El organismo que conduce Sergio Rodríguez asumió la acción penal en lugar del fiscal Eduardo Taiano, cuestionó los sobreseimientos dictados por el juez Martínez de Giorgi y advirtió que la investigación se cerró de manera prematura, con peritajes inconclusos, pruebas desestimadas y una trama financiera que aún no termina de esclarecerse.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) irrumpió con fuerza en el caso $LIBRA y le imprimió un giro decisivo al expediente. El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en la causa, asumió la acción penal en reemplazo del fiscal Eduardo Taiano —quien había sostenido que no se cometieron delitos— y solicitó formalmente la reapertura del caso. En un escrito de quince páginas, la Procuraduría calificó de “prematuros” los sobreseimientos que beneficiaron al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, a los denominados criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, al estadounidense Hayden Davis y al exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, entre otros involucrados. “No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, sentenció el documento, que puso el foco en peritajes inconclusos sobre teléfonos celulares y sobre la ruta del dinero, en conversaciones eliminadas, en pruebas valoradas de manera deficiente y en un apartamiento cuestionable de las víctimas del presunto ilícito.
La intervención de la PIA había sido reclamada días atrás por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que actúan como amigos del tribunal en el expediente. Ambas entidades solicitaron que la Procuraduría asumiera la función acusadora que Taiano había dejado vacante, con sustento en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que prevé esa facultad cuando un fiscal abandona la investigación en pleno trámite, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso. El fiscal Taiano había presentado el jueves 22 de octubre por la mañana un dictamen en el que proponía los sobreseimientos, pese a que aún pendían medidas que él mismo había ordenado. El juez Marcelo Martínez de Giorgi los dispuso y cerró la causa al día siguiente, pasado el mediodía. Horas después, el magistrado partió de vacaciones. Por esa razón, quien recibió en los últimos días las apelaciones de las querellas fue el juez Daniel Rafecas, que lo subroga por dos semanas y que también tuvo en sus manos el planteo de la PIA. Ese mismo jueves, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le propuso a Milei el nombramiento de Rafecas en la Cámara Nacional de Casación, cargo para el que concursó, y entregó un proyecto para enviar su pliego al Senado.
El juzgado deberá responder, aunque sea con un “téngase presente”, tanto al reclamo de los querellantes contra los sobreseimientos como al planteo de la Procuraduría, que presentó además una apelación en subsidio por si le rechazan asumir la acción penal. Ese escenario hará que indefectiblemente se abra una nueva instancia de discusión en el expediente. Los antecedentes de la Corte Suprema y de Casación Federal juegan a favor de la incorporación de la Procuraduría a la causa, organismo que, en rigor, tuvo participación en los inicios de este mismo caso y que luego no continuó porque Taiano no la convocó como auxiliar, a diferencia de lo que suelen hacer otras fiscalías. La PIA ya había asumido la acción en expedientes de relevancia como el caso Skanska.
La teoría de la falta de engaño, en la mira
Uno de los problemas de fondo que señaló la Procuraduría es el argumento central de los sobreseimientos, según el cual no hubo estafa porque no existió engaño alguno destinado a inducir a error a quienes compraron LIBRA, y presentaba la operación como una inversión para fondear pequeñas empresas argentinas, algo que finalmente no sucedió.
“La incipiente o ausente regulación legal de las monedas virtuales no constituye una carta blanca de indemnidad para sus promotores ni un obstáculo que desampare a los inversores frente a maniobras defraudatorias”, sostuvo Rodríguez. “Menos aún resulta admisible decretar” que no hubo delitos “en una etapa tan primigenia de la investigación, y más aún cuando el temperamento adoptado ha dejado al margen a las propias víctimas del ilícito”. El funcionario recordó que las querellas, aunque hayan sido apartadas, conservan ese carácter porque la Sala II de Casación aún no se expidió sobre ellas. Agregó que correspondería incluir, además de los delitos ya señalados —estafa, incumplimiento de deberes, cohecho y tráfico de influencias—, figuras contra el orden económico, entre ellas la manipulación del mercado.
La ruta de los fondos, una trama sin terminar de desentrañar
Según Rodríguez, el expediente requiere profundizar la investigación de la prueba ya obtenida, es decir que, sobre lo que existe, a su entender resta mucho análisis. La trazabilidad de movimientos sospechosos de fondos quedó inconclusa, recuerda, porque en la Procuración no adquirieron la licencia para utilizar el software necesario y solo pudieron trabajar en el asunto durante el período de prueba. La PIA advierte que, más allá de un estudio adicional de la Policía Federal, no consta que se hayan explorado posibles alternativas para completar las medidas. La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) habían detectado transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a Hayden Davis, creador de $LIBRA, en fechas coincidentes con su encuentro con Milei en la Casa Rosada, quince días antes del lanzamiento del token y también en días posteriores. Los intermediarios fueron un jubilado, Orlando Mellino, que recibió algo más de un millón de dólares el 30 de enero de 2025, y el financista cripto Camilo Rodríguez Blanco, que recibió cuatro millones el 4 de febrero, justo cuando Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia que, tras el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, vaciaron su madre y su hermana.
