El Presidente rechazó las normas horas antes del plazo límite, mientras el oficialismo negocia frenéticamente para evitar que la oposición logre los dos tercios necesarios para revertir la decisión.
Con el reloj en contra, Javier Milei rubricó este fin de semana los vetos que anulan la ley de emergencia en discapacidad y las mejoras para los jubilados, ambas sancionadas por el Congreso a principios de julio. La firma se concretó en el último momento posible, justo antes de que expiraran los diez días hábiles establecidos para rechazar las normas. Los decretos serán publicados este lunes en el Boletín Oficial, marcando el inicio de una pulseada legislativa en la que el Gobierno confía en imponerse.
Desde Balcarce 50, la estrategia fue clara: demorar la decisión para ganar tiempo y tejer alianzas que blinden los vetos frente a un eventual intento de la oposición por revertirlos. Fuentes cercanas al Presidente aseguran que hay «buenas expectativas» respecto a los votos necesarios para sostener la medida, aunque admiten que las negociaciones siguen abiertas. El objetivo es claro: evitar que el bloque opositor alcance los dos tercios requeridos en ambas cámaras.
Negociaciones y presiones cruzadas
La Casa Rosada ha desplegado una intensa agenda de contactos con gobernadores y legisladores, aprovechando tanto necesidades políticas como económicas. Algunos mandatarios provinciales, como Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Leandro Zdero de Chaco, mantuvieron reuniones con representantes del Gobierno en los últimos días. Según admiten en el oficialismo, no todos los acercamientos responden a una mera coincidencia ideológica: varios territorios buscan acceder a financiamiento o refinanciar deudas, lo que los coloca en una posición vulnerable frente al Ejecutivo nacional.
En el Congreso, el panorama también parece moverse a favor de Milei. Un grupo de diputados radicales, conocidos como «los radicales con peluca», se sumaron al interbloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja. Su apoyo, junto con el del MID y el PRO, podría asegurar al menos 84 votos para respaldar los vetos. La oposición, por su parte, necesita no solo reunir una mayoría calificada, sino también garantizar la presencia de sus legisladores, ya que las ausencias podrían inclinar la balanza.
El impacto social de las medidas
Las leyes vetadas contemplaban beneficios urgentes para sectores en situación de vulnerabilidad. La norma jubilatoria establecía un incremento del 7,2% en los haberes y un aumento del bono asistencial de $70.000 a $110.000. Por su parte, la emergencia en discapacidad buscaba garantizar derechos básicos, con un costo fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, no ocultó su indignación: «Las familias están en una situación crítica, sin acceso a tratamientos ni transporte por los costos exorbitantes. El veto profundiza esta emergencia y les quita toda posibilidad de una vida digna». Recordó, además, que el Comité de la ONU sobre Discapacidad ya había instado al Gobierno a mantener la ley para cumplir con compromisos internacionales.
En tanto, Eugenio Semino, referente de los jubilados, alertó sobre la desesperación del sector: «Con $300.000 al mes, los adultos mayores no cubren ni alimentación ni medicamentos. Esto es una emergencia humanitaria». Criticó que, mientras se debate el veto, «el jubilado sigue muriéndose de hambre».
El camino por delante
Tras su publicación en el Boletín Oficial, las leyes volverán al Congreso, donde los legisladores deberán decidir si aceptan los vetos o insisten en su sanción. Para revertir la decisión de Milei, ambas cámaras necesitarán reunir dos tercios de los votos en una sesión con votación nominal. Si una de ellas no lo logra, los vetos quedarán firmes.
La oposición ya convocó a una sesión para tratar otros temas urgentes, como la emergencia en salud pediátrica y el financiamiento universitario, pero dejó claro que los vetos no se discutirán esta semana. El tiempo corre, y para miles de argentinos, cada día sin respuestas agrava una crisis que, según los afectados, ya no puede esperar.
