El abogado Gregorio Dalbón solicitó al juez Ariel Lijo que ordene el allanamiento de la sede del BCRA y el secuestro de información digital para determinar cómo se eligió al Deutsche Bank como contraparte de las operaciones que le costaron al país más de mil millones de dólares
La causa que investiga el manejo de las reservas de oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo de alto voltaje institucional. El abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito ante la Justicia federal en el que reclamó que se allane la sede de la autoridad monetaria y se secuestre o copie la información contenida en sus servidores y casillas de correo, con el objetivo de establecer quién tomó la decisión de seleccionar al Deutsche Bank como contraparte de las operaciones con el metal precioso que le generaron al país un quebranto superior a los 1.023 millones de dólares. La entidad financiera de origen alemán no es un actor neutral en esta historia: tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ocuparon posiciones jerárquicas en esa firma antes de desembarcar en la función pública.
La presentación, radicada en el expediente 4971/2026 que tramita ante el juez Ariel Lijo, no se limita al pedido de allanamiento. En el mismo documento, Dalbón amplió la denuncia que ya pesaba sobre Caputo, Bausili y el superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y ahora incorporó al subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio del organismo. El letrado solicitó la indagatoria de los cuatro funcionarios y planteó que lo verdaderamente novedoso del caso pasa por dilucidar cómo se seleccionó a la contraparte, cuál fue el costo total de las operaciones y si alguien obtuvo una ventaja indebida en el camino. La denuncia se apoya en las revelaciones periodísticas que dieron cuenta de que el Deutsche Bank, la entidad en la que Caputo llegó a ser director y Bausili ocupó un cargo de máxima responsabilidad, fue una de las contrapartes del negocio. La pérdida en sí ya había sido anticipada antes de que la Auditoría General de la Nación la confirmara al aprobar el balance 2025 del Central.
El mecanismo del quebranto y la negativa a mostrar los contratos
Según el organismo de control, el perjuicio en las operaciones con oro se compone de 960,2 millones de dólares de resultado negativo por opciones y 62,8 millones en primas, y se pagó con egresos de divisas, es decir, con dólares contantes y sonantes que salieron de las reservas del país. De acuerdo con las publicaciones que cita Dalbón, el Banco Central adquirió un seguro contra una baja del oro y lo pagó vendiéndoles a bancos el derecho a comprar el metal a algo más de 3.000 dólares la onza. El oro terminó cotizando por encima de los 4.000 dólares y la autoridad monetaria tuvo que cubrir la diferencia. El escrito recuerda que Caputo y Bausili pasaron por el Deutsche Bank y que el actual presidente del Central ya fue investigado por negociaciones incompatibles con la función pública, por contrataciones que habrían beneficiado a ese mismo banco. Para colmo, el BCRA se negó a entregarle a la Auditoría General de la Nación copia de los contratos, que contienen las condiciones pactadas y los nombres de quienes las autorizaron. Nadie sabe tampoco cuánto cobraron las entidades financieras en comisiones: Dalbón menciona una cifra superior a los 60 millones de dólares, un dato que circuló públicamente.
La prueba electrónica y el riesgo de que desaparezca
El abogado sostiene que la prueba central es documental y electrónica, y que está en manos de un organismo cuyas máximas autoridades son, justamente, los denunciados. La información, advierte, puede ser modificada, ocultada o suprimida con facilidad por quienes tienen acceso a ella. Por eso pidió que peritos informáticos copien los correos de la Presidencia del BCRA, del directorio y de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos correspondientes a 2024 y 2025, junto con los registros de acceso y modificación. Si el juez no ordena el allanamiento, reclama al menos una orden de presentación con la intimación a conservar la documentación. La situación de Ferro, el nuevo apuntado en la causa, se vincula con su lugar en el directorio, que según la Carta Orgánica debe intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario. La investigación deberá determinar si participó en la aprobación, el control o la ratificación de las operaciones y en la selección de las contrapartes.
Seguir el rastro del dinero
Además del allanamiento, Dalbón propuso una serie de medidas para reconstruir quién ganó con el oro argentino. Entre ellas, solicitó que se le pida al BCRA que explique cómo eligió a cada contraparte, con las invitaciones y las ofertas recibidas, y quién propuso las operaciones. También reclamó que se le exija el costo total, con comisiones, honorarios y márgenes, y el detalle de a quién se le pagó cada concepto. Pidió requerirle al Deutsche Bank los contratos y que informe si pagó comisiones o retrocesiones a terceros, con nombre y apellido de los beneficiarios. Asimismo, propuso consultar a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera si registran reportes sobre estas operaciones, y preguntarle a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos si se reportó algún pago a funcionarios argentinos vinculado con el negocio. Por último, solicitó designar peritos contadores y expertos en derivados para medir el perjuicio.
Los delitos que se investigan
Los delitos denunciados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que prevé penas de dos a seis años de prisión, y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si se acreditara una estructura estable, se sumaría la asociación ilícita, con penas de tres a diez años. Como se ve, la pregunta que quedó flotando desde el informe de la Auditoría General de la Nación —si el Central perdió 1.023 millones, quién los ganó— ya tiene un primer nombre. Lo que falta saber es si alguien más cobró por el camino.
