La Casa Rosada presentó la medida como un avance hacia la “modernización logística” y la simplificación de trámites, pero especialistas advierten que sin inversión en infraestructura vial la decisión expone a trabajadores y conductores a mayores riesgos.
El Ejecutivo nacional oficializó este martes la circulación libre de camiones bitrenes en todas las rutas del país, sin limitaciones horarias y con la única excepción de aquellos tramos donde se detecten riesgos específicos para la seguridad vial. La Resolución 1196/2025, publicada en el Boletín Oficial, fue presentada como parte de un paquete de desregulación que, según el Gobierno, busca agilizar trámites y reducir costos para el transporte de cargas.
El discurso oficial se sostiene en la idea de que estos vehículos de gran porte, integrados por un camión tractor y dos remolques, ofrecen mayor capacidad de traslado —hasta un 75 por ciento más que un transporte convencional— y permiten ahorrar combustible al reducir la cantidad de viajes, disminuyendo también las emisiones. Para la Secretaría de Transporte, se trata de un paso hacia la “modernización” del sistema logístico y un instrumento para dotar de mayor competitividad al comercio.
Hasta ahora, la circulación de bitrenes estaba restringida a una cuarta parte de las rutas nacionales y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el porcentaje autorizado apenas alcanzaba al 11 por ciento. Con la nueva resolución, esas limitaciones desaparecen y la habilitación se extiende a todo el territorio nacional.
El contraste surge al observar la realidad de la infraestructura vial. Aunque el Gobierno insiste en que la medida generará eficiencia, la situación de gran parte de las rutas argentinas revela otro panorama: calzadas con baches, banquinas deterioradas y una ausencia casi total de inversión pública en mantenimiento. La decisión, en consecuencia, abre la posibilidad de que vehículos de hasta 30 metros de largo y 75 toneladas de peso transiten por caminos que ni siquiera resisten el flujo de transporte tradicional.
La apuesta por la desregulación no contempla, según advierten técnicos y especialistas, las condiciones de seguridad. Informes elaborados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante la gestión anterior ubican a las maniobras bruscas como la segunda causa de siniestros en rutas, con un 38,6 por ciento de incidencia. El propio estudio detalla que muchas de esas maniobras derivan de calzadas en mal estado y recomienda de manera explícita reacondicionar tramos con baches, desniveles o irregularidades que afectan la estabilidad de los vehículos.
El panorama genera inquietud tanto en el sector del transporte como en productores y ciudadanos que dependen de las rutas nacionales. La promesa de competitividad y ahorro económico aparece enfrentada a un escenario donde los riesgos de accidentes pueden multiplicarse. Para los gremios de camioneros y para quienes deben compartir la ruta con estos gigantes del asfalto, la medida podría traducirse en más incertidumbre que en beneficios reales.
El debate, en definitiva, no se limita a una cuestión técnica. La decisión del Gobierno abre una discusión más profunda sobre las prioridades de la política pública: la apuesta por la eficiencia inmediata en el comercio frente a la necesidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad en las carreteras. En un país donde las rutas deterioradas se han vuelto paisaje habitual, el anuncio sobre los bitrenes despierta más interrogantes que certezas.
