La decisión de transferir el 90% de las acciones de la empresa estatal a capitales privados reaviva el fantasma de los «tarifazos» y la falta de inversiones que marcaron la gestión de los ’90. Advierten que el servicio podría volverse inaccesible para sectores vulnerables.
El Gobierno Nacional confirmó este viernes el inicio del trámite para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una medida que busca captar divisas para reforzar las reservas del Banco Central pero que despierta fuertes críticas por su impacto social. La empresa, que provee agua potable y cloacas a más de 15 millones de personas en el Área Metropolitana, pasará a ser controlada en un 90% por inversores privados, mientras el resto quedará en manos de los trabajadores.
El anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, generó inmediato rechazo entre especialistas y organizaciones de consumidores, quienes recordaron el fracaso de la privatización de los años ’90. En aquel entonces, bajo la concesión del Grupo Suez, las tarifas se dispararon, el servicio se deterioró y miles de familias quedaron excluidas del acceso al agua. La reestatización en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, permitió recuperar la infraestructura y ampliar la cobertura a 2,3 millones de habitantes.
Un modelo con riesgos para los usuarios
Según trascendidos, el nuevo esquema permitiría cortes de servicio a morosos, ajustes trimestrales indexados a la inflación y la transferencia de costos de obras a los usuarios mediante incrementos en las facturas. «Privatizar el agua implica convertir un derecho humano en una mercancía. Es inevitable que se prioricen las zonas rentables, se reduzca la plantilla laboral y se encarezca el acceso», alertó el abogado Pablo Serdán.
El temor a un «tarifazo» no es infundado: en lo que va de 2024, las boletas de AySA ya acumulan un aumento del 331%, según un estudio de la UBA y el CONICET. Además, el cierre de delegaciones en el conurbano y la migración a un sistema virtual de atención preocupan a los vecinos de barrios populares, donde históricamente el servicio ha sido irregular.
La sombra de un pasado crítico
La primera privatización de Obras Sanitarias, en 1993, dejó un saldo negativo: tarifas dolarizadas, contaminación del Riachuelo por falta de inversiones y un incumplimiento generalizado de metas de cobertura. «Aguas Argentinas extraía agua del Río de la Plata en lugar de invertir en napas subterráneas, lo que saturó y envenenó las fuentes», explicó Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Consumidores.
Pese a este antecedente, el oficialismo insiste en que el modelo mixto —con licitación internacional y oferta pública en bolsa— atraerá capitales para modernizar la red. Sin embargo, analistas como Claudio Boada, de la Unión de Usuarios, son escépticos: «El Estado se lava las manos y traslada la carga económica a la gente. Las empresas privadas exigen rentabilidad, y en un contexto global de crisis, eso se traducirá en precios abusivos».
Mientras el Ejecutivo promete que el proceso tomará un año, la incertidumbre crece entre los acreedores de AySA, que suman miles en el AMBA. El silencio oficial sobre cómo se manejarán las deudas o los subsidios vigentes profundiza el malestar. «Sin regulación estricta, el agua será un lujo», resumió Bassano. La polémica, lejos de apagarse, recién comienza.
