Tras semanas de cruces por la logística ante la llegada del papa León XIV, la edición 35 de la movilización porteña mantendrá su convocatoria para el sábado 7 de noviembre. El colectivo desmintió presiones eclesiásticas, acordó una nueva cabecera sobre la 9 de Julio y llega al encuentro con un pliego atravesado por urgencias sanitarias, legislativas y sociales.
A poco más de un mes de su realización, la trigésima quinta edición de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires quedó envuelta en una disputa logística e institucional que sometió a prueba la capacidad de articulación del movimiento. Con el argumento de preservar la seguridad y de despejar la Plaza de Mayo de movilizaciones masivas antes del arribo del papa León XIV, el Gobierno porteño propuso reprogramar la marcha para el sábado 21 de noviembre. La respuesta de las organizaciones reunidas en la Comisión Organizadora fue categórica: mantener de manera inquebrantable la cita fijada desde el año anterior para el sábado 7 de noviembre. Más allá del impacto operativo sobre pasajes, alojamientos colectivos y grillas artísticas reservadas por activistas de todo el país, la propuesta municipal fue interpretada por diversos sectores como una provocación que terminó por convertirse en emblema de resistencia.
Si bien desde el Ejecutivo de la Ciudad se insinuó en un primer momento que la postergación obedecía a un pedido del Vaticano y del Gobierno Nacional, las gestiones del propio colectivo desarmaron esa versión. Organizaciones católicas LGBT+ que integran la comisión consultaron de manera directa al Arzobispado porteño y a asesores en Roma, y obtuvieron la confirmación de que la Iglesia no había objetado la coincidencia de fechas ni había solicitado mover la movilización. En simultáneo, la vocería de la Casa Rosada negó en conferencia de prensa cualquier reparo con la marcha del 7 de noviembre. El conflicto quedó así circunscripto a una tensión en torno a la gestión de Jorge Macri, el operativo de seguridad y el uso del espacio público.
En el seno del espacio organizador convivieron miradas con distintos matices sobre la manera en que se tramitó la disputa. Para Matías Alejandro Romero, activista, productor y director del Archivo VIH, el desenlace favorable de las conversaciones evidenció la madurez institucional alcanzada por el movimiento. “A pesar del error enorme del Gobierno de la Ciudad al querer prohibir y cambiar la fecha de la marcha, me dio tranquilidad la noticia de saber que la comunidad pudo resolver con el diálogo el sostener que la marcha se realizará en la fecha consensuada. Después de tantos años, la Comisión Organizadora demostró madurez en su articulación política”, evalúa Romero, y subraya la importancia de sostener lazos interseccionales con gobiernos, sindicatos y organizaciones sociales.
Desde la perspectiva de la organización federal, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+ e integrante de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Nacional, remarca la imposibilidad de alterar los planes del colectivo a tan poco tiempo de la convocatoria. “La fecha de la marcha se decide el año anterior. Hay un montón de organizaciones y de personas que organizan sus pasajes y estadías ahorrando todo el año para poder viajar y no podíamos, a poco más de un mes, cambiarles la fecha”, explica Rachid, quien sintetiza el sentido profundo de ganar las calles en la coyuntura política actual: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia: es la única forma de hacerle frente a toda esta violencia y discriminación”.
Por su parte, Martín Canevaro, integrante de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica, resalta que la firmeza colectiva reafirma el carácter histórico de una marcha donde fiesta y reclamo resultan inseparables. “La Marcha del Orgullo siempre tuvo un sentido de resistencia. Desde las primeras convocatorias, cuando salíamos a la calle para reclamar derechos básicos, hasta las marchas en las que pudimos celebrar los logros alcanzados, en nuestra historia celebración y reclamo siempre fueron de la mano”, afirma Canevaro. Frente al avance de discursos hostiles, añade: “No alcanza con resistir cada ataque por separado: necesitamos encontrarnos, ampliar las alianzas y construir una fuerza colectiva capaz de ponerle un límite al odio y a la exclusión”.
La lectura sobre el valor político de la visibilidad y el intento municipal de postergar la convocatoria encuentra en Gabriela Ivy, politóloga trans, un análisis enfocado en la fortaleza de la organización popular. “Yo lo veo como un intento de invisibilizar la marcha, porque pedir cambiar la fecha con un mes de anticipación es una forma de decir: ‘Cancelá lo que hiciste’. Lograr convencer al Gobierno de la Ciudad de que se sostenga es una victoria de la organización colectiva”, sostiene Ivy.
Una mirada analítica sobre la dinámica del espacio público y la cultura política contemporánea es aportada por Alejandro Modarelli, escritor y periodista, quien destaca la potencia de la movilización a la vez que advierte sobre los sesgos individualistas del presente. “El hecho de que la comunidad haya logrado sostener la fecha revela que el movimiento LGBTIQ+ en Argentina es considerado como un actor de peso que no conviene atacar, porque moviliza las calles y el número de manifestantes es inmenso”, argumenta Modarelli. No obstante, llama a trascender los particularismos identitarios: “Nuestra comunidad no se sustrae a una cierta tendencia de la época, narcisista e individualista. Tenemos que tener la habilidad de identificar las cuestiones socioeconómicas con el auge de los discursos de odio. Nuestra visibilidad es un impulso para zamarrear a los que se adocenaron”.
El acuerdo sellado con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad dispuso mantener la marcha el sábado 7 de noviembre, modificando la cabecera de concentración, que se ubicará sobre la avenida 9 de Julio, en el cruce de Lima y Belgrano, con sentido hacia el Congreso Nacional. Sin embargo, persisten discrepancias logísticas. Rachid advierte que reunir a la multitud exclusivamente en la calle Lima resulta “materialmente inviable” ante una concurrencia estimada en más de tres millones y medio de personas, al tiempo que exige garantías técnicas para las presentaciones artísticas confirmadas de María Becerra, La Joaqui y Rosé.
El pliego de demandas unitario aborda urgencias legislativas y sanitarias impostergables: el reclamo de una Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores a través del proyecto “Reconocer es Reparar”; la exigencia al Congreso Nacional para que rechace los decretos de necesidad y urgencia 61 y 62/2025, que restringen la atención de salud e identidad de género en menores de 18 años; y la provisión regular de medicamentos y reactivos garantizados por la Ley Integral de VIH.
En un contexto socioeconómico complejo y de repliegue del Estado en políticas de diversidad, la movilización del sábado 7 de noviembre se consolida como un hito de convergencia. Como coinciden las voces consultadas, la ocupación de la calle trasciende la coyuntura: representa el territorio primordial donde la comunidad transforma el orgullo en respuesta colectiva y exige compromisos concretos a la clase política de cara a los próximos desafíos electorales.
