Mientras miles de fieles peregrinaban bajo el sol para ver a León XVI, un sector privilegiado disfrutaba de un catering contratado por casi 8.700 millones de pesos; la oposición denuncia negocios con amigos del poder y el oficialismo intenta desligarse de un escándalo que ya llegó al Parlamento
La visita del papa León XVI al país, que debía constituir un acontecimiento de comunión espiritual y masiva participación popular, derivó en un conflicto político de proporciones que involucra contrataciones millonarias, sospechas de favoritismo y un manejo discrecional de las acreditaciones periodísticas. El epicentro del malestar fue una estructura VIP montada en las proximidades del Monumento de los Españoles, donde el sumo pontífice ofició la misa multitudinaria del lunes, y que se convirtió en símbolo de un estilo de gestión cuestionado por amplios sectores.
La indignación se propagó con velocidad entre quienes habían caminado durante horas o soportado las inclemencias del tiempo para estar cerca del sucesor de Francisco, al observar las imágenes de celebridades, hombres de negocios y funcionarios públicos disfrutando de un espacio privilegiado con servicio de catering. La situación se agravó por la exclusión de centenares de profesionales de la prensa que, pese a haber iniciado los trámites correspondientes, quedaron sin sus credenciales a tiempo para cubrir el evento.
El escándalo llega al Parlamento
El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para convocar a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con el objetivo de que brinden explicaciones sobre la identidad de los invitados al sector privilegiado y las contrataciones directas efectuadas en el marco de la visita papal. Su par Marcela Pagano, por su parte, radicó una denuncia penal para que se investiguen las adjudicaciones, entre ellas la producción integral del evento a DF Entertainment y la participación de Tech Security, firma vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Paulón fue categórico al señalar que resulta inadmisible que, en un contexto de crisis y ajuste severo, y con el mensaje papal sobre un Estado al servicio de los más necesitados como telón de fondo, diversos funcionarios aprovechen la ocasión para hacer negocios particulares, favorecer a amistades y otorgar un trato diferenciado a figuras del espectáculo y empresarios allegados al poder. El legislador reclamó conocer el costo del catering, las carpas y los demás servicios, quién los financió y por qué se recurrió a contrataciones de excepción cuando la visita pontificia había sido anunciada con meses de antelación. Puso especial énfasis en la adjudicación por 8.690 millones de pesos a DF Entertainment y solicitó que se informe si existieron aportantes privados que recibieron ubicaciones preferenciales, interrogantes que también fueron canalizados mediante un pedido de acceso a la información pública.
Pagano, en tanto, sostuvo en sus redes sociales que la misa papal no resultó gratuita para los fieles y que, como todo lo que queda bajo la órbita de Karina Milei, la visita del pontífice se transformó en un negocio de miles de millones para los amigos. Denunció que se destinaron 8.690 millones de pesos a una sola empresa, sin licitación y con una única oferta, mientras numerosos fieles aguardaban a varias cuadras de distancia tras haber viajado durante días para acercarse al Santo Padre, en tanto la farándula VIP argentina disfrutaba de un catering costeado con recursos de los contribuyentes. En su presentación penal solicitó que se investigue la adjudicación de la organización de la misa a DF Entertainment, la participación de Tech Security en la seguridad privada y de Purgato S.A. en las tareas de limpieza, poniendo la lupa sobre Fernando y Adrián Menem, hermanos del titular de la Cámara baja, quienes figuran entre los accionistas de la firma de seguridad.
Periodistas excluidos y responsabilidades difusas
Según reconstruyó este diario a partir del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA, fueron centenares los periodistas afectados. Una fuente consultada relató que alrededor de 1.600 personas se acercaron a retirar sus credenciales y, al llegar, les comunicaron que de las 1.000 previstas solo entregarían 300, lo que dejó equipos de trabajo desarmados. En algunos casos se acreditó al periodista pero no al camarógrafo, y lo más grave, según las fuentes, es que existía un primer compromiso de acreditación, con profesionales que habían viajado desde distintos puntos del país.
En la Cancillería reportaron que la organización también perjudicó a la prensa extranjera. Una fuente del Palacio San Martín reveló que Quirno y el vicecanciller excluyeron a periodistas que no deseaban, sacándolos de las listas de acreditados, y entre los diplomáticos de carrera se evaluaba presentar una queja interna al cierre de esta edición. El episodio coincidió con el debut de Beatriz de Morra como nueva vocera de Cancillería, tras el escándalo protagonizado por Quirno al publicar chats privados de su oficina de prensa con periodistas.
Al cierre de esta edición, tanto el Gobierno nacional como la Ciudad se deslindaban de la vergonzosa carpa. Las fuentes consultadas ubicaron la responsabilidad del armado en tres dependencias: la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la Cancillería. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intentó minimizar la situación al afirmar que, revisando todo lo realizado en un evento de tal magnitud, le parecía que las medialunas y los budines estuvieron de más, aunque consideró que tampoco se trató de un lujo descomunal como se plantea.
El peronismo opta por el silencio estratégico
En una semana de baja intensidad parlamentaria, el bloque de Unión por la Patria prefirió mantenerse al margen y apostar al desgaste del oficialismo y sus aliados del PRO. Una fuente del bloque explicó que no tienen por qué involucrarse y que conviene dejar que se desgasten. Muchos diputados pasaron la tarde del martes en Luján para participar de la misa multitudinaria que el Papa brindará este miércoles antes de concluir su visita, y el presidente del bloque, Germán Martínez, se mostró colaborando con un equipo de voluntarios en sus redes sociales.
En paralelo, el diputado Carlos Castagneto presentó un proyecto para citar al titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, para que explique por qué resolvió suspender mediante una resolución las pensiones no contributivas por invalidez laboral, un hecho que calificó como discriminatorio y cruel.
El escándalo de la carpa VIP, lejos de disiparse, continúa escalando y promete convertirse en un dolor de cabeza persistente para un gobierno que enfrenta cuestionamientos crecientes sobre el destino de los fondos públicos y la transparencia en la gestión de eventos de magnitud.
