Tras el decreto que elimina el organismo, autoridades provinciales advierten sobre la falta de claridad en el traspaso de responsabilidades, deudas pendientes y el futuro de la conectividad vial en la región.
La decisión del Gobierno nacional de disolver Vialidad Nacional ha generado un clima de incertidumbre en Tierra del Fuego, donde las autoridades provinciales aún no han recibido información oficial sobre cómo se implementará el traspaso de competencias y qué ocurrirá con los convenios vigentes. Iliana Zarantonello, presidenta de Vialidad Provincial, confirmó que, hasta el momento, solo se sabe que el personal continuará trabajando «hasta que se completen los actos administrativos», pero sin precisiones sobre el destino de las rutas, los recursos o las deudas pendientes.
Uno de los puntos críticos es el mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 3, eje clave para la conectividad en la provincia. Zarantonello destacó, en delaraciones a FM La Isla, que el camino requiere «inversiones urgentes» tras años sin mantenimiento adecuado, especialmente en tramos como el Paso Garibaldi, donde la señalética y el asfalto presentan graves deterioros. Sin embargo, la posibilidad de que la ruta sea concesionada parece lejana: «El tránsito es limitado y los costos de mantenimiento invernal son altos. No parece atractivo para privados», señaló.
La preocupación crece ante la posibilidad de que la provincia deba absorber la gestión de la ruta sin garantías de financiamiento. Actualmente, Vialidad Provincial ya mantiene caminos complementarios con recursos propios, a pesar de un adeudo de $350 millones por parte de la Nación. «Si nos transfieren la ruta, ¿con qué fondos la mantendremos? No hay respuestas», afirmó Zarantonello. Además, cuestionó la viabilidad de operar maquinaria obsoleta o sin repuestos, un problema recurrente en la región.
El decreto también plantea dudas sobre el futuro del Consejo Vial Federal, que sería reemplazado por un representante del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, los presidentes de las vialidades provinciales se reunirán la próxima semana en una asamblea extraordinaria para analizar el impacto de la medida.
En un contexto de ajuste fiscal, las autoridades fueguinas temen que la Nación descargue responsabilidades sin asignar partidas específicas. «El mensaje es claro: no habrá apoyo económico. Nos preocupa cómo afrontaremos esto», concluyó Zarantonello. Con una ruta crítica y sin claridad sobre el esquema futuro, Tierra del Fuego se prepara para un escenario donde la conectividad podría depender, una vez más, de sus propios recursos.
