La Cámara alta sancionó la controvertida modificación a la ley, impulsó incentivos a las inversiones y reguló los créditos de carbono, en una jornada maratónica que también dejó gestos de autonomía política y la convocatoria al jefe de Gabinete.
En una sesión que se prolongó hasta pasada la medianoche, la Cámara alta logró dar luz verde a la resistida reforma de la Ley de Salud Mental, el punto más álgido de una jornada intensa que había comenzado a las 14 con la asunción de la riojana Claudia López en sustitución del fallecido Juan Carlos Pagotto. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que debió atravesar modificaciones en comisiones y acuerdos con los bloques dialoguistas para reunir los respaldos indispensables, superó el trámite tras un intercambio de posiciones que se extendió hasta la madrugada.
Durante el tratamiento en el recinto, la presidenta de la comisión de Salud y miembro informante, Ivanna Arrascaeta (San Luis), justificó la necesidad de los cambios al señalar que «la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia». La legisladora puntana precisó que la norma vigente arrojó resultados «insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas», y alertó sobre el incremento del 70% en hospitalizaciones públicas tras la pandemia, al tiempo que subrayó que «llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave». En sintonía, la radical chaqueña Silvana Schneider advirtió que «hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo», mientras que la fueguina Belén Monte de Oca sentenció con dureza que «se confundió libertad con abandono».
La réplica de la oposición se centró en la asignación presupuestaria y en la aplicación concreta de la norma. El catamarqueño Guillermo Andrada apuntó a la «falta de recursos» al sostener que «no podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir», y consideró que «no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva». En igual dirección, el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora cuestionó la ausencia de un debate sobre el financiamiento al calificar el enfoque como un «error de enfoque», coincidiendo con los reclamos de los senadores misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, así como de la exmandataria Lucía Corpacci.
El cierre de la discusión estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien repasó la discrepancia histórica entre psiquiatras y psicólogos y denunció una estigmatización contra los profesionales médicos «como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido». La jefa de la bancada libertaria destacó que ambas disciplinas son «necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad», enfatizó que «hoy no se puede actuar ante situaciones» de riesgo extremo y que «se dejó un tema sin resolver». Para graficar la disparidad del sistema, la parlamentaria recordó la asimetría profesional en el país, donde conviven cerca de «100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras».
El texto sancionado establece que las evaluaciones para internaciones requerirán la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, y «una segunda firma correspondiente a un psicólogo», habilita las «teleconsultas sincrónicas para intervenciones psiquiátricas», mantiene la «prohibición de crear manicomios o desarrollar prácticas manicomiales» y restituye la obligación de «financiamiento y cooperación económica de la Nación a las provincias». Asimismo, contempla que las internaciones voluntarias sean comunicadas a la Justicia y que los jueces puedan solicitar informes y peritajes, mientras que aquellas que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en un período de dos años, serán consideradas prolongadas.
En un nuevo gesto de independencia política frente a los hermanos Milei, Bullrich respaldó a Victoria Villarruel en un reclamo institucional ante el Gobierno. La Cámara alta aprobó por unanimidad un pedido para que la vicepresidenta participe de la recepción del papa León XIV durante su visita a la Argentina y encabece una delegación de legisladores que pueda reunirse con el pontífice. La jefa del bloque de La Libertad Avanza acompañó la iniciativa y volvió a mostrar un margen de autonomía frente a la conducción de la Casa Rosada. La resolución, firmada por los titulares de todas las bancadas, solicita formalmente a Cancillería que garantice la representación institucional del Senado en el encuentro previsto para el 8 de noviembre en el Palacio Libertad, invita al Pontífice a visitar el Congreso y dirigir un mensaje ante la Asamblea Legislativa, y pide que reciba a una delegación de senadores encabezada por Villarruel, si su agenda lo permite.
El primer resultado concreto de la jornada había sido la aprobación del régimen de incentivos a las inversiones, una iniciativa presentada por Vischi que busca fomentar proyectos productivos mediante beneficios fiscales. El esquema contempla inversiones desde los 12 millones de dólares y apunta a empresas que no necesariamente quedan comprendidas en los esquemas existentes. Entre los beneficios previstos figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. Durante la negociación, el texto incorporó modificaciones reclamadas por legisladores aliados para proteger la participación de proveedores e insumos nacionales. La Cámara alta también incluyó la regulación del mercado de créditos de carbono, una iniciativa que busca establecer reglas para el registro y la comercialización de certificados vinculados con proyectos de reducción de emisiones.
La agenda parlamentaria contempló además el tratamiento de iniciativas impulsadas por senadores aliados, entre ellas la creación de un Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos, proyectos sobre educación emocional y cartas gastronómicas adaptadas con pictogramas, y la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Puerto Madryn. En el plano administrativo, se trataron pliegos judiciales y de la Cancillería, incluido el de Esteban Mahiques para promoverlo a categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase. En paralelo, quedó encaminada la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presente su informe de gestión ante el Senado el próximo 25 de noviembre. El funcionario acordó esa fecha con Bullrich, por lo que perdió fuerza la posibilidad de forzar una citación inmediata durante la sesión.
La jornada había comenzado con la asunción de Claudia López, en reemplazo de Juan Carlos Pagotto, quien falleció el pasado 29 de septiembre, junto con las cuestiones de privilegio y el ingreso de pliegos. El Gobierno envió nuevas postulaciones al Poder Judicial y ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. De este modo, la sesión combinó la sanción de normas de fuerte impacto social y económico con señales políticas de relevancia, en una muestra de la compleja geometría que atraviesa la relación entre el oficialismo, sus aliados y la conducción de la Cámara alta.
