Los municipios buscan desarmar la instalación por considerarla una amenaza a la soberanía nacional y un incumplimiento de normativas locales. El intendente Harrington lidera la medida, respaldado por Río Grande.
Una acción concreta contra el radar extranjero
El Municipio de Tolhuin, acompañado por Río Grande, presentó una acción judicial para exigir la demolición del radar de LeoLabs, instalado en suelo fueguino sin autorización municipal y señalado como un riesgo para la soberanía nacional. La medida marca un antes y un después en una controversia que lleva años, con reclamos de veteranos de Malvinas y advertencias del Ministerio de Defensa.
El respaldo de Río Grande y la figura de «amicus curiae»
El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, confirmó que su municipio se sumará al proceso como amicus curiae (amigo del tribunal), una figura legal que permite apoyar la postura de Tolhuin sin ser parte directa en la causa. «Es una forma de respaldar al intendente Daniel Harrington y a los vecinos, frente a una obra que vulnera normativas y compromete la seguridad nacional», explicó Díaz.
La decisión judicial se basa en un incumplimiento de la ordenanza municipal de Tolhuin, que nunca otorgó permisos para la construcción del radar. En septiembre de 2023, el municipio ya había emitido una resolución de demolición, pero la empresa recurrió, dilatando el proceso. Ahora, con el aval de la Justicia, se busca ejecutar esa orden.
Soberanía y desinformación: Las claves del conflicto
El radar, operado por la empresa estadounidense LeoLabs, ha sido cuestionado desde su instalación. Un informe del exministro de Defensa Jorge Taiana alertó sobre su potencial para monitorear actividad militar y satelital en el Atlántico Sur, beneficiando a terceros países. Incluso, la propia empresa admitió en un simposio en 2024 que proveía datos al Reino Unido, lo que reforzó las sospechas.
«No hay pruebas de que el radar esté desactivado«, remarcó Díaz, desmintiendo versiones previas. «Tenemos un informe oficial que señala el riesgo, pero ningún documento que garantice lo contrario».
El camino judicial y las responsabilidades políticas
El proceso se enfoca primero en la demolición, pero abre la puerta a investigar responsabilidades políticas. Legisladores provinciales impulsan una comisión investigadora, similar a las del Congreso, para esclarecer cómo se autorizó la obra. «Si nadie tiene nada que ocultar, no debería haber obstáculos», señaló el secretario.
Harrington y Díaz coincidieron en que, tras años de «polémica mediática y desinformación«, era crucial actuar. «No podemos permitir que una empresa ignore nuestras leyes», afirmó el intendente de Tolhuin.
¿Qué sigue?
La demanda es un proceso sumarísimo, pero se prevé que LeoLabs presente recursos. Mientras tanto, ambos municipios y veteranos de Malvinas presionan para que la Justicia actúe rápido. «Primero, el desarme; después, las responsabilidades», resumió Díaz.
Con esta medida, Tolhuin y Río Grande envían un mensaje claro: la defensa de la soberanía comienza por respetar las normas locales.
