La estrategia económica oficial busca estabilizar el tipo de cambio y frenar los precios, pero genera costos crecientes para la actividad y el empleo. El FMI respalda el plan, aunque los analistas advierten sobre su insostenibilidad.
El Ejecutivo nacional ha centrado sus esfuerzos en mantener al dólar dentro de los márgenes establecidos y, de ser posible, alejado del límite superior de la flotación cambiaria. El objetivo es claro: evitar un rebrote inflacionario que perjudique las aspiraciones electorales del oficialismo en los comicios de octubre. Esta hoja de ruta, conocida como el «plan aguantar», prioriza el control de las variables financieras a cualquier costo, incluso si eso implica sacrificar el crecimiento y el poder adquisitivo de los trabajadores.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de Estados Unidos han manifestado su apoyo a las políticas del presidente Javier Milei. Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, y el embajador Peter Lamelas han expresado públicamente su respaldo al mandatario, reforzando la alianza estratégica en un contexto de alta volatilidad económica.
Reservas y tasas: un frágil equilibrio
Con el reciente desembolso de 2.000 millones de dólares por parte del FMI, el Banco Central cuenta con aproximadamente 20.000 millones en reservas líquidas para sostener el tipo de cambio hasta las elecciones. Esta inyección de divisas, sumada al aumento de los encajes bancarios y a las altísimas tasas de interés, logró aliviar temporalmente las tensiones en el mercado cambiario.
Sin embargo, especialistas de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) alertan sobre los riesgos del esquema. «Las tasas de interés exorbitantes no solo incrementan el costo financiero para el Estado, sino que también deprimen la actividad económica y lejos están de moderar las expectativas inflacionarias», señala un informe reciente.
Deuda y recesión: la otra cara de la moneda
El próximo miércoles, el Ministerio de Economía llevará a cabo una nueva licitación de deuda en pesos, en un contexto de creciente incertidumbre. Los vencimientos superan los 32 billones de pesos, con una porción significativa en manos del BCRA. Ante la desconfianza del mercado, las autoridades han optado por acortar los plazos y elevar aún más las tasas, pasando de un promedio de 95 días a fines de junio a apenas 40 días un mes después.
FIDE advierte que esta política profundiza la contracción económica. «El supuesto crecimiento del 6,1% en el primer semestre es un espejismo estadístico frente al desplome del año pasado. La actividad está virtualmente paralizada», subraya el documento.
Presión cambiaria y salarios en picada
A medida que se acerca octubre, los analistas anticipan una mayor demanda de dólares, tanto por precaución del sector privado como por el déficit en la cuenta corriente. «La presión sobre el tipo de cambio persistirá, y es probable que el Gobierno responda con más ajuste monetario y represión salarial», proyecta FIDE.
Los ingresos de los trabajadores ya muestran un deterioro alarmante. Según datos no oficiales, los salarios del sector privado perdieron un 6,7% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, mientras que en el sector público la caída supera el 19%. A esto se suma la destrucción de empleo: más de 160.000 puestos asalariados desaparecieron desde fines de 2023, con la industria y la construcción como los sectores más golpeados.
Un futuro incierto
Con el consumo en retroceso y la capacidad instalada subutilizada –en la industria ronda el 40%–, no hay motivos para esperar una reactivación a corto plazo. «El ajuste actual es el precio de llegar a octubre con cierta estabilidad, pero después de las elecciones, es probable un nuevo salto cambiario con efectos recesivos», concluye FIDE.
Mientras el oficialismo se aferra a su estrategia, la economía real paga las consecuencias, y los pronósticos para el próximo año son cada vez más sombríos.
