Mediante el Decreto 1350/2026, el Ejecutivo declaró de interés público una iniciativa privada para administrar y modernizar el complejo que une Argentina con Brasil, aunque la concesión aún deberá atravesar una licitación pública.
El Poder Ejecutivo nacional, bajo la conducción de Javier Milei, formalizó un nuevo movimiento en su estrategia de concesiones al declarar de interés público la iniciativa privada destinada a administrar, explotar y modernizar el Centro de Fronteras Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La decisión quedó plasmada en el Decreto 1350/2026, difundido el miércoles último a través del Boletín Oficial, y alcanza tanto al Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) como al Área de Control Integrado (ACI), infraestructuras que articulan el vínculo terrestre con la ciudad brasileña de Uruguayana.
La norma contempla un esquema de concesión que se extendería por dos décadas, con la opción de sumar cinco años adicionales, período durante el cual el futuro operador privado asumirá la responsabilidad integral de las inversiones, el sostenimiento y la operación del predio. Si bien la medida representa un escalón decisivo en la política de transferencia de activos a manos privadas impulsada por la administración libertaria, lo cierto es que la privatización todavía no constituye un hecho consumado: el decreto habilita la prosecución del trámite y la confección de un llamado a licitación pública para elegir al concesionario.
La relevancia de esta frontera excede lo meramente local, dado que se trata de un corredor neurálgico para el intercambio comercial con Brasil y uno de los ejes principales del transporte internacional de mercancías. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, a lo largo de 2025 se contabilizaron 3.016.946 movimientos migratorios en Paso de los Libres, sumando entradas y salidas del territorio nacional, lo que lo posicionó como el tercer paso terrestre con mayor tránsito de personas del país, únicamente superado por Puerto Iguazú y Posadas-Encarnación. A ello se agrega que el propio Gobierno lo cataloga como la segunda aduana de mayor importancia a nivel nacional, considerando que por sus instalaciones transitan más de mil camiones cada día.
En cuanto al proceso de selección, la convocatoria inicial recibió ocho propuestas privadas, de las cuales siete fueron desestimadas por no reunir los requisitos exigidos. La única que logró superar esa instancia fue presentada por un consorcio conformado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA. El proyecto en cuestión abarca la repavimentación de caminos, la actualización de los sistemas de control y pesaje, la incorporación de tecnología para la inspección de cargas y diversas mejoras en las instalaciones ya existentes.
Asimismo, el plan prevé la construcción de una estación de servicio, talleres mecánicos, alojamientos para transportistas, espacios comerciales, una unidad de atención médica y un parque solar con capacidad de un megavatio. Un aspecto central del esquema es que la inversión deberá ser financiada en su totalidad por el concesionario privado, sin que se contemplen desembolsos de fondos públicos para ejecutar las obras. La Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, tendrá la misión de elaborar los pliegos y organizar la licitación, con la intervención del Ministerio de Economía. El decreto entró en vigor el 11 de noviembre, fecha de su publicación oficial, aunque aún no fija el momento en que comenzará la administración privada del complejo.
