La administración de Javier Milei reabrió el espacio de trabajo para los cronistas después de diez jornadas de un cierre sin antecedentes en la historia argentina. Persisten las sombras sobre la libertad de movimientos de los acreditados, mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunciado por corrupción, dilata su anunciada comparecencia ante los micrófonos en medio de una tormenta política, económica y judicial.
Luego de un lapso de diez días en los que el tradicional ámbito reservado a los periodistas dentro del palacio gubernamental permaneció con sus puertas selladas -una medida sin parangón en los anales del país-, el equipo gobernante liderado por Javier Milei decidió habilitarlo nuevamente en la jornada del lunes, aunque sometiendo su uso a un abanico de condiciones restrictivas que generan interrogantes sobre el ejercicio de la profesión en la sede del Ejecutivo.
Paralelamente, desde el círculo más íntimo del mandatario se había anticipado que el propio Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete y señalado en causas judiciales por presuntos actos de corrupción, ofrecería una exposición ante la prensa este mismo lunes. Sin embargo, fuentes consultadas en Balcarce 50 deslizaron que «quizás no alcancen los tiempos para montar el operativo», por lo que la presentación podría postergarse hasta el martes. No obstante, los voceros oficiales mantuvieron una ambigua puerta entreabierta: no descartaron que el funcionario se termine plantando frente a los periodistas, pese a su malhadado antecedente inmediato, cuando abandonó airado una conferencia anterior a raíz de las consultas recibidas.
En ese clima de tensión, atravesado por denuncias por enriquecimiento ilícito, una economía en recesión y confrontaciones internas que se desarrollan a la vista de toda la sociedad, el oficialismo ensaya un nuevo intento por retomar el control de la agenda mediática. La embestida del presidente contra la prensa no ha hecho más que intensificarse desde que La Libertad Avanza asumió el poder. Uno de los momentos más álgidos de ese hostigamiento se registró el 23 de abril pasado, cuando, en vísperas de la visita del magnate tecnológico estadounidense Peter Thiel, Milei resolvió, sin más explicaciones, la cancelación del acceso a la sala destinada a los cronistas.
El domingo, en coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó una crítica velada al Ejecutivo y, sin mencionar al presidente, condenó «la descalificación, la agresión verbal o cualquier modalidad de acoso contra periodistas y medios». Más explícita resultó la Confederación General del Trabajo (CGT), que reivindicó la fecha y subrayó en una publicación: «Un espacio que permaneció abierto incluso durante la dictadura hoy se encuentra clausurado». Los sindicalistas agregaron: «Se cercena a los informadores, se obstaculiza el derecho al conocimiento veraz y se persigue a la prensa. Sin libertad de expresión, no existe democracia». Mientras tanto, Milei continuó en las redes sociales con sus ataques virulentos contra la periodista Luciana Geuna, del canal TN.
La coartada esgrimida por el Gobierno para justificar el cierre de la sala, transmitida de manera extraoficial, aludía a un supuesto informe difundido por un canal de televisión el 19 de abril, en el que se habrían exhibido imágenes de los corredores de la Casa de Gobierno que, según la versión oficial, «comprometían la seguridad nacional». Sin embargo, la realidad es que esas tomas no diferían en absoluto de las que ya circulaban por internet e, incluso, resultan familiares para todo aquel que realiza la visita guiada por Balcarce 50.
Cuatro jornadas después de la emisión del programa que, en teoría, habría puesto en riesgo la integridad presidencial, la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, determinó el sellado de la sala de prensa para que la Casa Militar, que había denunciado a los periodistas involucrados, llevara adelante una «revisión de los sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación con el objetivo de garantizar la seguridad del mandatario». Ese supuesto proceso de inspección, que no fue ordenado por el Poder Judicial -la causa contra los informadores quedó en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita-, le demandó al Gobierno diez días.
