El oficialismo cedió a las exigencias del gobierno de Trump y suavizó las sanciones a empresas que operan en las Islas Malvinas; la oposición denunció tutela extranjera y un texto «redactado en el país del norte»
El proyecto de ley que se presenta bajo la denominación de «Defensa de la Soberanía Nacional» consiguió dictamen favorable en el plenario de comisiones, aunque con alteraciones sustanciales introducidas a pedido de funcionarios del gobierno estadounidense. Tal como había anticipado este medio el domingo, la fuerza gobernante acató las directivas del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y reescribió la letra de la norma destinada a resguardar los intereses empresariales del país del norte en el archipiélago austral.
La modificación central incorporada al texto —impulsada desde Washington— recortó los alcances de las sanciones previstas contra compañías vinculadas con actividades en las Islas Malvinas. De este modo, el articulado que debía proteger la soberanía argentina terminó flexibilizando las restricciones que afectaban a firmas extranjeras con operaciones en el territorio disputado. El oficialismo consiguió la firma del despacho con el respaldo de sus aliados habituales, en una jornada signada por fuertes cruces y acusaciones cruzadas.
Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Marino fue categórico al afirmar que «es un gobierno trabajando bajo la tutela de Estados Unidos», y dirigió su reproche directamente contra Rubio y Landau, a quienes señaló como los artífices de las enmiendas. Su correligionario Germán Martínez, en tanto, apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien responsabilizó por obstaculizar un proyecto que, según su criterio, podría haber obtenido aprobación unánime. «Por un capricho de un pendejo se generan estas cosas», disparó el legislador santafesino.
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, puso el acento en la contradicción intrínseca de una iniciativa que debería reivindicar la soberanía nacional pero que, paradójicamente, «se redactó en Estados Unidos». La Libertad Avanza, por su parte, pretende llevar el proyecto al recinto el próximo 12 de noviembre.
El encuentro estuvo atravesado por reiterados cuestionamientos hacia la fuerza gobernante por aceptar enmiendas a gusto del Ejecutivo norteamericano, y en ese contexto la bancada oficialista no desmintió la injerencia de los funcionarios de Trump. El presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, quedó visiblemente incómodo ante la insistencia del diputado Juan Grabois, quien le exigió que respondiera «por sí o por no» si Estados Unidos había redactado parte del articulado. El libertario eludió la pregunta y se limitó a responder: «No vine a ser interrogado».
De esta manera, el proyecto que dice defender la soberanía nacional avanza hacia el recinto con un texto moldeado según las conveniencias del país del norte, en medio de denuncias opositoras sobre la subordinación del gobierno argentino a los designios de la administración republicana.
