Organizaciones denuncian irregularidades en el proceso de auditoría y acusan al Ejecutivo de vulnerar derechos fundamentales. Adorni justificó el recorte como un «ahorro fiscal», mientras referentes del sector aseguran que se trata de un ataque sistemático a las personas con discapacidad.
El gobierno de Javier Milei profundizó su política de ajuste con un nuevo recorte que afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables: las personas con discapacidad. Este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la eliminación de más de 110 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, argumentando irregularidades en su otorgamiento durante gestiones anteriores y la necesidad de reducir el gasto público. La medida, calificada como «perversa» y «cruel» por organizaciones de derechos humanos, desató una ola de repudios y cuestionamientos hacia la administración libertaria.
«Son 110.522 pensiones que habían sido mal asignadas en gobiernos previos», declaró Adorni durante su conferencia de prensa habitual, responsabilizando al kirchnerismo por lo que describió como un «número estratosférico» de beneficiarios. Sin embargo, especialistas y activistas rechazaron estas afirmaciones, señalando que el proceso de revisión llevado a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) carece de transparencia y no cumple con los estándares legales.
Gabriela Troiano, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestionó duramente la decisión: «Se habla de pensiones ‘truchas’, pero el sistema de auditoría es el que resulta fraudulento. No se respetaron los procedimientos básicos de notificación ni se brindó asistencia a las personas afectadas». Además, denunció que las pruebas presentadas por el gobierno son inconsistentes: «Mostraron radiografías de expedientes inexistentes, y cuando se solicitó información mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, no hubo respuesta».
Troiano también recordó que Argentina ha sido interpelada en reiteradas ocasiones por el Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas sin ofrecer explicaciones claras. «Este gobierno desconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional. Volver a vincular discapacidad con incapacidad laboral es un retroceso gravísimo», afirmó.
Por su parte, Eduardo Maidana, referente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tildó de «mentiras groseras» los fundamentos del Ejecutivo. «Adorni mintió al decir que se aprobó una pensión con la radiografía de un perro. Ese caso nunca fue avalado, pero lo usan para justificar un ataque masivo», sostuvo. Maidana advirtió que el plan de recortes no es espontáneo: «En el presupuesto rechazado por el Congreso ya proyectaban eliminar 300 mil pensiones. Destinan fondos a especulación financiera mientras abandonan a los más necesitados».
El anuncio se produce apenas dos días después de que la Cámara de Diputados revirtiera el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un triunfo parcial para las organizaciones que luchan por preservar estos derechos. Sin embargo, la determinación de Milei —quien ha promovido lo que define como «el ajuste más grande de la historia»— evidencia una estrategia sistemática de desmantelamiento de las políticas sociales.
Mientras el oficialismo insiste en presentar las medidas como una «depuración necesaria», las críticas se multiplican. «No es austeridad, es crueldad», resumió Troiano, en un reclamo que parece resonar cada vez más fuerte en las calles y en los tribunales internacionales.
