La Cámara Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento de la diputada libertaria, acusada de apología del crimen por las carcajadas y comentarios sarcásticos que dedicó, en un streaming, al mecanismo de exterminio de la última dictadura. Los familiares de las víctimas anunciaron que recurrirán a la Casación y denunciaron una nueva revictimización.
La risa de Lilia Lemoine se prolongó durante varios minutos al aire. La legisladora nacional por La Libertad Avanza participaba de una emisión del programa FDC, conducido por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez en la señal Ánima Digital, cuando una columnista sentenció que “los kukas no son waterproof”. La humorada siguió cuando otro de los presentes, presentado como Alfredo “Rino” Gammariello, excustodio de la secretaria general de la Presidencia, sostuvo que “si los tiran de los aviones no saben nadar”. Lo que provocaba semejante hilaridad en la diputada eran las alusiones reiteradas a los vuelos de la muerte, el procedimiento siniestro mediante el cual la dictadura militar hizo desaparecer a sus opositores arrojándolos vivos al mar.
La conversación, registrada el 20 de diciembre pasado, había derivado hacia los proyectos de desregulación, modernización y derogación que Lemoine decía querer impulsar. Fue entonces cuando Sarubbi Benítez la interrumpió con una frase sobre “tirar gente de aviones”. Lejos de incomodarse, la diputada respondió entre risas que se trataba de “un deseo” y agregó que, si hubieran querido concretarlo, habrían comprado más Hércules en lugar de F-16. Gammariello acotó que había tres Hércules operativos y ella completó el cuadro con un comentario sobre la capacidad de las aeronaves: “Son enormes, entra bocha, como 90”.
El episodio motivó una denuncia penal por apología del crimen presentada el 29 de diciembre por Mabel Careaga, Cecilia de Vincenti y Carlos Oviedo, familiares de las personas secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 tras la infiltración de Alfredo Astiz. Aquel operativo derivó en la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo, dos religiosas francesas y siete activistas, todos conducidos al centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada y luego arrojados vivos al mar. La presentación, patrocinada por los abogados Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Adrián Albor, recordaba que no era la primera vez que Sarubbi Benítez aludía a los vuelos: en emisiones anteriores había calificado a los “kukas” como un enemigo claro y había advertido que la última vez que intentaron un golpe “ya sabemos lo que pasó”, a lo que Gammariello sumó una referencia a los familiares buscados en el Río de La Plata.
La causa no prosperó. La fiscal Alejandra Mángano consideró que lo ocurrido en el streaming no constituía delito y los denunciantes, que no fueron reconocidos como querellantes, pidieron la nulidad de ese dictamen. La Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Eduardo Farah y Mariano Llorens, rechazó el planteo y convalidó la postura del Ministerio Público. El juez Roberto Boico, en cambio, se pronunció en disidencia: sostuvo que resultaba prematuro descartar el caso por inexistencia de delito y advirtió que, por el tenor de las manifestaciones denunciadas, no podía afirmarse sin más que estuvieran amparadas por el libre ejercicio de garantías constitucionales. Al tratarse de expresiones vertidas en un medio público sobre hechos graves por los que ya existen condenas, reclamó un análisis más riguroso.
Farah, por su parte, coincidió con la fiscal en que las frases no encuadraban en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del crimen, pero dejó constancia de que esa conclusión no implicaba amparar la manifiesta impertinencia de lo dicho ni pasar por alto “la censurable liviandad y el a todas luces inconveniente tono sarcástico” con que se trataron episodios terribles de la historia nacional. En su voto mencionó las graves afectaciones que las palabras provocaron en los familiares y sugirió que los hechos podrían configurar algún delito de acción privada “por su grado de desatino”. Tavani, en diálogo con Página/12, fue más allá: sostuvo que las manifestaciones no son solo ofensivas, torpes o groseras, sino un verdadero panegírico de crímenes aberrantes, tipificado tanto en el artículo 213 del Código Penal como en el artículo 2 de la ley 23.592, y anunció que acudirán a la Casación en busca de justicia.
El fallo cayó como un balde de agua fría entre los querellantes. Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor de De Vincenti, calificó la resolución como una vergüenza para una sociedad que logró condenar a más de 1250 genocidas y afirmó que esta justicia no es otra cosa que el Partido Judicial de la derecha, que no los representa en absoluto. Recordó que su madre, junto con Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, fue víctima de los vuelos de la muerte, que sus restos pudieron identificarse recién en 2005 gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense y que en 2017 la justicia reconoció que todo el grupo reunido en la parroquia Santa Cruz fue eliminado en el vuelo que partió del Aeroparque la noche del 14 de diciembre de 1977. “Si las burlas sobre este tema no sirven para castigar, ¿qué sirve?”, se preguntó.
Desde Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz ya habían reclamado la expulsión de Lemoine de la Cámara Baja. Mabel Careaga, otra de las hijas de Esther, se mostró indignada porque una cámara de justicia de la democracia avale la reivindicación de un método de exterminio brutal y porque una diputada electa, integrante del sistema democrático, respalde el terrorismo de Estado sin que el conjunto de las instituciones lo repudie. Consideró trágico que ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo sean capaces de poner un freno a semejante aberración. Ana Bianco, hija de Mary Bianco, también se declaró sacudida por la decisión: describió a la legisladora como la voz de los sectores más recalcitrantes y macabros del ámbito militar, cuestionó la perversidad de poner el acento en la capacidad de las aeronaves como si la cantidad fuera un dato digno de destacar y repudió enérgicamente el accionar de esa justicia perversa, recordando que hubo treinta mil detenidos desaparecidos.
Mientras la Causa sigue su curso en instancias superiores, el episodio deja al descubierto una tensión que excede el plano judicial: la de una dirigente que bromea sobre el exterminio, una fiscalía que no halla delito, una mayoría de cámara que convalida ese criterio aun reconociendo la crueldad del tono y un grupo de familiares que, una vez más, debe salir a explicar por qué reírse de los vuelos de la muerte no es una gracia.
