La fiscalía solicitó al Tribunal Oral Federal que rechace la salida extraordinaria de Miguel Ángel Pérez, condenado por crímenes de lesa humanidad y actualmente juzgado por otra causa. El caso replica el pedido denegado al ex capellán Christian Von Wernich
El Servicio Penitenciario Federal, organismo que depende de Alejandra Monteoliva, incorporó a un represor condenado a prisión perpetua en la nómina de internos habilitados para participar de la misa que el papa León XIV celebrará en la provincia de Córdoba. Se trata de Miguel Ángel Pérez, quien permanece alojado en la colonia Monte Cristo, un establecimiento de régimen semiabierto situado en territorio cordobés. La decisión generó inmediatas repercusiones en el ámbito judicial y entre organismos de derechos humanos.
La inclusión de Pérez en el listado surgió a partir de una solicitud remitida al SPF por el sacerdote Daniel Nardini, asesor de la pastoral carcelaria, quien requirió que un grupo de personas privadas de libertad pudiera participar del oficio religioso que oficiará Robert Prevost. Según consta en el expediente, la petición contaba con el respaldo explícito del obispo de Córdoba, Ángel Rossi. Los criterios establecidos para seleccionar a los participantes exigían que los internos se encontraran en período de prueba del régimen penitenciario, con calificación diez ejemplar y con salidas transitorias sustentadas en el denominado régimen de palabra de honor, modalidad que permite a los detenidos egresar y regresar por sus propios medios.
El lunes último, el SPF se pronunció favorablemente respecto de la incorporación de Pérez a la nómina de asistentes a la ceremonia pontificia. Sin embargo, este viernes el auxiliar fiscal Facundo Trotta presentó un pedido formal ante el Tribunal Oral Federal de Córdoba para que se rechace la autorización de la salida extraordinaria. El representante del Ministerio Público fundamentó su solicitud en la gravedad de la condena que pesa sobre Pérez —prisión perpetua por delitos de lesa humanidad— y en el hecho de que el imputado enfrenta actualmente un nuevo proceso judicial por crímenes contra la humanidad en el marco de la denominada causa Di Santo, donde se le atribuye responsabilidad por tormentos agravados.
El planteo de Trotta también contempló las posibles consecuencias que la presencia del represor podría ocasionar en las víctimas y sus familiares. En ese sentido, el fiscal sugirió que el tribunal cordobés considere la resolución adoptada horas antes por el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata, que denegó la solicitud del sacerdote represor Christian Federico von Wernich, quien pretendía ser trasladado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumple condena, hasta la cárcel de Devoto para presenciar la visita papal. En aquel caso, el juez Claudio Silvestre rechazó el pedido del ex capellán de la Policía Bonaerense, también condenado a prisión perpetua, luego de que el obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, intentara interceder en su favor sin éxito.
La trayectoria criminal de Pérez quedó documentada en el juicio que lo tuvo como protagonista. El represor, que se desempeñaba como cabo en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 2 “General Balcarce”, fue juzgado por su actuación durante la última dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1976, Pérez y su superior, el teniente Enrique Mones Ruiz, condujeron a los presos políticos alojados en el pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba hacia el patio de recreo. Con la excusa de realizar una requisa, los formaron. Mientras caminaba, Pérez golpeó con un bastón de goma en la cabeza a Raúl Augusto Bauducco, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores conocido por sus compañeros como “Paco”. Tras el bastonazo, Bauducco no pudo levantarse. Pérez le ordenó ponerse de pie y lo amenazó con matarlo si no lo hacía. Según los sobrevivientes, le bastó con un gesto de asentimiento de su jefe para dispararle en el rostro y quitarle la vida.
Durante el debate oral, Pérez intentó presentar el episodio como un accidente, alegando que se le había disparado el arma. Aprovechó la instancia para recriminar al Ejército por haberlo enviado a la cárcel sin la preparación suficiente, afirmando entre lágrimas que “el Ejército argentino me arruinó la vida” y repitiendo que “el cabo no es el culpable de todo”, mientras señalaba a sus superiores. En ese mismo juicio estaban sentados el dictador Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y responsable de la represión en diez provincias del país.
El Tribunal Oral Federal desestimó la versión del accidente y concluyó que se trató de un asesinato. Los magistrados también interpretaron que parte de las palabras vertidas por Videla en ese proceso constituyeron una respuesta a las declaraciones de Pérez. En aquella oportunidad, el dictador asumió su responsabilidad por todo lo sucedido y afirmó que “mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes”.
En el ámbito de la Justicia cordobesa se multiplicaron los cuestionamientos hacia la determinación del SPF de incluir a un condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad en el listado de presos habilitados para asistir a una misa papal, aun cuando registre buena conducta dentro del establecimiento carcelario. Las críticas apuntan a la incompatibilidad entre la gravedad de los delitos cometidos y la posibilidad de acceder a un beneficio de salida extraordinaria en el marco de un evento de estas características.
Paralelamente, un grupo de organizaciones pro-impunidad envió días atrás una nota al nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, para solicitarle al papa que se ocupe de los represores durante su estadía en el país. Los firmantes pidieron que los visite o que los mencione con el objetivo de forjar lo que denominaron un camino de “reconciliación”. La solicitud contrasta con el pedido de la fiscalía y con la postura de los organismos de derechos humanos, que consideran inadmisible cualquier gesto que equipare a las víctimas con los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
