La vicepresidenta acusó a Nicolás Márquez, Lilia Lemoine y otros simpatizantes del oficialismo de instigar violencia contra su figura y el Senado. La pulseada interna escala a los tribunales, con acusaciones cruzadas y vínculos pasados que resurgen.
El conflicto interno dentro de La Libertad Avanza (LLA) ha trascendido los límites de la discusión política para instalarse en los tribunales federales. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, presentó este lunes dos denuncias penales contra figuras cercanas al presidente Javier Milei, acusándolas de orquestar una campaña de hostigamiento que, según su relato, pone en riesgo la estabilidad institucional.
Los blancos de las acusaciones incluyen al escritor Nicolás Márquez —biógrafo y allegado al mandatario—, la diputada Lilia Lemoine —voz frecuente de los hermanos Milei— y operadores digitales afines al oficialismo, como los usuarios conocidos como El Pubertario y El Trumpista. La presentación judicial, radicada en los juzgados de Sebastián Casanello, sostiene que los imputados han incitado a la violencia contra Villarruel en su rol de presidenta del Senado, lo que califica como un ataque directo al sistema republicano.
«Nada de esto ocurriría si no ocupara el cargo que el pueblo me confió», argumentó la vicepresidenta en los escritos, donde subrayó que las agresiones trascienden lo personal: «Buscan debilitar al Poder Legislativo como contrapeso esencial del gobierno». Entre los delitos denunciados figuran amenazas, calumnias y hasta presunta sedición, en un contexto donde la tensión entre el Ejecutivo y su segunda ya es pública.
La reacción no se hizo esperar. Márquez replicó en redes sociales con duras críticas hacia Villarruel, mencionando un supuesto «terrorismo de Estado» y cuestionando si debía esperar «la visita de un grupo de tareas». El intercambio revela la profundidad de la fractura entre quienes, décadas atrás, compartieron espacios en organizaciones como Memoria Completa —vinculada a la defensa de la última dictadura— e incluso capacitaron juntos en instituciones estadounidenses ligadas a la seguridad.
El pasado compartido emerge como un arma. Horas después de conocerse la denuncia, circularon en redes fotografías de un encuentro en 2018 donde Villarruel, Márquez y el referente liberal Agustín Laje compartieron mesa con figuras polémicas como Vicente Massot y José Alfredo Martínez de Hoz (hijo), este último heredero del exministro de Economía de la dictadura. Las imágenes, difundidas por el exbroker Carlos Maslatón, alimentan el cruce entre las partes.
La denuncia también apunta a Francisco García Negre, dueño del medio La Derecha Diario, por difundir la teoría de que Villarruel conspiraría con militares retirados y sectores del peronismo anti-K para desestabilizar el gobierno. En paralelo, se investigarán mensajes de usuarios como El Trumpista, quien en julio pasado exhortó a Milei a «armar milicias populares» para cerrar el Congreso.
El trasfondo político es ineludible. La vicepresidenta insinúa que los ataques responden a un intento de forzar su renuncia, luego de que el Presidente la tildara de «bruta traidora» durante un evento público. Aunque las presentaciones evitan mencionar directamente a la Rosada, solicitan indagar si los denunciados reciben fondos estatales, lo que añade un tinte económico al conflicto.
Mientras los expedientes avanzan en las fiscalías de Guillermo Marijuán y Franco Picardi, el oficialismo parece dividirse entre lealtades. Este lunes, la Fundación Faro —presidida por Laje— organizó un acto en Puerto Madero con Milei como orador estrecho. Entre los asistentes, Lemoine, una de las denunciadas, aplaudió el discurso presidencial que elogió la defensa de «las ideas de la libertad».
La pulseada judicial no es más que el último capítulo de una puja por el poder que ya no oculta su crudeza. Con aliados convertidos en adversarios y acusaciones que rozan lo histórico, la grieta dentro de LLA promete escalar aún más, esta vez, ante la Justicia.
