Con mayorías aplastantes, la Cámara alta rechazó el paquete de decretos de desregulación, consagró leyes clave y dejó al descubierto el aislamiento político del Gobierno, que solo contó con un puñado de votos. Fuera del recinto, Prefectura reprimió a manifestantes.
El Gobierno nacional sufrió este jueves una de sus derrotas legislativas más contundentes desde el inicio de la gestión. El Senado de la Nación, en una sesión maratónica y de alto voltaje político, asestó un golpe definitivo al corazón del plan de ajuste y reforma del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, dejando al oficialismo en una situación de extrema fragilidad parlamentaria.
La Cámara alta no solo convirtió en ley, por segunda vez consecutiva, el financiamiento universitario con una cifra de 58 votos afirmativos que la blinda de un nuevo veto presidencial, sino que también sancionó la Ley de Emergencia en Pediatría para proteger al Hospital Garrahan. El revés más significativo, sin embargo, fue el rechazo categórico y con amplias mayorías de cuatro decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que constituían pilares fundamentales de la estrategia de desregulación y achicamiento estatal. La sesión se desarrolló en un clima de tensión, marcado por enérgicos debates y la represión de Prefectura a trabajadores de los organismos afectados que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso.
El inicio de la jornada estuvo signado por la derogación de los decretos redactados por Federico Sturzenegger. Cada uno de ellos, destinados a intervenir y reestructurar organismos autárquicos, fue objeto de un rechazo abrumador. El decreto que reorganizaba el INTI y el INTA fue tumbado por 60 votos en contra. La misma abultada mayoría sepultó el que disolvía Vialidad y la Agencia de Seguridad Vial, una medida fuertemente cuestionada por su falta de especificidad y que ya enfrentaba un amparo judicial. También cayó el decreto que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos, una medida que la oposición tildó de “complicidad con la impunidad” al entorpecer la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura. El cuarto decreto, que facultaba al Ejecutivo a intervenir en organismos culturales clave, corrió la misma suerte.
El aislamiento del oficialismo fue casi total. Su bancada votó prácticamente en soledad, contando únicamente con el esporádico apoyo de un puñado de senadores del PRO, la radical Carolina Losada y el expulsado libertario Francisco Paoltroni. La derrota se profundizó con la sanción de la Ley de Emergencia en Pediatría, que declara la crisis sanitaria en el área por un año, garantiza financiamiento, mejora salarios y consolida al Garrahan como centro de referencia nacional. El debate sobre esta norma estuvo cargado de emotividad, con senadores de distintos espacios defendiendo la crucial función del hospital, en contraste con las polémicas declaraciones de una legisladora oficialista que días atrás había puesto en duda el derecho de los niños a ser atendidos allí.
Mientras en el recinto se vivían estos cruces, el presidente Milei arremetió desde las redes sociales, acusando al Congreso de estar “secuestrado por el kirchnerismo” y de tener “como objetivo la quiebra del país”. Sus palabras, lejos de amedrentar, encontraron una respuesta inmediata y furibunda desde el propio hemiciclo. El senador José Mayans le respondió de manera directa: “Es un mentiroso”, refutando las acusaciones del Presidente sobre los sueldos de los legisladores y atribuyendo la estrategia a un intento de desviar la atención de la “estrepitosa derrota” que sufría su gobierno.
Esta jornada histórica, que se produce apenas 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara por primera vez un veto presidencial, expone de manera cruda la pérdida de apoyos del oficialismo y sienta un precedente crucial. El Congreso, con una fuerza inusual, ha reafirmado su rol de contrapeso al Poder Ejecutivo, obligando al Gobierno a dar marcha atrás en su plan de ajuste sobre pilares fundamentales de la ciencia, la cultura, la industria y la justicia, marcando un punto de inflexión en la relación entre los poderes del Estado.
