La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó el recurso de los afectados por la criptomoneda promovida por el Presidente, lo que podría permitirles apelar la absolución dictada días atrás y evitar que el expediente quede archivado.
La situación del mandatario Javier Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA parece lejos de resolverse a su favor. A escasos diez días del fallo absolutorio que generó fuerte repudio y de sus declaraciones pidiendo la «hoguera» para los periodistas que investigaron el caso, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió aceptar un recurso interpuesto por los querellantes para volver a formar parte del expediente. Si bien la medida no constituye una definición de fondo sobre la responsabilidad del jefe de Estado, sí representa un paso procesal clave: habilita la revisión del rechazo que habían impuesto las instancias previas, lo que al menos abre una mínima posibilidad para que el colectivo de damnificados por la divisa digital impulsada por el Presidente logre impedir que la investigación quede definitivamente engavetada.
Esta decisión del tribunal de alzada se suma al pedido de apelación que presentó sobre el final de la semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que asumió la acción penal en sustitución del fiscal Eduardo Taiano, quien oportunamente había sostenido que no se habían configurado delitos en el accionar bajo scrutiny. La convergencia de ambas movidas judiciales refuerza la posición de quienes buscan que el caso no se cierre prematuramente y que se examine con mayor profundidad el rol del mandatario en la promoción del activo digital que derivó en pérdidas para numerosos inversores.
El fallo de la Sala II de Casación, aunque de alcance limitado, introduce un nuevo capítulo en una trama que combina la investidura presidencial con la volatilidad de los mercados cripto y la disputa por el acceso a la justicia de los afectados. La reincorporación de los querellantes, de confirmarse en las próximas instancias, les otorgaría la legitimación necesaria para impugnar la absolución del Presidente y de otros involucrados, transformando radicalmente el panorama procesal de una causa que hasta hace pocos días parecía encaminada hacia su clausura definitiva.
