El colectivo de personas con discapacidad, prestadores, transportistas, familiares y la Pastoral Social reclaman la prórroga de la ley por un año más y rechazan la iniciativa del Gobierno, que consideran regresiva en materia de derechos. La sesión del miércoles se presenta como una instancia decisiva, con una movilización convocada frente al Congreso y negociaciones contrarreloj con los bloques aliados.
La disputa en torno a la emergencia en discapacidad, que parecía haber quedado relegada tras la derrota opositora en la Cámara de Diputados del jueves pasado, recupera centralidad esta semana con una nueva oportunidad para quienes impulsan la extensión de la ley vigente. Las organizaciones que representan al colectivo —prestadores de servicios, transportistas, familiares y la Pastoral Social de la Iglesia— mantienen firme su postura de prorrogar la norma actual por un año adicional y anticiparon que buscarán revertir el resultado en la sesión convocada para el miércoles, en la que el oficialismo pretende tratar su propio proyecto con dictamen de mayoría.
Los referentes del sector ya comunicaron tanto al oficialismo como a los bloques aliados su rechazo a la iniciativa gubernamental, a la que califican como una opción que, bajo la apariencia de superadora, esconde retrocesos significativos en materia de derechos. El objetivo que persiguen es que la sesión sirva para desestimar el texto oficial y, acto seguido, forzar la media sanción de la prórroga de la emergencia hasta diciembre de 2027. Si bien los números se presentan ajustados, la presión que vienen ejerciendo en los pasillos del Congreso podría rendir frutos, tal como ha ocurrido en varias votaciones desde el año pasado, según pudo reconstruir este medio. En esa dirección, las organizaciones convocaron a una movilización para el mismo día de la sesión, prevista para las once de la mañana frente al Congreso.
La definición, como en los últimos debates, recaerá sobre los bloques que responden a las provincias y sobre los legisladores dialoguistas. Algunos de ellos suscribieron el dictamen del oficialismo pero en disidencia, mientras que otros continuaban exigiendo hasta el lunes que el espacio liderado por Javier Milei incorporara modificaciones de fondo al texto para poder acompañarlo. De no mediar cambios, según pudo saber este diario, optarían por cambiar de posición y votar a favor de la prórroga de la emergencia por un año más.
El principal foco de discordia se concentra en el capítulo de pensiones. El Gobierno, por ahora, no cede en su intención de incorporar la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y la tenencia de un empleo en blanco, además de que el proyecto introduce una nueva categoría que redefine el sistema. En los artículos quinto y sexto se distingue entre pensión por invalidez laboral y pensión no contributiva por discapacidad, lo que dejaría a las personas mayores de setenta años percibiendo menos que una Pensión Universal para el Adulto Mayor y sin cobertura específica de salud.
A ese conjunto de objeciones se suma que el dictamen oficialista desconoce la licuación que sufrieron los prestadores de servicios —rehabilitación, acompañamiento y centros de día— durante 2024, una reivindicación del sector que forma parte de la emergencia y por la cual las organizaciones siguen batallando tanto en las negociaciones con el Gobierno como en la justicia. Se trata de un atraso del treinta por ciento en los haberes, originado en el congelamiento inicial del nomenclador durante el primer año de la gestión de Milei. En ese punto, la puja no se limita al Ejecutivo, que debería afrontar ese aumento a través de Incluir Salud, sino que también involucra de manera fundamental a las prepagas y a las obras sociales.
Uno de los diputados aliados, que no dio quórum la semana pasada, anticipó en diálogo con este diario que el proyecto oficial, tal como está redactado, no debería prosperar. «Pedimos introducir modificaciones puntuales en varios artículos. Si no lo hacen, lo rechazamos y votamos la emergencia», sostuvo. Frente a ese escenario, desde la oposición más dura se mostraban confiados en reunir los números necesarios para alcanzar el objetivo y lograr que la media sanción corresponda precisamente al proyecto que impulsan las organizaciones.
El panorama optimista no se replica, en cambio, en otras iniciativas que quedaron truncas por la falta de quórum del jueves pasado, como las que buscan auxiliar a las millones de familias endeudadas. En el tema de discapacidad, la oposición reconoce dos factores distintivos: el activismo del colectivo, con figuras públicas y respaldo de la Iglesia, que cuenta con la posible llegada del Papa como factor de presión, y las propias desavenencias dentro del Gobierno entre el ala más dura, que pretende avanzar a fondo con el ajuste y la desregulación, y la que señala que no desea pagar ese costo frente a la sociedad.
La falta de acuerdo interno sobre cómo proceder en la materia —hasta qué límite llevar el ajuste y hasta dónde promover la desregulación del sector— quedó expuesta cuando Patricia Bullrich afirmó que no había sido consultada sobre los artículos de discapacidad que Economía había introducido en el proyecto de presupuesto. Eso había generado un cruce un mes atrás en una reunión de la mesa política en Casa Rosada. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado mantiene además cajoneado desde abril de este año un proyecto de discapacidad que lleva las firmas de Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones. Lo denominaron «Contra el fraude de las pensiones» y contiene, básicamente, los mismos puntos que el Ejecutivo introdujo por la ventana en el presupuesto 2027: desregula el sistema de prestaciones, de modo que cada sector fije el valor a su antojo y se elimine la universalidad, y endurece el acceso a las pensiones, que quedarían reducidas en un gran porcentaje.
Bullrich lo mantuvo archivado al punto de que ni siquiera fue girado a comisión. Desde entonces, los aliados más cercanos al Gobierno, como el PRO, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto con un ajuste menos brusco, más parecido al que finalmente el oficialismo terminó aceptando a regañadientes como propio. De esas negociaciones, sumadas al aporte de otros sectores —entre ellos el misionero Oscar Herrera Ahuad—, surgió el dictamen que se trataría este miércoles.
La encerrona del Gobierno se completa con el hecho de que, cuando se solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso que especificara el costo fiscal de su propia ley, aun con los ajustes incluidos, el cálculo arrojaba unos seiscientos mil millones de pesos para el año próximo y más del doble para 2028. El ahorro respecto de la emergencia es muy reducido. Se trata, además, de números difíciles de sostener si se consideran los esfuerzos de Caputo por mostrar un déficit contenido a los emisarios del FMI. Esa desavenencia quedó expuesta por el propio secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuando acudió a defender el presupuesto la semana pasada. «Nosotros hubiéramos querido otra cosa, pero los bloques aliados del Congreso lo pidieron. Así que las partidas para discapacidad están contenidas dentro del presupuesto, en el área de salud», declaró.
De todos modos, algunos aliados reclaman que, además de los cambios, se les garantice que en el presupuesto las partidas de discapacidad estén especificadas, algo que por ahora no aparece en el horizonte. Y al final del camino, Milei siempre conserva la opción de vetar la emergencia e, incluso, la ley impulsada por su propia bancada. La Casa Rosada agitaba este lunes ese fantasma.
En paralelo a la sesión, las organizaciones volverán a marchar frente al Congreso, convocadas para las once de la mañana. «Expresamos nuestro rechazo al proyecto oficialista que obtuvo dictamen de mayoría, ya que no constituye una mejora respecto de la emergencia y contiene disposiciones que podrían implicar retrocesos en derechos, prestaciones y condiciones de sostenibilidad del sistema», señalaron desde el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. «La emergencia en discapacidad continúa. Por eso, exigimos la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad con pleno respeto de los derechos conquistados, previsibilidad para los prestadores y garantías efectivas para las personas con discapacidad y sus familias», concluyeron.
