La medida beneficiará al personal militar con incrementos escalonados hasta noviembre, en contraste con la negativa a homologar acuerdos salariales en gremios estatales y privados.
En una decisión que contrasta con su política de restricción salarial, el Gobierno nacional aprobó un incremento del 7,5% para los sueldos de las Fuerzas Armadas, acumulando una suba del 20,5% en lo que va del año. La medida, establecida mediante la Resolución 63/2025 y firmada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa), se implementará de manera gradual hasta noviembre, mientras persiste el congelamiento para otros sectores.
El texto oficial señala que los nuevos montos corresponden al «Haber Mensual» del personal militar, incluyendo a la Policía de Establecimientos Navales, y detalla que los fondos provendrán del presupuesto asignado al Ministerio de Defensa. Con esta disposición, las FFAA lograron superar el límite del 1% impuesto a empleados públicos y trabajadores de la salud, así como a otros gremios cuyos acuerdos aún esperan homologación.
La medida refleja una tendencia similar a la adoptada por el Ministerio de Seguridad hace un mes, cuando Patricia Bullrich autorizó un aumento cercano al 9% para las fuerzas federales, abarcando desde la Policía Federal hasta la Gendarmería y la Prefectura.
Detalle de los nuevos salarios
Los haberes presentarán variaciones según el rango. Por ejemplo, un Voluntario de Segunda Clase o Marinero pasará de $575.163 en junio a $610.510 en noviembre. En tanto, los altos mandos, como los Tenientes Generales o Almirantes, verán sus ingresos escalar desde $2.647.231 hasta $2.809.917 en el mismo período.
Esta política profundiza las tensiones con sindicatos y sectores que reclaman mejoras salariales ante la inflación, especialmente en rubros como Comercio y la industria, donde los acuerdos enfrentan demoras o rechazos. La reciente validación tardía del aumento para la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ejemplifica las críticas por tratamientos desiguales.
Mientras el Ejecutivo insiste en la austeridad para la mayoría, las excepciones en defensa y seguridad reavivan el debate sobre las prioridades en el gasto público.
