La expresidenta presentó un recurso extraordinario para modificar su prisión domiciliaria y solicitó la recusación de tres magistrados del máximo tribunal.
En un nuevo movimiento legal, la vicepresidenta Cristina Kirchner elevó un pedido formal ante la Corte Suprema de Justicia para que se le retire el dispositivo de monitoreo electrónico que debe portar como parte de las condiciones de su arresto domiciliario en el edificio de San José 1111. A través de un recurso extraordinario, la exmandataria cuestionó las restricciones impuestas y, al mismo tiempo, planteó la recusación de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumentando falta de imparcialidad en su caso.
El escrito presentado por su defensa sostiene que la tobillera representa una medida desproporcionada y carece de fundamento jurídico sólido, ya que la líder política no constituye un riesgo de fuga ni obstaculiza la investigación en su contra. Además, el equipo legal de Kirchner insistió en que las actuales condiciones de su detención vulneran garantías constitucionales, en un contexto donde la causa judicial que la involucra sigue generando controversias políticas y divisiones en la opinión pública.
La solicitud de recusación contra los tres ministros del alto tribunal añade otro capítulo de tensión institucional. Los letrados de la expresidenta alegan que los magistrados han exhibido un sesgo adverso en decisiones previas relacionadas con su situación procesal. Sin embargo, analistas jurídicos advierten que el planteo enfrenta escasas probabilidades de éxito, dado que la Corte suele ser reacia a aceptar este tipo de impugnaciones sin pruebas contundentes de parcialidad.
Mientras tanto, el entorno de Kirchner insiste en caracterizar su proceso judicial como una persecución política, una narrativa que ha calado en amplios sectores de su base de apoyo. Por otro lado, los sectores opositores consideran que la estrategia legal busca dilatar los plazos y evitar el avance de las causas en su contra.
La decisión de la Corte Suprema podría marcar un precedente significativo, no solo para el futuro jurídico de la vicepresidenta, sino también para el equilibrio de poderes en un escenario de alta polarización. Mientras el máximo tribunal evalúa el recurso, el debate sobre la independencia judicial y los derechos de los imputados en casos de corrupción vuelve a ocupar el centro de la escena pública.
