La Sala IV de Casación Penal dejó firme el cierre del expediente por los 57.100 millones de dólares tomados durante la gestión de Mauricio Macri, una decisión que beneficia directamente a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili, hoy al frente de áreas clave de la administración de Javier Milei. La resolución, firmada por jueces que visitaron al expresidente en Olivos, confirma el funcionamiento aceitado de un entramado judicial y mediático que opera sin disimulos para proteger a los responsables de una de las operaciones de crédito más cuestionadas de la historia argentina.
La crónica estaba anunciada y este lunes se concretó el desenlace que muchos anticipaban. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el archivo definitivo del expediente que investigaba las irregularidades en la toma de deuda por 57.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri y la posterior fuga de capitales que siguió a esa operación. La decisión fue suscripta por Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, dos magistrados que en su momento visitaron al expresidente en la residencia de Olivos, a quienes se sumó Javier Carbajo. El trío avaló sin objeciones el dictamen de Raúl Pleé, un fiscal que también integraba la lista de visitantes a Olivos y que la semana pasada resolvió no sostener la apelación presentada por sus colegas de instancias inferiores, quienes sostenían que la investigación debía proseguir.
El cierre de esta causa constituye una noticia particularmente auspiciosa para el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el propio Macri, entre otros involucrados. Los tres primeros, que fueron investigados por sus responsabilidades durante aquella gestión, lograron reciclarse exitosamente en el Gobierno libertario y ahora se ven beneficiados por una resolución que solo podría revertirse si alguien presentara hechos distintos o nuevos respecto de los ya investigados. El desenlace también representa un alivio para la administración de Javier Milei, que ha conseguido alinear con sus pretensiones a un sector importante de los tribunales federales de Comodoro Py.
La resolución de Casación era, en cierta medida, previsible más allá de los jueces que la firmaron, desde el instante en que Pleé decidió no respaldar las apelaciones de sus colegas Franco Picardi, quien llevó adelante la investigación en primera instancia, y José Agüero Iturbe, quien recurrió ante la Cámara Federal. El expediente se había iniciado en 2019 y Picardi había logrado reunir un abanico probatorio de considerable peso. Recién este año, en febrero, justo cuando el Gobierno decidió retirar la querella del expediente, la jueza María Eugenia Capuchetti firmó una resolución en la que consideró que correspondía cerrar el caso porque se trataba de una cuestión de política económica no judiciable y la fiscalía no había demostrado la existencia de delitos. Apenas se configuró la nueva Sala I de la Cámara Federal, con la incorporación de Pablo Yadarola y la regularización de Pablo Bertuzzi, designado a dedo por Macri en 2018, el tribunal confirmó lo resuelto por Capuchetti, sin la firma del primero pero con la de Mariano Llorens.
La Cámara de Casación dedicó la mayor parte de su resolución a descalificar las presentaciones de un particular, Antonio Conrado De Martino, quien intentó recusar a los miembros del tribunal y a Pleé, además de adherir al recurso de la fiscalía de la instancia anterior. El hombre se presentó ante la falta de querella y la evidente ofensiva contra la investigación. Los jueces de Casación no solo rechazaron su planteo con el argumento de que la Cámara Federal ya había establecido que no era parte del expediente, sino que también cuestionaron los términos de la presentación y la actuación de su letrado patrocinante, Nicolás Roberto Corbetto Norese. Incluso formularon una denuncia ante el Colegio Público de Abogados a fin de que en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial. Por lo demás, Borinsky, Hornos y Carbajo se limitaron a dejar firme el dictamen de Pleé, que desistió de sostener la acusación. Cabe recordar que este fiscal fue integrante de la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva de Boca en tiempos de Macri.
Pleé sostuvo, desde el punto de vista jurídico, exactamente lo mismo que Capuchetti, a quien defendió con uñas y dientes, al igual que a los camaristas Llorens y Bertuzzi: que la toma de deuda con el organismo de crédito no se podía judicializar. De todos modos, aseguró haber revisado las pruebas obtenidas y concluyó que no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones, un planteo opuesto al del fiscal Picardi.
La acusación que no fue merece ser recordada en detalle. La deuda que tomaron Macri y Caputo con el FMI en 2018 fue la más alta de la historia del organismo de crédito. La investigación judicial se enfocó en dos ejes: las características del endeudamiento y el destino de los fondos. Picardi sostuvo siempre que se contrajo una deuda insostenible por 57.100 millones de dólares y que los funcionarios sabían que era impagable. También planteó que burlaron la Constitución Nacional, las leyes y las normas que regulan la administración pública en materia de crédito para eludir controles. Según el fiscal, el gobierno de Macri utilizó argumentos falsos y engañosos sobre los objetivos de la operación y los usos que se les daría a las divisas, tales como bajar la inflación, reducir la pobreza o crear empleo. No hubo dictámenes técnicos del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos; se omitió un decreto del Poder Ejecutivo que diera transparencia y aprobara la operación, y tampoco se les dio intervención a la Jefatura de Gabinete ni al Congreso.
El fiscal mostró también que los imputados dieron un destino ruinoso a los fondos obtenidos, profundizaron un proceso de fuga de capitales y beneficiaron a grupos privados concentrados, todo en perjuicio del erario público. Esto incluía, según señalaba, la posible obtención de beneficios económicos indebidos para sí o para terceros, tales como otras personas físicas y jurídicas o fondos de inversión, y la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales. Acusaba a los funcionarios de administrar las divisas en forma discrecional y fraudulenta, al imposibilitar su control y trazabilidad. La acusación se basaba, además, en informes demoledores de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Este último organismo cuantificó el perjuicio al Estado en por lo menos 29.618 millones de dólares. Pleé eludió referirse a ese análisis y, respecto del informe de la Auditoría General de la Nación, solo reparó en las diferencias de opinión entre sus integrantes, sin mencionar que las conclusiones del estudio eran contundentes.
El cierre de esta causa llega, además, mientras el dispositivo mediático-judicial macri-mileísta intenta apurar la instalación del nuevo juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo por las causas Hotesur y Los Sauces. Los jueces de Casación y Pleé son los mismos que fueron tomando decisiones estratégicas para acorralar a la expresidenta en otros casos, como el del Memorándum. Todo coincide con un momento de buenas encuestas para el peronismo, lo que refuerza la percepción de que el timing de estas resoluciones no responde exclusivamente a criterios jurídicos sino a una lógica política que busca equilibrar la agenda judicial en un contexto electoral complejo.
