La magistrada Mariel Borruto ratificó la vigencia de la cautelar que desde septiembre impide a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum ejecutar obras en el yacimiento offshore, al tiempo que admitió la participación acotada de la provincia fueguina en el litigio impulsado por excombatientes y profesionales ambientalistas.
La jueza Mariel Borruto formalizó la incorporación de la provincia de Tierra del Fuego al proceso judicial que persigue frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion y reafirmó la plena vigencia de la medida cautelar que, desde el 16 de septiembre, veda a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum dar inicio o continuidad a cualquier tipo de trabajos en la zona. La causa fue promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) en forma conjunta con la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, y constituye uno de los frentes legales más relevantes en torno a la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago.
La resolución dictada por la magistrada prohíbe expresamente a las compañías ejecutar perforaciones, montar infraestructura submarina, desplegar unidades flotantes de producción o llevar adelante obras terrestres y portuarias de apoyo, hasta tanto se concrete una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente. De acuerdo con los fundamentos del fallo, esa restricción continúa firme porque aún no se incorporaron al expediente los informes ordenados oportunamente ni se notificó a las empresas demandadas, requisitos ineludibles para revisar el alcance de la medida.
En cuanto a la intervención de Tierra del Fuego, que se concretó por intermedio de su Fiscalía de Estado, el tribunal la admitió de manera restringida. La provincia actuará en carácter accesorio y subordinada a la parte actora, con la posibilidad de formular alegaciones, aportar elementos de juicio y promover prueba, pero sin habilitación para ampliar el objeto de la demanda ni para introducir pretensiones autónomas. Borruto sustentó esa limitación en que la Fiscalía no presentó una posición material diferenciada y comparte el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva.
El tribunal también rechazó el pedido de incorporar recaudos adicionales para revisar la cautelar y de ordenar a Rockhopper y Navitas la presentación de pólizas de seguros y garantías ambientales. Del mismo modo, se desestimó la convocatoria del Estado nacional, al entender que ya se ordenaron informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, cuya incorporación al expediente sigue pendiente.
Sea Lion es un yacimiento offshore situado en el Atlántico sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad. De avanzar conforme a lo previsto, se convertiría en el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago. El hallazgo del yacimiento se remonta a mayo de 2010, cuando Rockhopper anunció el descubrimiento de petróleo en la zona. Tras años de estudios, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, lo que implica que el proyecto es considerado viable desde el punto de vista técnico y económico.
Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera fase apunta a una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028. La inversión inicial será de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo, a los que se sumarán otros USD 2.100 millones para el resto de la explotación, que se proyecta a 30 años.
