Un informe filtrado revela que el organismo de inteligencia habría monitoreado a dirigentes políticos, gremios y grupos vulnerables. La oposición exige una investigación urgente en el Congreso y avanza con acciones judiciales.
La sombra del espionaje político vuelve a proyectarse sobre el Gobierno
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reactivada mediante un decreto del presidente Javier Milei, enfrenta graves acusaciones por presuntas actividades de vigilancia dirigidas a figuras opositoras, sindicatos y colectivos sociales. Según documentos a los que accedió el periodista Hugo Alconada Mon, el organismo habría elaborado un detallado informe sobre manifestaciones, reuniones políticas e incluso actos culturales previstos para el pasado 9 de julio.
El senador Martín Lousteau, titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia (CBI), confirmó que convocará a una reunión urgente para analizar estos hechos. Desde Unión por la Patria (UxP), advirtieron que presentarán una denuncia penal y exigieron una intervención inmediata del Congreso.
Un informe revelador
El documento, titulado Hechos Previstos 09JUL25, detalla el seguimiento realizado a protestas gremiales, movilizaciones de jubilados y encuentros políticos clave. Entre las actividades registradas figuran una reunión en La Plata entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, así como otro encuentro entre Facundo Manes y Néstor Grindetti. También se menciona la vigilancia de senadores como Eduardo «Wado» de Pedro y Guadalupe Tagliaferri, además de centrales sindicales como la CGT y la CTA.
La investigación periodística señala que el monitoreo habría sido ejecutado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), un área de la SIDE modelada a imagen de la NSA estadounidense. Según el DNU 614/2024, esta agencia está facultada para abordar problemas como el crimen organizado o el narcotráfico, pero no para espiar actividades políticas legítimas.
Cuestionamientos legales y políticos
Cristina Caamaño, exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue contundente al ser consultada por este medio: «No existe ningún argumento legal que justifique recolectar información sobre opositores o manifestantes. Esto viola expresamente la Ley de Inteligencia». Su postura coincide con la del exministro Agustín Rossi, quien subrayó que la SIDE debe enfocarse en amenazas estratégicas, no en persecución política.
La ley 25.520 prohíbe explícitamente que los organismos de inteligencia almacenen datos basados en ideología, afiliación partidaria o actividad sindical. Sin embargo, las acusaciones sugieren que la SIDE habría ignorado estos límites, utilizando métodos como infiltración o análisis de fuentes abiertas.
Reacciones y próximos pasos
El diputado Leopoldo Moreau calificó los hechos como «un ataque a la democracia» y anunció acciones legales. «No permitiremos que se naturalice el espionaje ni la represión», declaró en redes sociales. Mientras tanto, Lousteau coordina con otros legisladores para acelerar la convocatoria de la CBI, donde el tema será tratado como prioritario.
Este no es el primer escándalo que involucra a la SIDE. Anteriormente, se reveló que su Plan de Inteligencia Nacional incluía la vigilancia de críticos al Gobierno, periodistas y defensores de recursos naturales. Además, en mayo trascendió una directiva interna que ordenaba monitorear a sectores vulnerables, lo que derivó en una denuncia del CELS ante la Justicia federal.
Un patrón preocupante
Myriam Bregman, titular del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), vinculó estas prácticas con gobiernos en crisis: «Cuando pierden apoyo, suelen recurrir al espionaje para anticipar resistencias». La diputada insistió en la necesidad de movilización social ante la «pasividad del Poder Judicial».
El escándalo se produce en un contexto ya tensionado por la reciente filtración de un video en el que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofrecía servicios de lobby a un controversial empresario extranjero. Para la oposición, estos episodios reflejan un patrón de abuso de poder que requiere máxima atención institucional.
Mientras las pruebas se acumulan, la pregunta que resuena en los pasillos del Congreso es clara: ¿Está la SIDE cruzando los límites legales para silenciar disidencias? La respuesta, ahora, depende de una investigación que promete avivar el debate sobre los riesgos para las libertades democráticas.