El jueves por la noche, cuando se cumplía una semana de la sala cerrada y tras una reunión convocada por la oposición en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo remitió un correo electrónico a algunos medios comunicándoles que las acreditaciones de sus cronistas habían sido finalmente aprobadas. El mensaje indicaba: «se informa que se ha dado curso favorable a su solicitud de acreditación anual para el ingreso a la Casa de Gobierno». Y añadía: «Los periodistas deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad y la credencial oficial». Más adelante, el mismo correo precisaba que la acreditación otorgada habilita a los informadores a acceder a la sala de prensa y a «demás salones donde se lleven a cabo otras actividades y/o eventos, cuando en los mismos se desarrolle una actividad a la que fueran convocados y/o autorizados al efecto». Esa redacción dejó en entredicho la libertad que tendrán los acreditados para transitar por los pasillos que hasta ahora recorrían con habitualidad.
Además, se impusieron restricciones horarias significativas: «el acceso a Casa de Gobierno estará autorizado en el horario comprendido de entre las 6:30 y las 21:00 horas, los días lunes a viernes», según indicó la comunicación oficial.
Por su parte, Manuel Adorni, al cierre de esta edición, aún no había definido si finalmente se presentaría el lunes o si trasladaría su conferencia al martes. «Van a poder interrogar todo lo que deseen», aseguraban sus colaboradores. El jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación judicial, y su comparecencia ante la prensa representa un nuevo intento por enterrar el pasado, simular que nada anómalo ha ocurrido y tratar de instalar ciertos temas, particularmente aquellos vinculados a la agenda legislativa. El Gobierno también muestra debilidad en ese terreno, ya que los gobernadores, incluso aquellos considerados aliados, rechazan, por ejemplo, la reforma electoral que la Casa Rosada remitió al Senado hace semanas.
La última vez que Adorni habló ante los periodistas fue hace un mes, en plena escalada de las acusaciones por corrupción derivadas de inconsistencias en su declaración jurada de bienes. En esa oportunidad, respondiendo a una pregunta de Página12, confirmó que residía en un departamento del barrio porteño de Caballito, inmueble que tampoco había consignado en sus registros oficiales. La novedad más reciente en la causa judicial es el descubrimiento de un nuevo viaje, esta vez doméstico, a la ciudad de Bariloche, donde él y su familia se hospedaron en el lujoso hotel Llao Llao. De acuerdo con el diario Clarín, el traslado aéreo habría demandado un gasto de 1.737.432 pesos y los desembolsos en excursiones y alimentación habrían alcanzado los 2.435.344 pesos.
Pero el dato más llamativo es que el pago de la estadía en el Llao Llao se efectuó tres meses después del viaje y aún se desconoce quién lo abonó. Desde 1997, el Grupo IRSA, perteneciente al empresario Eduardo Elsztain -estrecho aliado del Presidente-, junto al Grupo Sutton, adquirieron la propiedad y son quienes actualmente la controlan. Durante su primera y, hasta ahora, única presentación de gestión ante el Congreso, Adorni aseguró la semana pasada que no había cometido «ningún delito» y se negó a presentar su renuncia. En las filas oficialistas consideran que esa exposición, que contó con el respaldo explícito de Javier y Karina Milei, sirvió para «superar la página». Resta saber si el Poder Judicial y la ciudadanía comparten esa percepción.
Mientras tanto, Adorni deberá continuar brindando explicaciones ante la Justicia acerca de cómo logró incrementar su patrimonio de manera tan notable en apenas dos años y, también, con qué recursos financió la adquisición de todas las propiedades que compró -y omitió declarar- y los numerosos viajes de lujo que realizó junto a su familia. La reapertura de la sala de prensa, con menos libertades que antes, y la incierta conferencia del jefe de Gabinete parecen ser apenas dos piezas más en el complejo rompecabezas de un Gobierno que lucha por retomar la iniciativa en medio de tormentas sucesivas.
