En medio de escándalos recurrentes, internas y privilegios enquistados, crecen las voces que exigen una reforma estructural. El doctor Francisco Giménez analiza los desafíos de un sistema que opera como una «casta» inalcanzable y reclama una intervención urgente de la clase política.
El Poder Judicial de Tierra del Fuego atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. Lo que antes eran murmullos en pasillos hoy estalla en escándalos públicos: jueces vinculados a fideicomisos millonarios, pruebas custodiadas bajo sospecha, comunicados polémicos de asociaciones de magistrados y una interna que expone la fragilidad del sistema. Frente a este panorama, el doctor Francisco «Paco» Giménez no duda: «Es una corporación que debe explicaciones».
En diálogo con FM la Isla, Giménez trazó un hilo conductor entre los casos recientes —como el del juez Leonelli, el camarista Fernández o la custodia del teléfono en manos de la doctora Barrionuevo— y un patrón histórico de opacidad. «Esto no es nuevo. Viene desde jueces que se apropiaban de terrenos fiscales o tenían estudios jurídicos privados. La diferencia es que ahora, con las redes y la inmediatez, ya no se puede ocultar», afirmó.
Los privilegios que blindan al sistema
Uno de los puntos más críticos, según Giménez, es la arquitectura legal que protege al Poder Judicial de cualquier control externo. «Si la Legislatura quisiera modificar las licencias de los jueces o impedir que sus familiares ingresen al sistema, no podría. Es un privilegio absurdo», denunció. Además, recordó que solo los propios jueces del Superior Tribunal pueden proponer cambios en su composición: «¿Dónde queda la voz del pueblo?».
La inamovilidad de los magistrados —cargos vitalicios— y la falta de transparencia en las declaraciones juradas profundizan el problema. «Si un intendente nombrara a su esposa o hijo en un puesto público, sería un escándalo. Pero en el Poder Judicial ocurre y nadie lo cuestiona», señaló. Giménez incluso desafió: «Que publiquen la nómina completa de empleados. Veríamos cuántos apellidos se repiten entre jueces, familiares y allegados».
La politización de los concursos
Otro eje es el rol del Consejo de la Magistratura, acusado de operar como una extensión del poder político. «Todos saben quién será el juez designado antes de que se abran los concursos. Hay padrinos y acuerdos bajo la mesa», aseguró. Para Giménez, esto explica por qué los magistrados responden a líneas partidarias: «Cuando hablás de un fiscal, inmediatamente decís ‘este es de fulano’. Y ese fulano suele ser un referente político».
¿Reforma constitucional o perpetuación del status quo?
Ante la posibilidad de una Asamblea Constituyente —impulsada por el fallo del Superior Tribunal—, Giménez propuso ampliar el debate para incluir al Poder Judicial. «La Legislatura podría modificar la convocatoria y revisar estos privilegios. Pero hay que animarse», insistió. Sin embargo, advirtió sobre la resistencia de los jueces: «Ellos no quieren una reforma amplia. Prefieren que todo siga igual».
El llamado a la clase política
Para Giménez, la solución requiere un acuerdo transversal entre los partidos. «Dejen de lado sus diferencias y discutan qué hacer con un Poder Judicial que gasta el 90% de su presupuesto en salarios y no rinde cuentas». Criticó además la complacencia social: «La gente prioriza sus urgencias, pero esto es grave. Si no actuamos ahora, se consolidará como una casta intocable».
La pregunta final
Con un presupuesto equiparable al de un municipio pero sin obligación de obras públicas, el Poder Judicial fueguino enfrenta un dilema existencial: ¿Puede seguir resolviendo conflictos ciudadanos mientras su propia casa arde en sospechas? Para Giménez, la respuesta es clara: «Sin transparencia y sin reformas, no hay legitimidad que valga».
