La intervención de una de las mayores entidades financieras del país dejó a casi tres millones de usuarios sin acceso a sus ahorros, desplomó las ventas del comercio y desató un pedido de juicio político contra Santiago Peña que amenaza con fracturar al oficialismo
La decisión del Banco Central del Paraguay de suspender las operaciones de Ueno Bank, adoptada el lunes 2 de noviembre, desencadenó una tormenta financiera, económica y política de proporciones inéditas para el país guaraní. La entidad, que había construido su crecimiento sobre una estrategia de apertura masiva de cuentas digitales, contabilizaba 2.941.996 clientes hacia junio de 2026, una cifra que roza la totalidad de la población ocupada del país, estimada en 3,2 millones de personas. De ese universo, alrededor de medio millón dependía de manera exclusiva de sus servicios, por lo que quedó directamente expulsado del sistema financiero cuando se interrumpieron las operaciones.
El golpe se tradujo de inmediato en la vida cotidiana. La imposibilidad de disponer de los depósitos, utilizar tarjetas, retirar efectivo o concretar transferencias provocó una caída del 35 por ciento en las ventas comerciales, mientras miles de pequeños comerciantes y trabajadores independientes perdieron la herramienta indispensable con la que recibían pagos, compraban mercadería y sostenían sus actividades. La demanda extraordinaria de apertura de cuentas en otras instituciones financieras generó, además, serias dificultades operativas en los sistemas de las entidades receptoras ante la llegada masiva de nuevos usuarios.
Detrás del derrumbe asoma una trama de irregularidades que las inspecciones del Banco Central venían detectando. El índice de solvencia de la entidad había descendido hasta 5,56 por ciento, muy por debajo del mínimo obligatorio de 12 por ciento, en un contexto de deficiencias en los mecanismos de evaluación crediticia, inconsistencias en la documentación utilizada para aprobar préstamos y operaciones de financiamiento de gran magnitud con empresas presuntamente vinculadas al grupo controlador. Las autoridades debieron introducir correcciones contables superiores a 1,6 billones de guaraníes y se topó con la imposibilidad de recomponer encajes obligatorios por 70 millones de dólares. El cuadro derivó en la resolución de la entidad y en la detención de su CEO, Miguel Vázquez, mientras avanzan las investigaciones sobre las responsabilidades empresariales.
Para los ahorristas, la incertidumbre central pasa por saber cuándo podrán recuperar su dinero. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura equivalente a 75 salarios mínimos, unos 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente 38.600 dólares por depositante, pero esa garantía no implica una devolución inmediata. El Banco Central anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por persona, cerca de 1.675 dólares, mientras el resto de los depósitos garantizados deberá restituirse mediante un cronograma oficial que establece un plazo inicial de 15 días corridos desde la resolución, prorrogable por otros 15. Quienes superen el límite de cobertura quedarán sujetos al resultado del proceso de recuperación y transferencia de activos.
El terremoto financiero también comprometió recursos públicos de enorme sensibilidad. El Instituto de Previsión Social mantenía inversiones cercanas a 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes a aproximadamente el 9 por ciento de su cartera, y la entidad administraba además el pago de haberes de unos 32.000 jubilados. También quedaron involucrados fondos de la Administración Nacional de Electricidad y de la represa binacional de Itaipú, lo que amplifica la gravedad del episodio.
El escándalo alcanzó de lleno al presidente Santiago Peña, quien había sido accionista de Ueno Holding y mantuvo vínculos empresariales con el grupo hasta marzo de 2025. Las sospechas se profundizaron porque, tras asumir la Presidencia, designó al entonces titular de Ueno Bank, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, organismo encargado de supervisar a las entidades financieras. La crisis obligó al mandatario a pedirle la renuncia y abrió una disputa institucional de dimensiones desconocidas para su administración, con un pedido de juicio político en el Congreso que podría sumar respaldos incluso dentro de su propio Partido Colorado.
El episodio interpela, además, el discurso de Javier Milei, que suele presentar a Paraguay como referencia por su estabilidad macroeconómica, sus bajos impuestos y su inversión privada. Ahora, la experiencia paraguaya exhibe los riesgos de una expansión financiera acelerada cuando los controles resultan insuficientes, y deja al descubierto que el modelo que el mandatario argentino pregona como ejemplo arrastra fisuras capaces de sacudir a un gobierno entero.
