que se reclamaba el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, el mandatario encabezó un acto en la embajada argentina en Washington donde habló de una alianza entre la izquierda radical y el terrorismo islamita. Al día siguiente, en los tribunales de Comodoro Py aparecieron alrededor de quince denuncias del Departamento de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina. En un juzgado explicaron que se trataba de presentaciones que suelen realizarse en base a relevamientos que efectúa el Buró Federal de Investigaciones en redes sociales, y según fuentes judiciales, no estarían vinculadas a actividades de ciberpatrullaje por la marcha.
El vínculo entre el FBI y el gobierno argentino es estrecho. La versión oficial indica que el Centro Nacional Antiterrorismo se creó en coordinación con esa agencia estadounidense y es el primero de su tipo en la región. El 7 de octubre, el FBI compartió en sus redes sociales la existencia de una delegación argentina que llevaba adelante un intercambio estratégico sobre contraterrorismo, y una publicación anterior de la agencia en Miami especificaba que la comitiva estaba integrada por diez funcionarios del Ministerio de Seguridad, la SIDE, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. El viernes, la Oficina del Presidente informó acerca de una comunicación telefónica entre Rubio y Milei en la que supuestamente se abordaron temas vinculados a la promoción de la seguridad compartida en todo el hemisferio. Tras esa conversación se supo que dos enviados del Departamento de Estado estarán entre el 19 y el 26 de octubre en Buenos Aires: Christopher Landau, número dos de Rubio, y Juan Pablo Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Cada tanto, el Presidente resucita la agenda antiterrorista. Semanas atrás afirmó en una entrevista que había echado del país a treinta mil terroristas, una aseveración que no encuentra sustento en ningún dato disponible. Es posible que el mandatario haya asociado, como suele hacer el propio Trump para justificar deportaciones masivas, personas que migran con graves delitos con actos de naturaleza terrorista. A fines de agosto, cuando los jefes de la SIDE debieron comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Lago Rodríguez admitió que no manejaban una hipótesis sobre extremismo de izquierda, como la que impulsa Rubio en Estados Unidos y que Milei saca a relucir cada tanto en sus declaraciones públicas.
Un relevamiento al cual accedió este diario mostraba que la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, que depende de la Procuración General de la Nación, sostenía que hay noventa y dos causas abiertas por tipos penales compatibles con estos casos. Existen fiscales, como Carlos Stornelli, que no esconden su alineamiento con la prédica oficial y emplean algunos de esos tipos penales contra quienes salen a protestar contra el Gobierno, como sucedió con los detenidos por manifestarse contra la Ley Bases o contra la reforma laboral.
El Gobierno introdujo un capítulo vinculado al terrorismo en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que utilizó la causa Malvinas como caballo de Troya para promover una reforma integral del sistema de inteligencia, defensa y seguridad interior. De aprobarse, se creará por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, que funciona desde el gobierno de Mauricio Macri. Para que una persona o una entidad pase a integrar ese registro no es necesaria una condena penal; basta con una sospecha razonable. De esa forma, quienes son acusados por el Ejecutivo de estar vinculados al terrorismo pueden ser afectados de distintos modos: se inmovilizan sus bienes, se les prohíbe contratar con el Estado o recibir subsidios. En un documento que distribuyó esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que se trata de una forma de castigo administrativo.
Hace un año, el Gobierno incluyó a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en ese registro. Las mujeres sufrieron múltiples afectaciones: se congelaron sus billeteras virtuales, se cancelaron las Asignaciones Universales por Hijo y se cayeron pensiones por discapacidad. Meses atrás, relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre la forma arbitraria en la que se maneja el registro, y nada de esto parece corregirse con el proyecto oficial. El principal cambio es que pasará a depender directamente de la Unidad de Información Financiera, que es la que tiene contacto directo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que históricamente reclamó la adopción de la legislación antiterrorista que ahora tan bien le sienta a la administración de La Libertad Avanza.
