Nancy Fernández, presidenta de la entidad y docente de la UNTDF en Ushuaia dijo que temen que la justicia se vea viciada en su imparcialidad. Además criticó la construcción del puerto de Río Grande argumentando que está en planificado en un lugar con alto impacto para la reserva Costa Atlántica.
Río Grande 22 de marzo.- En declaraciones a FM LA Isla, Nancy Fernández, presidenta de la Asociación Manekenk de Ushuaia se refirió al reclamo que hizo público la entidad ante la falta de celeridad de la justicia en la investigación por los incendios forestales. “La justicia parece que decide informar, además por redes sociales, cuando alguien reclama, nosotros lamentamos mucho que esto no tenga la relevancia mediática que ha tenido el incendio.«
En ese sentido, la docente de la UNTDF señaló que “es importante que la comunidad conozca que cometer un acto de imprudencia tiene sus consecuencias, sabemos que hay tres imputados, sabemos que pertenecen al emprendimiento Corazón Fueguino y esperamos que la justicia aplique el rigor de la normas, porque la pérdidas, no solamente en dinero, sino también en costos ambientales para los próximos 150 años son altísimas”.
Fernández dijo que están preocupados porque “la justicia a las casusa ambientales las dejan dormir, las dejan caer”, señaló y, llamativamente, afirmó que una de las conclusiones de la durante la conferencia “Justicia y Medioambiente” -con presencia de jueces federales y el integrante de la SCJN Ricardo Lorenzetti- fue que hay que “empezar a usar los vericuetos de la ley para sancionar”. “Porque si no parece ser que nunca pasa nada”, agregó.
En ese orden de cosas, señaló que el público en general no tiene acceso al seguimiento de las causas de penales formadas a partir de daños a los intereses difusos, según la han asesorado sus abogados.
“Además sabés que pasa también, como todo pueblo chico la gente se conoce y si no han trabajado juntos en una oportunidad es en otra , de hecho el juez primeramente se excusa de la causa porque había tenido una relación laboral con uno de los posibles imputados, la cámara de apelaciones le rechaza la excusación le devuelve la causa, y nada, somos una provincia pequeña donde la gente se conoce en su mayoría y se corren estos riesgos”, dijo y agregó, “me preocupa que no haya cierta neutralidad, cierta imparcialidad, mirar la cosa desde un punto de vista más general y global y que se mesclen las cosas personales en el medio”.
Por otra parte, Fernández habló sobre el rechazo a la construcción del puerto de Río Grande en estancia Las Violetas, argumentando que “está pensado en el lugar inapropiado”. Vale aclarar que la docente de la UNTDF señaló que el rechazo no es sobre la construcción de un puerto, sino estrictamente sobre el lugar elegido.
“Además con un diseño que lo dice el mismo estudio de impacto ambiental, es altamente perjudicial para la Reserva Costa Atlántica”, afirmó.
“La Estado ha decido hace muchos años que la costa era un lugar vulnerable y debería ser protegido y por eso declaro esos 220 kms de reserva y hoy están pensando en que les molesta que sea reserva, porque quieren llevar adelante un montón de emprendimientos que son necesarios, que no digo que no son necesarios, son absolutamente pertinentes, pero que lamentablemente no son posibles”, afirmó y señaló que según el estudio, el puerto podría comerse hasta 300 metros de costa debido a la erosión, al tiempo que manifestó la preocupación por las mareas extraordinarias.
Además, sumó que se trata de un puerto costa adentro que precisa de que se inunde terreno hacia adentro (se trata de una cava de varios metros hacia el interior del terreno) lo cual, según manifestó contaminaría las napas freáticas y restos arqueológicos.
Además, dijo que el puerto solo funcionaría con la marea alta, con lo cual se cuestionan si vale la pena invertir 380 millones de dólares en un puerto que solo se puede utilizar durante 12 horas al día, cuestionamiento que, muy llamativamente, pone en tela de juicio la capacidad de Grupo Mirgor para planificar sus negocios. Asimismo, cuestionó si el Estado está en condiciones de delegar en una empresa privada el ingreso y egreso de importaciones y exportaciones.
