Rectores de todo el país acordaron un plan de lucha en respuesta al posible rechazo del Ejecutivo a la Ley de Financiamiento. Exigen la inmediata asignación de un presupuesto para 2026 que garantice el funcionamiento del sistema educativo superior.
Con un mensaje claro y contundente dirigido a la Casa Rosada, concluyó el 94º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Bajo la premisa unánime de “si hay veto, hay marcha”, los máximos representantes de las casas de estudio públicas de la Argentina delinearon una estrategia de acción frente al inminente rechazo que el presidente Javier Milei podría realizar sobre la ley que asegura los recursos económicos para el sector.
El ambiente en la reunión celebrada en la ciudad de Rosario fue de profunda preocupación, teñido por la urgencia de una situación que los rectores califican de extrema gravedad. El eje de la discusión no solo se centró en la posibilidad concreta de que el primer mandatario decida obstruir la normativa recientemente sancionada por el Congreso, sino también en la apremiante necesidad de que el Estado nacional apruebe y asigne una partida presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal.
Al respecto, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, lanzó una advertencia solemne: “Si para el año que viene no tenemos presupuesto, las universidades vamos a estar en una situación realmente límite”. Esta declaración sintetiza el sentir general de un sistema que se considera al borde de una crisis operativa sin precedentes, subrayando el carácter crítico del financiamiento para el mantenimiento de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
Frente a este escenario, las autoridades educativas no se limitarán a una espera pasiva. El plan de acción consensuado incluye, como medida inicial, una gran movilización a nivel nacional que se activará de manera inmediata en caso de que se concrete el veto presidencial. Esta demostración de fuerza busca ejercer presión sobre el oficialismo para que dé marcha atrás con su decisión y priorice la educación pública.
Paralelamente, se impulsará una estrategia legislativa para intentar conseguir el apoyo necesario y lograr una eventual insistencia con la ley en el recinto, lo que requería superar una mayoría calificada. En este punto, existe un dato que alimenta una cautelosa expectativa dentro del ámbito académico: la ausencia de la legisladora del PRO Gisela Scaglia durante la votación, un hecho que es interpretado como una posible ventana de oportunidad para conquistar el respaldo de algún votante clave del bloque oficialista y así allanar el camino para la ratificación de la normativa.
El plenario del CIN dejó en evidencia la firme determinación del conjunto de rectores para defender el financiamiento universitario, marcando una nueva instancia de conflicto entre el Poder Ejecutivo y un sector vital para el desarrollo del país. El próximo movimiento del gobierno nacional definirá el rumbo de una pulseada que tiene en juego el futuro de la educación superior pública argentina.
