El gobierno de Javier Milei despliega una estrategia que combina decisiones administrativas cuestionables y maniobras judiciales polémicas para acorralar a la vicepresidenta y borrar el legado kirchnerista.
Una estrategia de persecución política
Perseguir, proscribir y erradicar parecen ser los verbos clave en la agenda del gobierno de Javier Milei y el sector judicial afín al macrismo y al mileísmo. El blanco principal: Cristina Fernández de Kirchner. Pero incluso el fallecido Néstor Kirchner ha sido objeto de estas acciones. Desde la condena dictada por la Cámara de Casación, que ha sido señalada como controvertida incluso por figuras cercanas al oficialismo como Rodolfo Barra y Mariano Cúneo Libarona, hasta la eliminación de la asignación vitalicia que le correspondía a la expresidenta, las medidas han provocado un fuerte debate político y jurídico.
El gobierno de Milei no solo decidió actuar sin respaldo judicial, sino que tomó decisiones que socavan los derechos básicos de defensa, eliminando de un plumazo derechos adquiridos. A esto se suma la remoción del busto de Néstor Kirchner en la ANSES y el cambio de nombre de obras emblemáticas como el gasoducto que vincula Vaca Muerta. Estas acciones, lejos de ser administrativas, parecen tener como objetivo borrar cualquier vestigio del kirchnerismo.
Ficha Limpia: una ley que apunta a la proscripción
La agenda oficialista avanza esta semana con el intento de aprobar en la Cámara de Diputados la ley conocida como Ficha Limpia , que busca impedir la candidatura de Cristina Kirchner. Aunque presentada como una medida de transparencia, la normativa ha sido criticada por su carácter inconstitucional, ya que vulnera el principio de presunción de inocencia garantizado por la Constitución Nacional.
El antecedente más relevante es el fallo de la Corte Suprema que habilitó a Carlos Menem a ser candidato a senador pese a contar con condenas no firmes. En ese entonces, la Corte confirma que un ciudadano solo puede ser excluido de una elección si existe una condena definitiva. Bajo este criterio, Cristina podría presentarse como candidata, incluso si la ley fuera aprobada. Sin embargo, el intento de silenciar a figuras progresistas parece ser el verdadero objetivo, como ya ocurrió con Lula Da Silva en Brasil.
El fallo de la Cámara de Casación: entre el espectáculo y la polémica
El exministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, calificó como un «espectáculo teatral» la lectura pública del fallo de la Cámara de Casación que condenó a Cristina Kirchner. Esta práctica inusual, criticada por su carácter mediático, destacada por la falta de pruebas sólidas y el uso excesivo de adverbios como “claramente” o “obviamente” para justificar una sentencia basada en argumentos repetidos.
Además, el jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, refutó uno de los pilares de la condena: la firma del decreto 54/2009. Según Barra, este decreto fue legal y se utilizó para financiar obras en todo el país, no exclusivamente para beneficiar a Lázaro Báez, como sostiene la acusación. Incluso Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, cuestionó públicamente si la participación de Cristina en los hechos está probada, concluyendo que «el concepto es no».
El apriete económico: eliminar la asignación vitalicia
En una medida sin precedentes, Javier Milei decidió suprimir la asignación vitalicia que corresponde a Cristina Kirchner por haber sido presidenta y por ser viuda de Néstor Kirchner. Los especialistas preventivos señalan que esta asignación no es una jubilación, sino un derecho adquirido por el ejercicio del cargo. Además, remarcan que eliminarla sin un juicio previo ni derecho a defensa constituye una violación flagrante del procedimiento administrativo.
El argumento de Milei, que intenta equiparar la condena de Casación con un juicio político, carece de sustento legal. En otros países, como Estados Unidos, las asignaciones para expresidentes solo se pierden en casos de destitución por juicio político, y no por condenas judiciales. La decisión del gobierno, tomada sin dictamen jurídico previo, ya se perfila como un caso que podría terminar en los tribunales con un fallo favorable para Cristina Kirchner, obligando al Estado a pagar intereses y costas legales.
Un contexto de revancha política
Más allá de las cuestiones judiciales y administrativas, las acciones del gobierno tienen un fuerte tinte simbólico. El cambio de nombres en obras públicas, la eliminación de referencias al kirchnerismo y los intentos de proscripción recuerdan a épocas pasadas, como el decreto 4161 de la Revolución Libertadora, que penalizaba cualquier mención a Juan Domingo Perón y Eva Perón. Estos movimientos no solo buscan desacreditar a figuras políticas, sino también reescribir la historia reciente.
Conclusión: una batalla política con impacto judicial
La ofensiva contra Cristina Kirchner y su legado trasciende el ámbito judicial y se inscribe en una estrategia más amplia de persecución política. Desde intentos de proscripción hasta ataques económicos, el gobierno de Javier Milei se posiciona en un camino que no solo polariza el escenario político, sino que también genera un profundo debate sobre la legitimidad y el alcance de estas medidas. Mientras tanto, la figura de la expresidenta sigue siendo central en el tablero político argentino.
