La nueva iniciativa oficial, publicada en el Boletín Oficial, ofrece gratificaciones extraordinarias a quienes dejen sus cargos, pero condiciona el cobro a la renuncia de juicios y afiliaciones gremiales. Los sindicatos estatales hablan de intimidación y convocan a una movilización frente a la Quinta de Olivos.
El Poder Ejecutivo nacional puso en marcha un nuevo mecanismo de retiros voluntarios con el propósito de seguir recortando la dotación de personal de la administración pública. La medida, que ya acumula más de 72 mil puestos suprimidos desde el inicio de la gestión libertaria, apunta ahora a reducir otras 20 mil plazas. La decisión quedó formalizada mediante un decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial, con las rúbricas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además será la autoridad encargada de aplicar el programa.
La norma contempla que los trabajadores que soliciten acogerse al beneficio percibirán una gratificación extraordinaria que se sumará a la liquidación final correspondiente al cese laboral. El monto se calculará en función del salario, la trayectoria y los aportes previsionales del solicitante, y podrá abonarse en un único pago con un tope máximo o bien en cuotas mensuales hasta alcanzar la edad jubilatoria. En el caso de quienes no reúnan los aportes necesarios para jubilarse, la propuesta oficial prevé el cobro mensual del sesenta por ciento del sueldo durante un lapso máximo de tres años. No obstante, el cálculo presenta una particularidad que perjudica a los estatales: no se tomará en cuenta la antigüedad real en el puesto, sino únicamente los años acumulados dentro de la planta permanente. Dado que la precarización laboral en el sector público fue moneda corriente durante las últimas décadas, la mayoría de los empleados registra menos tiempo en planta que el efectivamente trabajado.
El decreto también impone una serie de restricciones severas para quienes accedan al retiro. Quienes lo soliciten no podrán reincorporarse a la Administración Pública Nacional por un plazo de ocho años, y los cargos que ocupaban serán suprimidos de manera definitiva, una medida que Sturzenegger anticipó y que el texto legal confirma. Esta decisión resulta especialmente drástica y solo puede explicarse por la voluntad de cumplir con la promesa presidencial de reducir el tamaño del Estado. El universo alcanzado por la iniciativa abarca al personal de planta permanente y a quienes tienen contratos por tiempo indeterminado, aunque deja afuera a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales, la Secretaría de Inteligencia, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, las orquestas y ballets nacionales y quienes prestan servicios en el exterior. Tampoco podrán adherirse los trabajadores que hayan sido declarados en disponibilidad, una herramienta que el gobierno utilizó de forma masiva para despedir tras la disolución de ministerios, secretarías y dependencias, o luego del abandono de políticas públicas.
Asimismo, la normativa establece condiciones adicionales que generan controversia. Los empleados que hayan iniciado demandas contra el Estado o reclamos administrativos deberán desistir de esas acciones si pretenden acceder al retiro, mientras que los delegados gremiales estarán obligados a renunciar a sus funciones sindicales. La inscripción permanecerá abierta durante todo noviembre, con posibilidad de extenderse treinta días más.
Un beneficio bajo sospecha
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de plano la versión oficial que presenta a los retiros como una oportunidad y recordó cómo terminaron experiencias similares durante el menemismo y el gobierno de Fernando de la Rúa. Según el gremio, quienes aceptaron aquellas propuestas «terminaron haciendo cola en el trueque». La entidad denunció además que los empleados públicos están siendo hostigados por la gestión libertaria para que presenten su renuncia, y convocó a una marcha para el miércoles a las 17 horas frente a la Quinta de Olivos bajo la consigna «No se aguanta más».
Un caso testigo de estas denuncias es el del Ministerio de Capital Humano, donde la ministra Sandra Pettovello eliminó los principales programas de asistencia social y despidió a más de 3600 empleados estatales. Para lograrlo implementó oleadas de cesantías que comenzaron con la no renovación de contratos, afectando incluso a personas con más de veinte años de servicio que seguían bajo modalidad temporal, y continuaron con un pase masivo a disponibilidad de quienes integraban la planta permanente. Este proceso estuvo acompañado por la licuación de los salarios y la quita de tareas. El mes pasado, los trabajadores que participaron de protestas y reclamos sufrieron descuentos de hasta el sesenta por ciento en sus ingresos, ya que les retiraron sumas de compensación que formaban parte de su remuneración habitual y que gobiernos anteriores habían otorgado para mejorar los sueldos más bajos. Al mismo tiempo, Pettovello mantiene paralizada la carrera administrativa.
Los delegados de ATE en Desarrollo Social revelaron que en su organismo el hostigamiento, el ninguneo y la persecución son prácticas permanentes, con el objetivo de mantener a los trabajadores callados y disciplinados. Este lunes, junto a los empleados del área, realizaron una olla popular en la plazoleta de Belgrano y Lima, frente a la histórica sede del ministerio. Allí no solo se refirieron a la situación laboral, sino también a la destrucción de las políticas públicas que asistían a los sectores más pobres. El caso emblemático es el de los comedores populares: mientras que a la red de comedores de las organizaciones sociales dejaron de enviarle alimentos, los pocos que siguieron recibiendo subsidios deben cocinar con la ínfima suma de 763 pesos por plato de comida.
Los retiros voluntarios en el Estado argentino no constituyen una novedad. Raúl Alfonsín los ofreció casi sin conseguir adhesiones, ya que la inflación licuaba las indemnizaciones, y De la Rúa tampoco tuvo éxito porque la desocupación galopante de fines de los noventa disuadía a los interesados. Carlos Menem, en cambio, logró implementarlos de manera masiva en el marco de las privatizaciones de las empresas públicas y con la estabilidad que brindaba la convertibilidad. Decenas de miles de estatales se adhirieron al régimen y la mayoría utilizó el dinero para autoemplearse, abriendo parripollos, maxikioscos o remiserías. Convencidos de salvarse como cuentapropistas, la ilusión les duró poco: pronto sería barrida por la recesión económica.
