El sector industrial reporta un clima de angustia y paralización generalizada. Con miles de puestos de trabajo evaporados y fábricas cerrando, los empresarios advierten sobre un empeoramiento de la crisis tras las elecciones, impulsado por la expectativa de una nueva devaluación y una guerra de precios por liquidar stocks invendibles.
El panorama productivo argentino se encuentra sumido en una profunda parálisis, teñida de despidos masivos y un consumo que no logra encontrar piso. La advertencia surge con crudeza desde la voz de Horacio Moschetto, secretario de la Cámara de la Industria del Calzado, quien describe una realidad desoladora: «Se han perdido 15 mil puestos de trabajo sobre 70 mil. Cerraron fábricas de 500 trabajadores o más. La actividad está muy paralizada. El consumo está muy caído. Pero lo que más nos preocupa es lo que viene».
Este temor a un agravamiento de la situación económica una vez pasados los comicios de octubre gana terreno de manera firme en el universo empresarial. La mayoría de los actores da por sentado que el Gobierno instrumentará un nuevo ajuste cambiario, de magnitud e intensidad variables según el resultado electoral, pero casi inevitable ante la urgencia de cerrar el déficit externo y acumular reservas en el Banco Central para esquivar una reestructuración de la deuda en 2026. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, desmiente categóricamente estas especulaciones, que ubican al dólar en una banda entre los 1600 y los 2000 pesos a partir de noviembre, su continuidad al frente de la cartera también es puesta en duda, alimentando un clima de absoluta incertidumbre.
Este escenario de desconfianza se refleja con claridad en las tasas de interés, que se han disparado a niveles estratosféricos. Una consecuencia directa de este fenómeno es el preocupante incremento de la morosidad. El Banco Central informó que en junio la cartera de créditos personales en situación irregular alcanzó un 6,4%, el nivel más alto desde 2008, y se espera que este indicador empeore tras las últimas subas. Para las compañías, la situación es demoledora: la tasa para los adelantos en cuenta corriente pasó de un 30,4% en junio a un 82,3% esta semana. «A muchos esta situación los saca de la cancha», se alarma Moschetto.
El sector del calzado es un ejemplo emblemático de la debacle. Tras una producción de 120 millones de pares en 2023, que cayó a 100 millones en 2024, las proyecciones para este año oscilan entre los 80 millones en un escenario optimista y los 70 millones en uno pesimista. Grandes firmas han cerrado plantas o se han reducido a su mínima expresión, con miles de despidos en localidades como Chivilcoy, Coronel Suárez, Eldorado y Tucumán. Empresas medianas y pequeñas enfrentan una realidad igual o más dramática, con desvinculaciones y suspensiones que se repiten semanalmente.
Detrás de esta crisis se esconden dos motores principales. El primero es el colapso del consumo interno, que genera un «grave problema de sobrestock» con más mercadería de la que el mercado puede absorber. El segundo, y que preocupa especialmente por ser una política de Estado, es el alza explosiva de las importaciones, que crecieron un 150% en el primer semestre, ya sea por vías tradicionales, compras puerta a puerta en plataformas o contrabando.
Lejos de la «fiesta de producción y consumo» y la «recuperación en V» prometida por el relato oficial, la economía permanece estancada. Los datos del Indec y las proyecciones de consultoras privadas son cada vez más sombrías, anticipando números negativos para julio y agosto por el impacto de las altas tasas y la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios. «No es que las ventas están estancadas, siguen cayendo», remarca el directivo industrial.
La angustia y la incertidumbre sobre el futuro inmediato son la moneda corriente. La única certeza que parece consolidarse es el miedo a que lo peor todavía está por venir, en un camino cuesta arriba donde equilibrar la situación demandará, según todos los indicios, un largo y doloroso trecho.
