Amnistía Internacional y FOPEA presentarán denuncias formales ante organismos internacionales por la escalada de hostilidad presidencial contra la prensa, mientras el sindicato de prensa y el CELS advierten sobre el avance de prácticas autoritarias y el retroceso de Argentina en el ranking mundial de libertad de expresión
La embestida del presidente Javier Milei contra la prensa alcanzó un nuevo umbral y derivó en una ofensiva diplomática sin precedentes. Sus declaraciones del viernes pasado, cuando instó a “quemar en la hoguera” a un grupo de periodistas que cubrieron la investigación judicial por la presunta estafa con criptomonedas $LIBRA, motivaron que Amnistía Internacional y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) anunciaran la presentación de denuncias formales ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que calificaron como una manifestación de “violencia extrema” hacia los trabajadores de prensa.
El episodio ocurrió durante la cena anual de la Fundación Faro, el centro de ideas libertarias que dirige Agustín Laje, en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, frente a un auditorio colmado de empresarios afines al gobierno. Allí, el mandatario apuntó contra los periodistas que siguieron la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA y los describió como “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”. Poco después, añadió que “a los buenos les tiene que ir bien, y los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Las organizaciones advirtieron que la escalada de hostilidades conlleva un grave deterioro para la libertad de expresión en el país y reclamaron la intervención de la ONU. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, manifestó su profunda preocupación porque “estos ataques provienen de la máxima autoridad del país, que tiene una responsabilidad reforzada de garantizar la libertad de expresión y tolerar el escrutinio público”. Los insultos presidenciales no constituyen una novedad, pero desde la organización definieron los últimos dichos como una “grave e inadmisible escalada en la hostilidad presidencial hacia la prensa, que no se limita a cuestionar una cobertura periodística, sino que individualiza y estigmatiza a periodistas”. Por esa razón, acudirán al relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, el abogado mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez, quien tiene la facultad de dirigir comunicaciones al Estado argentino.
El movimiento denunciante difundió que, entre las obligaciones estatales del país, se encuentra la de “prevenir la violencia contra periodistas, evitar discursos que aumenten sus riesgos y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo, incluso cuando la información difundida resulte crítica o inconveniente para el gobierno. Las expresiones presidenciales avanzan en sentido contrario a esos deberes”. El equipo de Amnistía Internacional confirmó que está terminando de preparar los documentos para realizar las denuncias formales esta misma semana.
El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA aportó un dato contundente: el año pasado se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta desde el inicio del registro en 2008. Milei fue identificado como autor de 119 de esos hechos, lo que lo convierte en el “principal agresor individual”. El relevamiento incluyó la contabilización de 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.
FOPEA también repudió las expresiones del mandatario, realizadas tras conocerse que la Justicia sobreseyó al presidente y a su hermana Karina en la causa $LIBRA. Desde el Foro resaltaron que “un sobreseimiento no convierte en falsa la cobertura periodística de una investigación judicial que durante más de un año y medio involucró al Presidente, a su hermana y secretaria general de la Presidencia y a otros funcionarios y particulares. Informar sobre esa causa fue un ejercicio legítimo del periodismo sobre un asunto de evidente interés público, no una operación”. Asimismo, la entidad se sumó a las denuncias formales y presentó ante la ONU el informe del Monitoreo que evidencia “el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país”, adjudicado al “crecimiento récord de las agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa”. Además, convocaron a los dirigentes políticos de todos los sectores “a pronunciarse sin ambigüedades frente a este discurso, porque el silencio también contribuye a naturalizarlo”.
Para Belski, los ataques del Jefe de Estado “no son hechos aislados sino que forman parte de una serie de episodios de hostigamiento, estigmatización y judicialización de la prensa que desde Amnistía Internacional venimos documentando e informando ante mecanismos internacionales”. En noviembre de 2025, organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas, sindicatos de prensa y Amnistía participaron en una audiencia ante la CIDH donde denunciaron el incremento de las agresiones, la violencia digital, el acoso judicial y la represión durante la cobertura de movilizaciones, todo enmarcado en la “expansión de prácticas autoritarias”, según definió la organización. En ese entonces, la Comisión solicitó información sobre las medidas de prevención y protección para la prensa y manifestó interés en visitar el país para seguir de cerca la situación.
Desde Amnistía Internacional comunicaron que la reiteración de prácticas violentas hacia la prensa “puede generar un efecto de silenciamiento que trasciende a las personas directamente atacadas: desalienta investigaciones, favorece la autocensura y empobrece la circulación de información de interés público. Investigar las actuaciones de quienes gobiernan es una función esencial del periodismo y una garantía para el control democrático del poder”.
En esa misma línea, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) afirmó que Milei cruzó “un límite gravísimo” al instigar a “quemar en la hoguera” a un grupo de periodistas, lo que “debe generar una reacción inmediata de todo el arco político y mediático para frenar los ataques contra nuestro oficio”. Además, recordaron la brutal represión que casi le cuesta la vida al fotógrafo Pablo Grillo y expresaron que lo que está haciendo el mandatario es convocar más agresiones.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordaron que en 2023 Argentina se encontraba en el puesto 40° dentro de la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, mientras que ahora se ubica en el puesto 98°. La entidad definió los últimos dichos de Milei como una escalada autoritaria: “si la máxima autoridad del Estado señala y convierte a personas concretas en enemigas, las consecuencias son legitimar agresiones y violencias contra ellas y restringir el debate democrático”.
Todos los organismos que se pronunciaron al respecto concuerdan en que las expresiones del Jefe de Estado tienen graves consecuencias para la libertad de expresión en el país y no pueden seguir impunes, pues agravan la violencia hacia los trabajadores de prensa. “La libertad de expresión también implica poder cuestionar al Gobierno sin temor a represalias”, concluyó Belski.
