Organizaciones sociales denunciaron ante la CIDH un patrón sistemático de abusos en las cárceles salvadoreñas, mientras Nayib Bukele anuncia planes de excarcelación masiva que generan dudas sobre su legalidad y transparencia
Descargas eléctricas, golpizas brutales, aspersiones de gas pimienta, ahogamientos forzados y hasta suspensión de cuerpos por sus extremidades. Estas son algunas de las prácticas de tormento que, según denuncias presentadas esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversas organizaciones civiles, se aplican de manera sistemática en los centros penitenciarios de El Salvador desde la instauración del régimen de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele.
David Morales, exfuncionario de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y jurista de Cristosal, detalló durante la audiencia que hasta la fecha se han contabilizado 454 decesos dentro de los recintos carcelarios, incluyendo 33 mujeres, tres niñas y un niño entre las víctimas fatales. El dato más alarmante, según el abogado, es que el 78 por ciento de los fallecidos no mantenía ningún tipo de nexo con estructuras pandilleriles. Morales advirtió además sobre la posible complicidad del Instituto de Medicina Legal en el encubrimiento de estos hechos, pues los informes de autopsia atribuyen las muertes a edemas pulmonares o cerebrales pese a que los cadáveres evidencian signos claros de violencia física. El jurista fue categórico al afirmar que se ha comprobado la práctica de tormentos antes y después de las detenciones, lo que configura, en sus palabras, verdaderas ejecuciones extrajudiciales.
Durante la misma comparecencia, las organizaciones denunciantes cuestionaron la actitud pasiva del Estado salvadoreño frente a lo que describieron como violaciones flagrantes y reiteradas a los derechos fundamentales. Esta audiencia tuvo lugar apenas una semana después de que Bukele sorprendiera al anunciar que su administración contempla un plan para excarcelar anticipadamente a miles de personas apresadas por colaborar con pandillas, decisión que ha recibido duras críticas desde diversos sectores, quienes señalan que la potestad de otorgar libertades recae exclusivamente en los jueces y no en el Poder Ejecutivo.
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 93 mil salvadoreños han sido privados de libertad, y diversos casos han sido calificados como detenciones arbitrarias. Un estudio realizado por Cristosal en 2024 sobre una muestra de reclusos concluyó que la mayoría fue aprehendida de manera fraudulenta y posteriormente acusada de pertenecer a estructuras criminales.
El pasado 13 de octubre, ante las preguntas de una periodista acerca de una supuesta comisión integrada por uno de los hermanos del mandatario que analizaría la situación de los detenidos, el presidente confirmó la existencia de dicho plan de liberación y, por primera vez en años, expresó su deseo de derogar el régimen de excepción. Sin embargo, la repercusión de tales declaraciones fue de tal magnitud que, tres días más tarde, durante la visita de su homóloga costarricense Laura Fernández Delgado, Bukele dedicó dieciocho minutos de una conferencia para intentar aclarar el anuncio.
Con tono irónico, el mandatario explicó que su intención era revisar aproximadamente la mitad de los casos de personas encarceladas por colaborar con pandillas, mas no de los pandilleros propiamente dichos. «Se lo vamos a explicar con dibujitos, para que no haya duda, y traje dibujos», expresó mientras proyectaba en pantalla estadísticas sobre la población penitenciaria salvadoreña, información que hasta ese momento solo manejaba su administración. Según los datos revelados, las cárceles albergan a 120.965 reclusos, de los cuales 96.457 están vinculados a pandillas. De esa última cifra, 10.629 han sido categorizados como colaboradores, término que para el gobierno designa a quienes no pertenecen directamente a las estructuras criminales pero contribuyeron en determinadas circunstancias a la comisión o encubrimiento de delitos. Sobre este grupo, afirmó, se analiza la posibilidad de incorporarlos a un programa de reinserción para que no cumplan la totalidad de sus condenas.
Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, advirtió que la frontera entre quién es considerado pandillero y quién colaborador está siendo trazada por el propio Ejecutivo. Resulta difícil evaluar este proceso basándose únicamente en las declaraciones presidenciales, pero si lo que existe es una comisión integrada por personas cercanas al mandatario, no hay garantías de independencia ni de rigor técnico. El jurista también señaló que no está clara cuál sería la situación jurídica de los liberados, pues para acceder a la libertad es necesario haber cumplido parte de una pena, y esa determinación corresponde exclusivamente a un juez. Además, recordó que un grupo de juristas internacionales especializados en investigar violaciones a derechos humanos presentó informes ante instancias como Naciones Unidas señalando que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción, y recomendó la creación de un mecanismo independiente del Ejecutivo que revise los casos de los detenidos.
Ábrego profundizó en la lógica perversa que subyace al plan oficial: las personas deben aceptar ser culpables, aunque no lo sean, para poder acceder a un beneficio. Esto genera un incentivo distorsionado, pues alguien detenido injustamente, sin juicio y con un horizonte de años de prisión, puede preferir admitir una culpa que no tiene a cambio de ingresar a un programa de reinserción y salir más rápido.
El régimen de excepción ha permitido modificar profundamente la legislación salvadoreña en los últimos años. Así se aprobó la cadena perpetua, aplicable a partir de los doce años; se incrementaron las penas para delitos relacionados con pandillas; la ley autoriza juicios masivos sin individualizar las acusaciones y deja a los imputados sin el pleno ejercicio del derecho a la defensa. A mediados del año pasado, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló que seis de cada diez salvadoreños temen represalias si critican al gobierno.
Un reconocido penalista salvadoreño, que prefirió hablar bajo condición de anonimato, sostuvo que habría que esperar para ver si estas declaraciones se traducen en reformas legales, aunque se mostró escéptico al respecto. Considera que existe una represión absoluta en el país, con un elevado porcentaje de la población privada de libertad de manera arbitraria e ilegal, y que las recientes declaraciones de Bukele son solo parte de su discurso, pues revelan que es él quien dispone si se libera o no a los detenidos.
En esa misma línea, Ábrego indicó que aunque han existido condenas masivas, el mandatario insiste en la narrativa oficialista de que todos los procesados son pandilleros y no admite que algunas personas puedan ser inocentes. Cabe recordar que en 2024 el propio Bukele había reconocido que, del total de detenidos hasta entonces, unas ocho mil personas habían sido apresadas por error.
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen, organización que surgió a inicios del régimen de excepción y que aglutina a unos cinco mil familiares de detenidos, planteó que en caso de que exista la comisión que analiza las liberaciones anticipadas, deben incluirse personas de la sociedad civil y el proceso debe ser observado por organismos internacionales. «Le hemos tomado la palabra a Bukele, pero tenemos muchas dudas, porque no sabemos quiénes integran esa comisión. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, el secreto es total», concluyó.
El Estado salvadoreño, advierten los denunciantes, se encuentra cooptado por el mandatario. Bukele llegó al poder por voto popular en 2019 y dos años después su partido obtuvo los primeros diputados en el Congreso, quienes en alianza con otros destituyeron al Tribunal Constitucional y al Fiscal General que investigaba negociaciones de su gobierno con pandillas, para luego instalar en esos cargos a personas afines al oficialismo. En 2024, tras una reforma constitucional, Bukele fue reelegido y, mediante otra enmienda, buscará nuevamente la reelección el próximo año.
