Una protesta por una sanción considerada arbitraria terminó con tres dirigentes gremiales detenidos, la interrupción completa del servicio y un comunicado conjunto de las centrales obreras que responsabilizó al gobierno porteño por la escalada del conflicto
La jornada del martes comenzó con una medida de fuerza que no afectaba la circulación de los trenes: un grupo de trabajadores del subterráneo abrió los molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas para visibilizar su rechazo a una sanción calificada como desmedida contra un empleado de la Línea B y a la incorporación de una firma tercerizada para cumplir tareas que ya realizan los propios operarios. Lo que siguió fue una secuencia vertiginosa que derivó en la aprehensión de Facundo Heredia, Claudio Dellecarbonara y Néstor Segovia, secretario general del gremio, y en la paralización absoluta del servicio hasta que los tres recuperaron la libertad.
El operativo policial se desencadenó con celeridad tras la denuncia formulada por el gobierno de la ciudad. Los efectivos se presentaron en la estación y, según relataron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, redujeron primero a Heredia; cuando Dellecarbonara intentó interceder para protegerlo, se lanzaron sobre él y, entre empujones y forcejeos, una decena de agentes los derribó y esposó. Segovia arribó al lugar cuando los trasladaban y también fue detenido, bajo la acusación de haber agredido a un uniformado. La versión oficial se resumió en una frase atribuida al Ejecutivo porteño: quien bloquea un servicio esencial va preso.
La reacción de las organizaciones sindicales fue inmediata y contundente. La CGT emitió un pronunciamiento titulado «Basta de trabajadores detenidos por protestar», en el que advirtió que apresar a delegados por ejercer la representación de sus compañeros constituye un hecho de extrema gravedad que no puede naturalizarse en una democracia, y responsabilizó tanto a la empresa concesionaria como al gobierno de la ciudad por la profundización del conflicto y sus consecuencias. Por su parte, la CTA Autónoma, conducida por Hugo Godoy, repudió el ejercicio de criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad.
El gesto más significativo fue la reunión en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, donde, junto a Segovia ya liberado, se congregaron el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo; el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y otros referentes gremiales. Segovia calificó las detenciones como de extrema gravedad; Schmid llamó a fortalecer la unidad del movimiento obrero frente a cualquier intento de disciplinamiento mediante la persecución y la judicialización de los conflictos laborales, y anticipó que toda medida de fuerza que se impulse será acordada con la CGT. Jerónimo sostuvo que no puede aceptarse el uso de mecanismos represivos o judiciales para silenciar reclamos, mientras que Moyano apuntó contra los gobernadores peronistas que respaldaron la reforma laboral que habilita este tipo de abusos.
Desde el gremio de los metrodelegados denunciaron un trasfondo político en las aprehensiones y señalaron una persecución judicial sostenida. El referente Jorge «Tano» Pisani afirmó que la fiscala Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n.º 35, trabaja en equipo con el gobierno porteño y es quien abrió causas a 171 trabajadores, incluida una imputación por asociación ilícita que, a su entender, criminaliza la protesta sindical. En esta ocasión, el operativo fue ordenado por Natalia Pla, auxiliar de la Unidad Fiscal Norte, aunque los trabajadores insisten en que Ramírez conduce este tipo de procedimientos.
El jefe de gobierno, Jorge Macri, que se encontraba en Madrid, se pronunció a través de las redes sociales: «Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión, las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas», escribió, y agregó que quien bloquea un servicio esencial va preso, que no permitirá que se perjudique a millones de personas para defender «curros» y que impondrá «ley y orden».
En la superficie, mientras tanto, fueron llegando militantes políticos y gremiales para expresar su solidaridad con el reclamo y con los detenidos. La policía porteña volvió a emplear la fuerza para despejar la zona y, en esas corridas, retuvo brevemente a Luciano Corradi, delegado de GPS Aerolíneas Argentinas, quien recuperó la libertad poco después. También se hicieron presentes dirigentes como Roberto Baradel, Daniel «Tano» Catalano y los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, entre otros.
Segovia, el primero en ser liberado, sostuvo que «estos vienen por todo» y que «hoy me cagaron a palos», para luego advertir que si creen que van a domesticarlos se equivocan. Dellecarbonara, por su parte, denunció un ataque que no se veía desde la dictadura, recordó que la apertura de molinetes está garantizada por la Constitución y acusó al jefe de gobierno de querer instaurar una dictadura fascista, al tiempo que aseguró que no permitirán la represión ni la persecución de trabajadores.
El episodio, sumado a la represión registrada durante la quinta marcha federal universitaria, evidencia un retroceso de la mediación, el diálogo y la negociación como herramientas del Estado para resolver conflictos sociales y gremiales. En un clima preelectoral, los gobiernos nacional y porteño parecen compartir una estrategia de contención de todo reclamo social, sindical y político, incluso por la vía represiva.
