Un plenario de comisiones del Senado buscará este miércoles emitir despacho sobre la maltrecha iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya acumula dos cirugías legislativas y que obligó al Poder Ejecutivo a ceder terreno frente a la presión opositora y el rechazo social
El tablero parlamentario volverá a moverse este miércoles con la convocatoria de un plenario de comisiones de la Cámara alta, espacio donde la bancada oficialista intentará conseguir el dictamen que permita avanzar sobre el desfigurado texto de la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que nació como buque insignia del ministro desregulador Federico Sturzenegger, llega a esta instancia después de haber atravesado dos rondas de enmiendas y de un giro sustancial en uno de sus capítulos más conflictivos: la restitución del régimen que limita la adquisición de campos por parte de capitales foráneos.
La marcha atrás del espacio libertario se produjo luego de que la Cámara de Diputados incorporara al articulado la reinstalación de la norma sancionada en diciembre de 2011, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que instauró el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Aquella legislación, identificada con el número 26.737, tenía por objeto regular la titularidad de los predios rurales y poner un tope a la compra de esos terrenos por parte de personas físicas o jurídicas de origen extranjero. De este modo, el nuevo texto deroga expresamente el artículo 154 del DNU 70/2023, aquel que había suprimido esos límites y que constituyó uno de los puntos más cuestionados del megadecreto desregulador.
La decisión de recular no fue sencilla ni gratuita. El oficialismo buscó con ella evitar que la oposición parlamentaria lograra reunir la cantidad de voluntades necesarias para derogar por completo el decreto de necesidad y urgencia que desreguló buena parte de la economía doméstica. El temor a perder esa pulseada legislativa terminó pesando más que la intención original del titular de la cartera de Desregulación, quien había promovido elevar del 15 al 25 por ciento el límite que la ley fija para la venta de tierras a extranjeros en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Ese capítulo, finalmente, quedó fuera del proyecto.
El contexto judicial también jugó un papel determinante en el desenlace. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia desestimó una medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 154 del DNU, y poco después, en sintonía con la Casa Rosada, el mismo tribunal habilitó otra cautelar sobre idéntico asunto. Esa secuencia de resoluciones, sumada al rechazo generalizado de amplios sectores de la población a la medida inicial, que eliminaba cualquier restricción a la venta de tierras a foráneos, terminó de inclinar la balanza hacia la rectificación.
Cabe recordar que la movilización popular y la resistencia de un grupo de senadores obligaron a retirar ese apartado del proyecto primigenio de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al igual que ocurrió con el segmento que pretendía modificar la normativa de manejo del fuego. De esta manera, la iniciativa que llega al plenario de comisiones luce muy distinta de aquella que Sturzenegger presentó con bombos y platillos: se trata de un texto remendado, negociado y considerablemente más acotado, que el Poder Ejecutivo acepta impulsar como mal menor para conservar lo esencial de su programa desregulador y conjurar el riesgo de que el Congreso derribe por completo el megadecreto.
