El abogado querellante Yamil Castro Bianchi celebró la decisión judicial, cuestionó la demora de la Corte Suprema y advirtió que el exdiputado libertario podría involucrar a funcionarios clave del Gobierno nacional.
La causa que investiga al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero sumó un nuevo capítulo con su procesamiento, una resolución que fue recibida con satisfacción y cierto asombro por parte del abogado denunciante, Yamil Castro Bianchi. En declaraciones radiales, el letrado manifestó su beneplácito por el avance del expediente y se mostró llamativamente sorprendido por lo que describió como “cosas buenas que pasan en la Justicia”, al tiempo que subrayó que la labor periodística resultó determinante para mantener viva la investigación ante las restricciones de acceso que pesan sobre la parte querellante.
Castro Bianchi recordó que, pese a haber sido reconocidos como denunciantes, no cuentan con las facilidades necesarias para consultar el expediente, por lo que atribuyó al trabajo de la prensa la posibilidad de acceder a información clave y de confirmar que las imputaciones iniciales no respondían a una operación política ni a una campaña de desprestigio, sino a hechos que, según su visión, resultaban evidentes para cualquier observador. En esa línea, sostuvo que el procesamiento ratifica la solidez de la denuncia y despeja las sospechas sobre sus motivaciones.
Al detallar los elementos que sustentan la acusación, el abogado mencionó la existencia de un contrato por un servicio que nunca se habría prestado, vinculado a una mina en Guatemala que, según afirmó, no registraba actividad productiva alguna. A ello sumó la presunta existencia de ingresos no declarados atribuidos al propio Espert, entre los que mencionó los llamados “famosos 200.000 dólares” vinculados a Fred Machado, así como la condena que este último recibió en Estados Unidos. El letrado también remarcó que la situación ya se perfilaba como previsible a partir de la condena previa de la socia de Machado, y que los acontecimientos fueron desenvolviéndose conforme a las hipótesis que la parte denunciante venía sosteniendo.
En otro tramo de sus declaraciones, Castro Bianchi dirigió duras críticas al rol de la Corte Suprema de Justicia en la dilación del fallo. Sostuvo que el máximo tribunal tuvo incidencia en la demora y llegó a calificar su actuación como cómplice de esa tardanza, al señalar que las resoluciones se aceleraron cuando el tema comenzó a tomar repercusión en los medios de comunicación. Asimismo, cuestionó la actuación de determinados magistrados y mencionó el viaje de jueces a Lago Escondido como ejemplo de un sistema que, a su entender, permite que algunos se beneficien con la impunidad mientras otros cargan con las consecuencias.
El abogado también apuntó contra el discurso del propio Espert y del Gobierno nacional, al que acusó de hipócrita por prometer mano dura y cárcel o bala para los delincuentes cuando, según su interpretación, los verdaderos implicados en hechos de corrupción y narcotráfico serían quienes hoy ocupan lugares de poder. En ese sentido, consideró que la ciudadanía debería comenzar a reaccionar con mayor enojo frente a este tipo de situaciones y sostuvo que el procesamiento alcanza de cerca al presidente Javier Milei, al tiempo que reclamó aplicar para todos la misma doctrina que se invoca en otros casos.
Finalmente, el letrado aventuró que el exdiputado de La Libertad Avanza podría colaborar con la Justicia y mencionar a personas y funcionarios de peso dentro del Gobierno nacional. Con una expresión coloquial, afirmó que a Espert se le habría “soltado la mano” y que ahora podría comenzar a “cantar”, por lo que será necesario observar hasta dónde llega su declaración y qué alcance tienen las derivaciones de una causa que, lejos de cerrarse, parece reabrir interrogantes sobre el entramado político y financiero que rodea al oficialismo.
