Un fallo judicial en Nueva York exige la entrega del paquete accionario mayoritario de la petrolera estatal, en medio de un litigio millonario por la estatización de 2012. Desde el Gobierno argentino aseguran que la resolución es apelable y minimizan su impacto inmediato.
La jueza federal Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que la Argentina debe ceder el 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión que reclaman una indemnización multimillonaria por la nacionalización de la empresa en 2012. La decisión judicial, que aún puede ser recurrida, pone bajo la lupa el controvertido proceso mediante el cual el Estado argentino adquirió el control accionario a la española Repsol, sin ofrecer compra a los demás socios minoritarios.
El litigio fue impulsado por el fondo Burford Capital, especializado en financiar demandas legales, que adquirió los derechos de acción del Grupo Petersen Energía y de IEASA. Estos accionistas habían presentado una demanda tras la expropiación, argumentando que el gobierno incumplió con la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los inversores, tal como establecían los estatutos de YPF desde su privatización en 1993, durante la gestión de Carlos Menem.
Burford Capital, que desembolsó 16 millones de dólares en 2015 para hacerse con los derechos legales de Petersen, podría embolsarse el 70% de una eventual indemnización, mientras que el 30% restante quedaría en manos de los acreedores del grupo Eskenazi, dueño original de la participación accionaria.
Un Fallo con Repercusiones Jurídicas y Políticas
Desde el ámbito legal argentino, se cuestiona la competencia de un tribunal estadounidense para resolver un conflicto que, según los abogados defensores, debería dirimirse en jurisdicción local. Los representantes del país sostienen que la legislación civil argentina no contempla reclamos entre accionistas por incumplimiento de estatutos corporativos, además de limitar las compensaciones económicas salvo en casos excepcionales.
Asimismo, destacaron que, al momento de concretarse la compra definitiva de las acciones por parte del Estado en 2014, Petersen Energía ya no figuraba como accionista, lo que agregaría otro argumento para impugnar el fallo. En un tono crítico, los letrados plantearon un hipotético escenario inverso: «Si un tribunal extranjero condenara a Estados Unidos bajo su propia legislación por hechos ocurridos en su territorio, creando una figura legal inexistente y exigiendo el pago de billones de dólares, la comunidad internacional reaccionaría con estupor», señalaron.
A pesar de la gravedad de la resolución, fuentes cercanas a YPF restaron dramatismo al asunto, señalando que el fallo no tendrá efectos inmediatos y que existen herramientas legales para recurrirlo. Sin embargo, el caso reaviva el debate sobre los riesgos jurídicos que enfrenta el país en disputas internacionales, especialmente aquellas vinculadas a decisiones de política energética.
Mientras el gobierno analiza los pasos a seguir, la sombra de un posible embargo a activos argentinos en el exterior vuelve a proyectarse, en un contexto económico ya complejo para la administración nacional.
