La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo tachó de «ofensa imperdonable» la apropiación de la consigna histórica en una pancarta oficialista y acusó al Gobierno de carecer de moral.
La referente emblemática de los derechos humanos, Estela de Carlotto, no ocultó su indignación ante la decisión del presidente Javier Milei de emplear la frase «Kirchnerismo: Nunca Más» durante el lanzamiento de una campaña en la provincia de Buenos Aires. La polémica se desató porque la tipografía utilizada replicaba la del informe de la Conadep, el documento que expuso los crímenes de la última dictadura militar.
«Este Gobierno no tiene ética», afirmó Carlotto con dureza en una entrevista con Radio Splendid. «Demuestran una falta de creatividad absoluta al plagiar símbolos que representan la lucha contra el horror. Pero más grave aún es la intención de agredir y humillar. No podemos permitirlo», agregó. La líder de Abuelas advirtió que la administración libertaria busca «debilitar las conquistas sociales y dejar a la población en la intemperie».
Con tono combativo, Carlotto aseguró que, a diferencia de gestiones anteriores, el actual Ejecutivo actúa con «desprecio y crueldad premeditada». «No se conforman con recortar derechos; si pudieran, irían aún más lejos. Vivimos tiempos oscuros, donde la violencia verbal y el desprecio por la vida humana se normalizan», denunció.
La crítica no fue aislada. Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, también alzó su voz contra lo que calificó como una «trivialización grotesca de la memoria». «El ‘Nunca Más’ no es un eslogan vacío: es el pilar sobre el que se construyó la democracia. Pretender manipularlo para atacar a un sector político es un insulto a las víctimas del terrorismo de Estado», declaró a Radio Estación Sur.
Moreno defendió además el legado del kirchnerismo, al que atribuyó avances como el fin de la impunidad para los represores, la reestructuración de la deuda externa y políticas inclusivas que, según él, «transformaron la realidad de millones».
La controversia reavivó el debate sobre los límites de la confrontación política y el respeto a los símbolos vinculados al trauma colectivo. Para las organizaciones humanitarias, la acción oficial cruzó una línea roja: la memoria, insistieron, no puede ser un arma partidaria.