Rodríguez Blanco y Mellino interactuaban con cuentas ligadas a Novelli. El primero tenía contacto directo con el trader y le conseguía efectivo para cambiar cripto. En alguna comunicación quedó claro que era para pagarle “a Karina”, con quien tenía un vínculo previo al Gobierno, al igual que con el Presidente. Parte de esa trazabilidad fue reconstruida también por la Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados, pero no fue escuchada en tribunales. La SIFRAI y la DGRADB informaron que esos fondos podían perfectamente estar ligados a funcionarios públicos, pero que había que rastrearlos. Taiano, además, había pedido a Estados Unidos información vinculada a las operaciones realizadas en plataformas alojadas en ese país. La respuesta fue que resultaban insuficientes los elementos enviados “para mostrar la conexión entre las personas investigadas, los delitos denunciados y los registros requeridos”. Sin embargo, desde la fiscalía argentina nunca se modificaron los datos enviados para propiciar una respuesta completa.
Lo mismo, pero al revés: maniobras de entorpecimiento leídas a favor de los imputados
La PIA cuestiona que, al dictar el sobreseimiento, el juez y el fiscal hicieron una lectura de las maniobras de entorpecimiento atribuibles a los imputados en beneficio de ellos mismos y dejaron cabos sueltos. La madre y la hermana de Novelli, Alicia Rafele y Pía Novelli, llenaron y vaciaron sus cajas de seguridad en fechas clave de la trama, pero como al momento de los allanamientos, tres semanas después del escándalo, estaban vacías, según el sobreseimiento no habría nada que reprocharles. Algo similar ocurrió con el teléfono celular de Morales, incautado en los mismos procedimientos: no tenía prácticamente nada, ni siquiera historial de WhatsApp, y de hecho lo habría cambiado, pero esa circunstancia no fue interpretada como un intento de burlar la investigación. Novelli, por su parte, había eliminado conversaciones con el contacto “Karina Milei RRPP” en su dispositivo, pero no se le dio la trascendencia de un posible borrado de pruebas.
El celular de Novelli y los contratos bajo la lupa
La Procuraduría marca la presencia de elementos relevantes en el dispositivo de Novelli que fueron objeto de peritajes de acotado alcance. Uno es el presunto acuerdo hallado en el bloc de notas, “discutido con H”, que sería Davis, y que preveía tres pagos: un millón y medio de dólares de adelanto, otro millón y medio por un tuit de Milei y dos millones con la firma del contrato con Milei y su hermana. El otro es un archivo que contenía una carta de intención de Kelsier, representada por Hayden Davis, dirigida al presidente de la Nación, en la que se ofrecía asesoramiento ad honorem en materia de blockchain y criptomonedas. El argumento para descartar su análisis fue que no tenía firmas, pero no se tomaron medidas adicionales ni se profundizó el estudio de los celulares, y tampoco se tuvo en cuenta un pago registrado por la hermana de Novelli relacionado con ese presunto contrato. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se había encargado de extraer y analizar el contenido de celulares y notebooks. De allí surgieron no solo los documentos, sino conversaciones y llamados telefónicos que no fueron valorados pese a ser sumamente llamativos en el contexto del lanzamiento de $LIBRA, que tuvo un crecimiento estrepitoso y un colapso de su valor en cuestión de pocas horas. Por el celular de Novelli se cotejó que él estaba en Dallas con Davis y Terrones Godoy cuando se lanzó el token, y que habló ocho veces con Milei en los momentos críticos, también con su hermana, con Demián Reidel y con Santiago Caputo. Nada de eso fue analizado.
El argumento del juzgado para restarle valor es que el resultado del peritaje de la DATIP se había filtrado a los medios y que se habría roto la cadena de custodia. En rigor, había sido ocultado a las querellas, pero cuando la periodista Natalia Volosin publicó el primer documento, el peritaje ya estaba en manos de la fiscalía. Sobre ese punto, Rodríguez fue categórico al afirmar que el sobreseimiento no “ha valorado datos que surgen de los informes de análisis realizados por la DATIP, descerrajando un manto de duda sobre una cadena de custodia que se habría debilitado, en base a afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
Más datos ignorados y una certeza que brilla por su ausencia
La Procuraduría también cuestionó que no se haya hecho un análisis contextualizado de las reuniones autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei en 2024, en particular las protagonizadas por Novelli y Morales, ya que “constituyen indicios que, valorados de manera conglobada, robustecen la hipótesis delictiva del caso; todo lo contrario a lo sostenido por el fiscal y resuelto por el magistrado de grado”. “Los informes elaborados por la propia Secretaría General de la Presidencia o las opiniones emitidas por la Oficina Anticorrupción resultan, en esta instancia, de valor relativo, toda vez que el objeto de la investigación apunta precisamente a la determinación de si efectivamente existió un consenso de voluntades dirigido a obtener de manera ilícita un beneficio patrimonial indebido”, agregó. Como ya se informó, la Oficina Anticorrupción sostuvo que el tuit de Milei había sido emitido por fuera de su actividad oficial, en su cuenta personal de X, y que tampoco se usaron recursos públicos para el lanzamiento. La Secretaría Legal y Técnica excusó a Karina con el argumento de que no participó en el Tech Forum, el evento donde se cocinaron los vínculos con los criptochantas. Para la PIA tampoco resulta un absurdo invocar el fallo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que cerró la demanda civil vinculada con Kelsier, la empresa de Davis, porque se trata de tribunales de otro país. Y sumó como una incongruencia haber desestimado posibles aportes de Nadia Beller, la expareja del consultor Fernando Cerimedo que habló públicamente de la corrupción en Argentina, pero que solo declaró como testigo en la causa sobre las anomalías en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y no dijo nada sobre $LIBRA.
El cierre anticipado de una causa, afirma Rodríguez, “exige un estado de certeza absoluta sobre la inexistencia de delito o la falta de responsabilidad del imputado, debiendo basarse en prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de dubitación”. Queda claro que, para el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ese escenario está lejos de configurarse en el expediente $LIBRA.
