Audios filtrados del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, revelan conversaciones explosivas sobre supuestos aportes exigidos a farmacéuticas y mencionan a la hermana del Presidente y a Martín Menem. La sombra de la corrupción vuelve a proyectarse sobre la gestión, contradiciendo su discurso de lucha contra «la casta».
Un Nuevo Escándalo Sacude los Cimientos del Gobierno de Milei
Una gravísima denuncia por presuntos actos de corrupción estalla en el corazón del Poder Ejecutivo, poniendo en tela de juicio el pilar fundamental del discurso oficial. La fuente del terremoto político son una serie de audios, atribuidos al alto funcionario Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fueron difundidos en el programa “Data Clave”.
En las grabaciones, la voz que se identifica con Spagnuolo confirmaría de manera explícita la existencia de un sistema de aportes o contribuciones que se les exigirían a empresas farmacéuticas como condición indispensable para asegurar contratos de provisión con el Estado nacional. El mecanismo, ilegal y delictivo, representa la práctica de “coimear” que el propio Presidente aseguró erradicar.
La gravedad de los hechos se profundiza con la mención de nombres de alto perfil dentro del entorno presidencial. En uno de los fragmentos sonoros, el funcionario relata un diálogo con el mandatario Javier Milei, expresando su frustración: “¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?”. Inmediatamente después, agrega una frase que resuena con fuerza: “Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?”. La desesperación parece apoderarse de él en otro audio donde se lo escucha decir: “Javi, qué hago”.
Pero la revelación más explosiva apunta directamente al círculo íntimo del Presidente. Spagnuolo, en la conversación, señalaría sin ambages que de estos supuestos negocios ilícitos, Karina Milei —hermana y secretaria general de la Presidencia— y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín “Lule” Menem, se llevarían “de medio palo para arriba de medicamentos por mes”.
Este escándalo no surge en un vacío, sino que encuentra un ominoso antecedente. Hace un año, una investigación del periodista Tomás Méndez en “Telenueve Investiga” había develado que la ANDIS, bajo la dirección de Spagnuolo, destinó la astronómica suma de casi 30 mil millones de pesos para adquirir productos medicinales a una droguería vinculada precisamente a Martín Menem. La investigación por una presunta maniobra de corrupción que conmocionó al Gobierno indicó que el organismo compró más de 27 mil millones en productos a una empresa que comercializa artículos de una compañía de suplementos dietarios fundada por el propio Menem.
El Perfil de un Operador Polémico
La figura de Diego Spagnuolo siempre generó escozor en el sector de la discapacidad. Arribó a la cúpula de la ANDIS en enero de 2024 sin poseer trayectoria alguna ni experiencia reconocida en la materia. Su historial en la administración pública era escaso y se remitía a un paso como asesor de Carlos Kambourian —médico procesado por malversación en el Hospital Garrahan— en la secretaría de Salud del municipio de Pilar durante la gestión de Carlos Ducoté, un dato que lo vinculaba a un sector muy particular de la “casta” que dice combatir.
Para las organizaciones de la sociedad civil, su nombramiento fue un misterio hasta que se descubrió el vínculo que explica su desembarco: Spagnuolo fue el abogado personal de Javier Milei en múltiples causas judiciales antes de asumir la presidencia.
Una vez en el cargo, su gestión se caracterizó por medidas drásticas y ampliamente cuestionadas. Inició su mandato con el despido de más de 200 trabajadores del organismo. Posteriormente, lanzó una costosa y agresiva auditoría sobre las pensiones por invalidez, método denunciado ante la ONU por su trato violento y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Como resultado de esta política, en lo que va del año la ANDIS ha dado de baja más de 100 mil pensiones.
El colmo de la polémica llegó con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que empleaba terminología ofensiva y peyorativa, como “idiotas” y “mogólicos”, para referirse al colectivo de personas con discapacidad, lo que provocó un repudio generalizado y una nueva mancha en la gestión del organismo.
Ahora, con la filtración de estos audios, el escándalo trasciende la mala gestión y se adentra en el pantanoso terreno de la presunta corrupción, dejando al descubierto una trama de posibles coimas y negociados que involucraría a las más altas esferas del poder, desafiando la promesa central de un gobierno que se jacta de su intransigencia moral.
