A través de un decreto, se estableció el procedimiento para que inversores extranjeros obtengan la nacionalidad argentina. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión evaluará cada caso y Migraciones tendrá la última palabra.
El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave en su política de atracción de capitales extranjeros al reglamentar el mecanismo mediante el cual inversores de otros países podrán acceder a la ciudadanía argentina. La medida, formalizada a través del Decreto 524/2025 y publicada en el Boletín Oficial, complementa la reforma introducida meses atrás en la Ley de Ciudadanía, que incorporó la figura del «ciudadano por inversión».
Según lo dispuesto, los extranjeros que demuestren haber realizado una «inversión significativa» en el país podrán iniciar el trámite, sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de residencia. La recién creada Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de analizar cada solicitud y determinar si los fondos inyectados cumplen con los requisitos establecidos.
El proceso de evaluación será riguroso. Una vez que la agencia valide el monto invertido, solicitará informes a diversas entidades estatales —como el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera y la Secretaría de Inteligencia— para descartar posibles riesgos para la seguridad nacional. Con esos datos, emitirá un informe detallado que será elevado a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá la facultad de aprobar o rechazar la solicitud en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Esta iniciativa se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la administración de Milei para flexibilizar el ingreso de capitales externos. En línea con este objetivo, el Banco Central eliminó recientemente la restricción que impedía a los inversores no residentes operar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) si habían participado previamente en el mercado de contado con liquidación (CCL).
Fuentes oficiales explicaron que la normativa anterior había perdido vigencia debido a la escasa presencia de residentes en deuda soberana. Además, destacaron que la flexibilización busca facilitar la repatriación de fondos y eliminar barreras burocráticas que desincentivaban la llegada de capitales.
Con estas decisiones, el Gobierno avanza en su estrategia de abrir las puertas a inversiones internacionales, en un contexto donde la desregulación financiera y la simplificación de trámites se perfilan como ejes centrales de la política económica. La ciudadanía por inversión se suma así a un paquete de reformas destinadas a dinamizar la economía y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para empresarios y capitales globales.
